Ley de vivienda: estas son las medidas que deciden las Comunidades Autónomas

La aprobación de la Ley de Vivienda por parte del Gobierno, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha cambiado el panorama para inquilinos y propietarios. Esta nueva normativa busca aliviar las dificultades de acceso a la vivienda para los colectivos más vulnerables mediante la limitación del precio del alquiler y el fomento de las viviendas públicas.

Este pasado miércoles, el Senado aprobó definitivamente el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, lo que significa que la norma está lista para ser implementada una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pocos días de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el Gobierno logra aprobar una de las leyes más importantes de la legislatura, después de meses de negociaciones intensas tanto dentro del propio Gobierno de coalición como con los grupos parlamentarios.

La Ley de Vivienda incluye medidas para regular el impago de alquileres por parte de inquilinos y protege a las personas vulnerables ante un posible desalojo. Esta nueva normativa modifica la Ley 1/2000 del 7 de enero y tiene como objetivo principal garantizar los derechos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Además, el Gobierno también establecerá normas para regular los desalojos, proporcionar asistencia para acceder a viviendas sociales y asequibles, y crear un conjunto de viviendas públicas asequibles.

Medidas que deciden las CCAA de la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda incluye una serie de medidas que se centran en la identificación de zonas con una alta demanda de viviendas, lo que lleva a la famosa denominación de zona tensionada. Las autoridades competentes en materia de vivienda podrán declarar estas zonas "a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, estableciéndose unas reglas procedimentales para su declaración a los efectos de la legislación estatal".

Declaración de zona residencial tensionada

Antes de declarar una zona tensionada, será necesario llevar a cabo un proceso de recopilación de información sobre el mercado residencial en la zona, tanto en términos de venta como de alquiler. Así, se evalúa el esfuerzo económico que los hogares deben hacer para conseguir una vivienda. Además, se debe llevar a cabo un proceso de información que será de carácter público que justifique la necesidad de un plan específico que proponga medidas para corregir los desequilibrios en el suministro insuficiente de viviendas para la población residente. Por último, se debe elaborar una memoria que incluya la identificación de los riesgos especiales asociados con la formación de nuevos hogares.

En caso de que se declare zonas tensionadas, los contratos existentes mantendrán los límites generales de aumento, que serán del 2% en 2023, del 3% en 2024 y, a partir de 2025, se aplicará un nuevo índice de referencia para el alquiler.

Antes del 31 de diciembre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) establecerá un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. Este índice se utilizará como límite a efectos del artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar un aumento excesivo en la renta de los contratos de arrendamiento.