La menor oferta disparará los precios

El límite al alquiler llega a la prórroga con el sector inmobiliario en ebullición

Los propietarios estudian emprender acciones legales contra el Gobierno por la renovación de esta medida dentro del nuevo paquete anticrisis que les supondrá una pérdidas de ingresos de hasta 1.000 millones. 

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Agencia EFE

El Gobierno extenderá más allá del 30 de junio la norma que impide subir más del 2% el precio de los alquileres en España. Se trata de una de las medidas ‘estrella’ que integran el plan anticrisis, lanzado el pasado mes de abril, con el que se pretende mitigar el impacto de la inflación en la renta que desembolsan los inquilinos. Visión que no comparten desde la parte de los caseros, muy críticos con la norma, por el freno que supone para los caseros ahora que habían empezado a levantar cabeza tras el freno de la pandemia, con el mercado inmobiliario que arde.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio, los propietarios que hayan renovado los contratos habrán perdido 560 millones de euros en ingresos, según las estimaciones de Idealista. Para la elaboración de este cálculo, el portal inmobiliario ha estimado la diferencia entre el importe que se hubiera registrado en marzo, cuando la inflación alcanzó su pico histórico hasta el 9,8%, y lo que se ha incrementado durante ese periodo con el citado umbral del 2%. A esta cifra hay que sumarle otros 479 millones derivados de su extensión hasta septiembre. Sin embargo, dado que se decreto se alargará hasta diciembre de 2022, el impacto negativo para los caseros ascenderá a más de 1.000 millones. 

A modo de ejemplo, el precio mediano de arrendar un piso de dos dormitorios en junio asciende a 680 euros en España. Si la renta se actualiza un 2%, con el límite impuesto desde Moncloa, su coste aumentará hasta los 694 euros, frente a los 739 euros que correspondería de no existir la norma. El Ejecutivo aprobó una excepción temporal de la norma sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), para vincular la subida de los alquileres con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) y no puede ser superior al 2% aunque esta tasa crezca a mayor ritmo ni tampoco negativo. Esta es una letra pequeña considerable, porque el IGC de abril (último dato disponible) experimentó un ascenso del 4,05%.

Este tope se aplica tanto para grandes tenedores (más de diez viviendas) como para particulares, con la diferencia de que en el caso de los pequeños propietarios prevalecerá lo pactado entre ambas partes y el forzoso 2% si no hay acuerdo. De los 3,5 millones de viviendas en alquiler que hay en España, se espera que esta medida solo afectará a la mitad de los contratos (1,7 millones), especialmente a particulares, que representan casi la práctica totalidad de los ‘players’ del sector.

Tras un trimestre en vigor, marcado por las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, con la escalada de precios como protagonista, los propietarios ya estudian acciones legales contra Moncloa para exigir compensaciones al Estado por la renovación del decreto antiguerra a través de Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas del Alquiler. Desde la organización ponen en entredicho su eficiencia, al considerar que en realidad la medida se limita a trasladar de forma "injustificada" el problema de la vivienda a los dueños de la vivienda "sin recibir ningún tipo de compensación". En este sentido, el director de Real Estate de Intrum España y director de negocio de Solvia, Ernesto Ferrer-Bonsoms, advierte que "la intervención del Gobierno" sobre los contratos ya firmados puede provocar inseguridad en el valor de la vivienda como inversión, llevando a estos pequeños propietarios a retirar sus viviendas del mercado y reduciendo todavía más el número de inmuebles disponibles. 

Desde Solvia coinciden con otros agentes del sector como Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, en que su prolongación repercutirá en la reducción del parqué disponible. A este respecto, San Sebastián, Barcelona, Madrid y Bilbao son las zonas en las que más han notado los efectos los arrendadores. Se trata de cuatro regiones especialmente tensionadas en las que la oferta no es capaz de absorber toda la demanda existente en el momento actual, por lo que de cumplirse los pronósticos, pueden añadir más presión a un mercado que despunta con fuerza.

Con el precio del metro cuadrado en una horquilla de entre 10-11 euros, desde Solvia avisan de que las rentas de las viviendas que salen al mercado para alquilar, que no se ven afectadas por el decreto del Gobierno, podrían experimentar un repunte de entre el 3% y el 5% motivado, precisamente, por la contracción de 'stock' que provocará la futura Ley de vivienda. Por su parte, desde Fotocasa señalan que la oferta disponible se ha reducido de forma 'importante' en los últimos meses y esto explica por qué en CCAA como Valencia, Islas Canarias, Murcia o Castilla-La Mancha registran rebotes a doble dígito.

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