El banco privado suizo Julius Baer ha sido el último en manifestar su inquietud sobre el nuevo escenario abierto en España tras la materialización del Gobierno de coalición de las izquierdas. "Prevemos que el crecimiento se desacelere y que el déficit presupuestario se incremente. Recomendamos evitar los bonos a largo plazo del Gobierno de España". Antes, aunque con un tono algo más contenido, ya lo habían hecho también en los últimos días las agencias de calificación S&P y Moody's o el banco de inversión JP Morgan. "España ya está 'bajo vigilancia", aseguran fuentes del mercado, "y lo va a estar de manera muy especial hasta mediados del próximo mes de marzo para cuando se espera la primera revisión de la calificación crediticia de la deuda".
Las fuentes del mercado consultadas por La Información admiten que el mundo del dinero ha entrado en modo 'esperar y ver' con España. "No nos consta que nadie se haya replanteado sus inversiones en España ni mucho menos, pero sí es cierto que hay una cierta expectativa por conocer cuáles son los primeros pasos que da el Gobierno y éstos marcarán la predisposición de los inversores sobre el país en los próximos meses. Eso es seguro". "No se puede decir que los buitres estén sobrevolando España", asegura un economista, muy conectado con el sentimiento del mercado, "pero sí se han apostado en el balcón para ver qué ocurre en las próximas semanas".
En todos los informes sobre España evacuados por los actores del mercado en los últimos días se adivina un mismo hilo conductor: la incertidumbre sobre el tono de la política económica del nuevo Gobierno y, más en concreto, como subrayaba Julius Baer, el vigor de su compromiso con la consolidación fiscal de las cuentas públicas. La nota publicada hace unos días por la agencia S&P para valorar los posibles efectos del alumbramiento del nuevo Gobierno en España incidía también en este punto y auguraba problemas con Europa por la aprobación de los futuros presupuestos: "La Comisión Europea ha pedido que España recorte los incrementos previstos en el gasto primario y se comprometa con una mayor reducción de su déficit estructural. Todos los miembros de la coalición de Gobierno, sin embargo, están a favor de incrementar el gasto social y de subir los impuestos. Abordar los desafíos económicos de España requiere unas políticas decididas y retrasarlos podría afectar a su desempeño económico en el corto y en el medio plazo".
El mensaje de la única agencia de calificación que se atrevió a elevar el rating de España el pasado año 2019 pese a la persistente situación de incertidumbre política en el país suena claro y apunta de nuevo a la incertidumbre sobre el tono de la política fiscal del futuro Gobierno. S&P es, además, una de las agencias, junto a la canadiense DRBS, que revisará la calificación crediticia del Reino de España el próximo mes de marzo.
Hace apenas unos días, en la presentación de la Estrategia del Tesoro para el año 2020, el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, subrayaba que los inversores se fijan más en la evolución de los indicadores macro de la economía que en las políticas específicas que un gobierno determinado pudiera poner en marcha. Lo hizo para rechazar un eventual castigo del mercado a España por el sesgo ideológico del nuevo Gobierno, pero también puso sobre la mesa la especial atención que los inversores prestan a los grandes cifras macro. Y entre ellas, en el caso español, destacan el paro, la deuda y el déficit público.
El Gobierno quiere negociar otra vez el déficit con Bruselas
Las noticias que les llegan desde España a los inversores no son particularmente alentadoras. Con el Gobierno ya configurado, la ministra de Hacienda y flamante nueva portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, aprovechó el acto de su confirmación como titular de Hacienda para revelar que una de las primeras cosas que hará el Ejecutivo es irse a Bruselas a intentar renegociar la senda de reducción del déficit. El Ejecutivo pretende, como ya deslizó en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión el pasado mes de octubre, conseguir el 'ok' de Bruselas para disponer de un mayor margen de déficit respecto al inicialmente previsto: de unos 7.000 millones de euros extra.
La negociación no será fácil. Hay que recordar que la senda de reducción del déficit oficial -la que en su día pactó la Comisión con el Gobierno de Mariano Rajoy- prevé un desequilibrio de apenas un 0,5% del PIB en 2020 y que Europa ya transigió con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez admitiendo tácitamente, en julio de 2018, una nueva 'senda B' que permitía al Gobierno un margen extra hasta el 1,1% del PIB. Lo que pretende ahora el Ejecutivo es estirar ese colchón extra hasta el 1,7% del PIB, alrededor de 15.000 millones de euros de desequilibrio más de lo que marca la senda oficial.
La pretensión del Gobierno Sánchez se ve complicada por un elemento adicional. Nadia Calviño aseguró a las autoridades europeas que España cumpliría en 2019 el techo de déficit del 2% del PIB al que se comprometió en el verano de 2018. Con el ejercicio ya cerrado y en espera de la primera aproximación de cierre presupuestario que se conocerá en algo más de un mes, todo apunta a que el déficit podría situarse como poco en el entorno del 2,5% del PIB, 6.000 millones de euros por encima de lo previsto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios