La cuenta atrás para presentar el plan de contingencia energético anunciado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comenzado. En cuatro días se acabará el plazo que se fijó la propia ministra para hacer público el conjunto de medidas que Bruselas exigió a los estados miembros para lograr un recorte en el consumo de gas. Una realidad que ha disparado el escepticismo sobre si, al final, dicha fecha se cumplirá. Los días siguen pasando y el Ministerio mantiene su silencio.
Así, la ministra afirmó el pasado 1 de agosto que "el próximo mes de septiembre presentaremos el plan de contingencia y ahorro en el que se incluirán muchas medidas con las que queremos reforzar tres ejes: ahorro, eficiencia y medidas adicionales de solidaridad con nuestros socios europeos". Casi dos meses después, y tras decenas de reuniones de la ministra con los actores involucrados, uno de los hombres fuerte del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia Felix Bolaños aseguró que "no quiero comprometer ninguna fecha, pero sí puedo decir que lo estamos ultimando para que pueda estar aprobado pronto".
Un escenario que nubla las posibilidades de liderar la respuesta europea en este plan inédito en la Unión. Pese al compromiso que se marcó la ministra, parece que tanto Ribera como el resto del Ejecutivo trabajan sin presión ya que aún tienen un mes para presentar dicho plan como así se sostiene en el artículo 7 de Reglamento del Consejo sobre medidas de reducción de la demanda de gas. "La autoridad competente de cada Estado miembro actualizará su plan nacional de emergencia establecido de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2017/1938 a más tardar el 31 de octubre de 2022, para reflejar las medidas voluntarias de reducción de la demanda".
El plan, de momento, no se ha presentado, pero sí se han esbozado algunas líneas de actuación y algunos primeros paquetes de medidas. De hecho, el mismo día en el que se anunció septiembre como el mes límite para hacer oficial el plan de contingencia, se adelantaron tres grandes medidas: limitar la temperatura en hoteles, centros comerciales y grandes edificios, acabar con la iluminación en los escaparates y grandes edificios e instar a crear un sistema de cierre de puertas en los locales cuando esté en funcionamiento el aire acondicionado o la calefacción. Una decisión que puso en pie de guerra a la hostelería.
A principios de septiembre fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien quiso añadir una medida en este plan de ahorro. Desde la tribuna del Senado, afirmó que se extendería el tope al precio del gas a las grandes industrias de cogeneración. A partir de entonces, las reuniones no han cesado: desde la patronal de la electrointensiva a la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), pasando por el primer partido de la oposición. En cada cita, Ribera ha recibido una cascada de demandas para incluir en el futuro plan de contingencia.
La ministra busca el mayor consenso posible. No quiere que le ocurra como en su primer paquete de medidas. Una batería de propuestas de obligado cumplimiento que hoy se encuentra frente a un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid por "invasión de competencias en sanidad, comercio y turismo". Al mismo tiempo, Ribera busca evitar el menor daño posible a ciertos sectores clave en la economía... y que durante estas últimas semanas han mostrado su preocupación. De momento, la ministra sigue buscando un complejo equilibrio para contentar a comunidades autónomas, sectores económicos... y, además, tratar de cumplir con los criterios que pide Europa.
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