"Llevo tres años apuntado en el paro y no me han llamado para hacer ningún cursillo ni, por supuesto, me han ofrecido empleo alguno. Esto es una inutilidad". Francisco tiene 44 años, es albañil y hace ya muchos meses que dejó de percibir la prestación por desempleo. Aún así acude cada tres meses a la oficina de la calle Canillas, 104 para renovar su demanda de trabajo, pero "he perdido toda la esperanza. Las tan cacareadas políticas activas de empleo de las que hablan continuamente los políticos no valen para nada. A mi caso me remito. Mi mujer sí tiene trabajo y de esos vivimos… Y aunque sé que no está bien, también de las chapuzas que hago yo y cobro en B. Es lo que queda".
La Comisión Europea, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) e incluso el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), en un reciente informe, han puesto en solfa la eficacia y utilidad de las políticas activas de empleo que llevan a cabo las administraciones públicas españolas. UGT asegura en su informe que las políticas activas de empleo en España no mejoran las oportunidades de empleo de los parados y presentan grandes deficiencias con respecto a otros países donde son mucho más eficaces.
Algo en lo que coincide con Bruselas, que critica al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por su casi nula capacidad de colocación de los parados es prácticamente residual, que cuantifica en el 3%, una de las más bajas tasas de la UE y muy lejos de otros países en los que la empleabilidad de sus oficinas de empleo es superior al 80%, como sucede en los Países Bajos o Alemania. La Comisión Europea censura incluso la 'descoordinación' entre las administraciones de las que dependen los servicios públicos de empleo. La crítica de la Airef es incluso más demoledora y carga con dureza contra el Plan Prepara, que entró en vigor en 2012 y estaba destinado a los parados de larga duración. Han participado en él 853.000 parados, ha costado unos 1.432 millones de euros entre los años 2012 y 2017 y según el organismo independiente "no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral".
El fracaso de las políticas activas de empleo para servir de puente entre los trabajadores parados demandantes de empleo y las necesidades laborales de las empresa que necesitan incorporar trabajadores es un hecho objetivo, y en esto incide Bruselas, que asegura que no parece que sea debido a la escasez de recursos sino a la mala utilización de los mismos. El presupuesto del Sepe -el antiguo INEM- ronda los 25.000 millones anuales, la mayor parte dedicados a pagar las prestaciones por paro, pero las políticas activas de empleo se llevan entre 6.000 y 6.500 millones anuales. Hay en todo el territorio 709 oficinas de empleo que cuestan a las arcas públicas 251 millones anuales. Así las cosas, de los 3.079.491 parados inscritos en España en las oficinas españolas de empleo en este mes de mayo de 2019 apenas 90.000 de ellos, como mucho, encontrarán un empleo a través de estas oficinas públicas.
La Información ha logrado contactar con una de las 'afortunadas' personas que sí han podido encontrar trabajo a través de los servicios públicos, aunque en este caso, tampoco es oro todo lo que reluce. Ana Francesc tiene 28 años y es licenciada en Filología Hispánica, "trabajaba en una teleoperadora y al cabo de tres meses me quedé en el paro. Me apunté en el Inem y en poco más de un mes pude hacer un cursillo sobre informática y me llegó una oferta de empleo de una multinacional también trabajando como teleoperadora. Lamentablemente, el trabajo, por el que apenas me pagaban 750 euros al mes me duró unos 40 días. Volví a las listas del paro, pero pasaron los meses y nada. Así que al final tuve suerte y me pude colocar en la empresa de logística de unos conocidos de mis padres, donde sigo. Así son las cosas en este país".
Ni los trabajadores en paro confían lograr un empleo a través del SEPE ni las empresas conseguir trabajadores para cubrir sus necesidades. Y es que según un informe de Asempleo, siete de cada 10 empresas no usan ya los servicios públicos para cubrir sus ofertas de empleo. Josu es gerente de una industria siderúrgica de la comarca guipuzcoana del Goiherri y reconoce que no usa servicios públicos de empleo para contratar trabajadores. "Es un procedimiento lento y muy burocrático, así que cuando necesitamos contratar a alguien lanzamos nosotros mismos nuestras propias ofertas por nuestros medios o tiramos que los curriculums que nos envían a la empresa las personas interesadas en trabajar aquí", zanja.
Ignacio Martín, de 51 años, y con un título universitario, se quedó en el paro en septiembre de 2016 tras ser despedido de su empresa. Llevaba más de 27 años trabajando, la mayoría de ellos como autónomo, por lo que apenas tenía derecho a la prestación. "De cualquier manera, me apunté al paro como requisito previo para cobrar los pocos meses de prestación a los que tenía derecho y cuando acabó la misma dejé de renovar la demanda de empleo. ¿Para qué? Si en ocho meses nadie me llamó para hacer un curso de capacitación, ni para orientarme en la búsqueda de empleo ni muchos menos para ofrecerme un puesto de trabajo… Al final tuve que hacerme autónomo otra vez porque en este país el autoempleo es lo único que parece funcionar. Ahora, para completar mis ingreso me voy a apuntar a una ETT para tratar de hacer extras en hotelería los fines de semana. Espero que funcionen mejor que los servicios públicos".
Ignacio, tras no renovar su demanda de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid sufrió además otro problema que supuso una sorpresa desagradable para él: los parados no tienen asistencia universal gratuita los 365 días del año y solo tienen cubiertos 90 días al año de prestación sanitaria. "Apúntate como beneficiario de un familiar o de alguien que viva contigo, me dijeron en la Seguridad Social". Y es que los expertos en derecho del trabajo aconsejan que los parados estén apuntados en los servicios públicos de empleo, aunque las posibilidades de encontrar trabajo sean remotas para, entre otras cosas, no perder antigüedad a la hora de solicitar la renta de básica de 420 euros, poder jubilarte en tiempo y hora, poder recibir la baja en caso de enfermedad o no perder las prestaciones sanitarias
Clara Isabel tiene una edad parecida a la de Ignacio, ha rebasado los 50. Y aunque ahora tiene un trabajo fijo y estable, también "he sufrido la inoperancia de los servicios públicos de empleo cuando he estado en el paro. Sí he hecho cursillos, de informática, de dinamización local… Pero no te valen para nada. No te dan un título o un certificado y realmente no valen para nada cuando sales a la calle a buscar empleo. Es tirar tu tiempo a la basura. ¿Qué si he recibido alguna oferta de trabajo a través del INEM? Ja, ja, ja… eso es ciencia ficción".
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