Tienen un empleo para toda la vida, un sueldo medio que supera en casi 900 euros al de los trabajadores del sector privado y unas jornadas laborales reguladas -entre 35 y 37,5 horas semanales-, que además permiten disfrutar de los fines semanas y festivos del año sin tener que acudir al centro de trabajo. Es la imagen que trasciende de los funcionarios, a medio camino entre la realidad y el tópico, ya que existe un importante colectivo entre los empleados públicos -cerca de 180.000 trabajadores- que queda fuera de estos clichés y cobra menos de mil euros brutos al mes.
El porcentaje de titulados superiores en el sector público (68%) frente al privado (38%), la menor proporción de empleo parcial -tres veces menos- y más años en su puesto -siete de cada diez tienen al menos una década de antigüedad- hacen que los trabajadores de las administraciones tengan salarios muy superiores a los del área privada, pero hasta 66.000 escapan de estas idílicas circunstancias y su retribución, por una jornada a tiempo parcial, no llega a los 717 euros brutos mensuales.
Junto a esto, la temporalidad sigue siendo un importante problema en la Administración, ya que que de los poco más de tres millones de trabajadores públicos -según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, 750.000 tienen contratos eventuales. Suponen algo menos del 25% del total, según recoge un reciente informe de la compañía de recursos humanos Randstad, un porcentaje muy similar al que se registra en el sector privado.
Según el 'Decil de salarios del empleo principal' que publica anualmente el INE, hasta 250.000 empleados del sector público -el 8,2% del total- cobran menos de 1.231 euros brutos. En esa horquilla en el área privada está uno de cada tres trabajadores. Mientras, en el decil más alto, el que contempla salarios superiores a los 3.367, se encuentran uno de cada cinco empleados públicos.
La AGE protagoniza la precariedad salarial
Francisco Camarillo, secretario de Acción Sindical de CSIF, pone cara a los empleados mileuristas que trabajan, a tiempo completo, en la Administración General del Estado, cerca de 20.000. Camarillo asegura a La Información que la mayoría del personal laboral de la AGE incluido en los grupos 4 y 5 -ordenanzas, limpieza y trabajadores con funciones elementales y que requieren supervisión- tienen sueldos que apenas llegan a los mil euros mensuales. También apunta que en circunstancias retributivas similares estás los funcionarios del subgrupo C2, que realizan tareas de atención al público o de administración elementales y que como requisito básico deben contar con el título de la ESO.
El responsable sindical señala que, a diferencia de los trabajadores mileuristas del sector privado, han tenido a afrontar procesos selectivos y oposiciones y que, en bastantes ocasiones, están obligados a asumir destinos en los que el nivel de vida es muy elevado, por ejemplo las Baleares, "y con mil euros no es posible ni siquiera alquilar una vivienda". Además, apunta que esta situación que se da en la AGE también se replica en muchos ayuntamientos, en los que resulta complicado llevar un control de jornadas y sueldos de peones o personal de mantenimiento y limpieza.
Por su parte, Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de la FeSP-Unión General de Trabajadores (UGT), se lamenta que la recuperación económica haya excluido a la plantilla pública e insta a poner freno a la desigualdad que existe actualmente entre los empleados de la AGE y acabar con la brecha salarial. "Nosotros vamos a trabajar por la homologación de las retribuciones entre los funcionarios y los laborales", asegura.
Para frenar esta situación, los sindicatos mayoritarios de la Función Pública se han conjurado para que en el convenio único para el personal laboral, que afecta a 35.000 personas y que están negociando en este momento, se incluya un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros para los empleados públicos y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el funcionario. El responsable del sindicato CSIF también reconoció que están trabajando para que los grupos políticos, con los que están manteniendo rondas de contacto, incluyan esta demanda retributiva en sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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