El 'Plan E' de Rodríguez Zapatero de 2008 regó con cientos de millones de euros los ayuntamientos españoles en medio de una crisis económica histórica con el ambicioso objetivo de reactivar el empleo y las inversiones públicas. Sin embargo, nada de lo previsto se logró y contribuyó a que el déficit público se disparase hasta el 10,95% en el año 2009. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, con un Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de marzo y convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 4 de abril, pretende regar de millones a los ayuntamientos antes de las elecciones, dándoles barra libre para que reinviertan los 6.292 millones de euros de superávit que alcanzaron en 2018.
El presidente del Gobierno 'paga' así con su particular 'Plan E' a los ayuntamientos, que desde hace años se han 'puestos las pilas' con el gasto y que son la única administración pública que presenta en los últimos ejercicios cuentas en positivo, hasta tal punto que el superávit del 0,51% que presentaron los entes locales el año pasado ha sido decisivo para que España cumpliera su objetivo de déficit. No obstante, los ediles no están del todo contentos con la decisión de Pedro Sánchez.
Por un lado, y aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha levantado algo más la mano respecto a lo que ya hiciera el pasado año su antecesor Cristóbal Montoro, reprochan que sea el Ejecutivo central el que diga en qué se pueden gastar su dinero. Por otro, dicen que "llega tarde", como reconocía Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres y vicepresidenta de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios Españoles (FEMP). Y es que poder reinvertir su superávit es una reivindicación generalizada entre todos los ayuntamientos, sean del color político que sea, pero con matices.
"Los ayuntamientos queremos invertir nuestro superávit en lo que queramos porque somos responsables y además, al estar en año electoral y tan cerca las elecciones municipales no nos va a dar tiempo a tomar las decisiones sobre en qué invertimos". Y es que el singular Plan E de Sánchez será una bicoca para los ediles y los ayuntamientos que salgan de las elecciones locales del 26 de mayo.
El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que este martes arropaba a Pedro Sánchez en un mitin en su ciudad, considera que los ayuntamientos son "la Administración más seria, solvente y cumplidora y aportamos medio punto del PIB a los resultados económicos que el Reino de España presenta en Bruselas". Así, con esta ley "el gobierno ha cumplido su promesa y los ayuntamientos podremos prestar más y mejores servicios a los ciudadanos porque nos autoriza para gastar en nuestra gente". Curiosamente, la corporación que preside Caballero no podrá beneficiarse de esta decisión del Gobierno porque según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) es la única entre las grandes entidades locales que ha incumplido en 2018 el objetivo de déficit y la regla de gasto.
El consistorio gallego presenta un déficit de 30 millones de euros en sus cuentas de 2018 como consecuencia del proceso concursal del auditorio de la ciudad. Por el contrario, según un informe hecho público esta misma semana por Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), es uno de los municipios que antes paga a sus proveedores, con apenas 15 días de media para abonar las facturas. Mientras, otros municipios, como la Barcelona de Ada Colau, que no tiene problemas de deuda, también incumplirían la regla de gasto, como lo hacen Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife y Hospitalet (Barcelona).
Según la Airef, es "factible" que el conjunto de los ayuntamientos vuelva a presentar en 2019 un superávit en sus cuentas del 0,5%, tal y como lo han hecho en 2018. Este organismo asegura además que los más de 8.000 ayuntamientos españoles tienen ya en su conjunto más ahorro que deuda. Los 27.000 millones en depósitos que guardan en los bancos ya superan los 26.000 millones que soportan de endeudamiento. Desde 2012, cuando el pico de la deuda de los ayuntamientos tuvo su máximo con 41.929 millones de euros, ya que afloraron muchas facturas ocultas en los cajones por la ley de pago a proveedores, los consistorios han logrado reducir su deuda en casi 16.000 millones, hasta los 26.000 actuales. Además, han pasado de un déficit en el conjunto de sus cuentas anuales de 4.200 millones de 2011 a varios ejercicios en positivo desde 2013, con superávits de entre 5.000 y 7.000 euros anuales.
Pero, aunque el tiempo de aquí al 26 de mayo es muy corto, ¿en qué se gastarán las corporaciones locales el dinero de su superávit? Por ejemplo, el equipo que dirige Manuela Carmena en Madrid destinará 14,4 millones de euros a mejorar 33 colegios en seis distritos de la capital, a construir una nueva marca turística de Madrid con el icono del abrazo y prevé, aunque ya dependerá de si la actual regidora vuelve a ganar las elecciones, aprobar en 2019 un total de 926 proyectos en los que invertirá 409 millones de euros. Igualmente, el ayuntamiento ha decidido adquirir, por 2,5 millones y mediante estas Inversiones Financieramente Sostenibles, un palacete en ruinas en Carabanchel, en el 159 de la calle General Ricardos, para destinarlo a dotaciones públicas.
Pero en otros ayuntamientos los números son más modestos. La antes mencionada Elena Nevado, alcaldesa popular de Cáceres, pretendía invertir los 6 millones de remanente que dejó el pasado ejercicio en las arcas municipales en dinamizar el comercio local o en accesibilidad y zonas peatonales, pero asegura que "lo tendrá que hacer ya la nueva corporación que salga de las elecciones del 26 de mayo", a las que ella vuelve a presentarse, "porque a la actual ya no le dará tiempo". Algo similar le ocurre al edil de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Rodríguez Palacios (PSOE), que explica que "si seguimos gobernando, porque ahora ya no nos dará tiempo a poner en práctica las inversiones, serán unos 12 millones de euros los que podremos destinar a los diferentes barrios de Alcalá, con nuevos planes de asfaltado, aceras, mejoras en parques y jardines, instalaciones deportivas…".
Ciudad Real, que obtuvo un superávit en 2018 de 9,46 millones de euros, en buena medida por los más de 4 millones ingresados por el IBI del aeropuerto, destinará 1,53 millones a la amortización de la deuda, y 7,93 a la peatonalización de varias calles, reasfaltado, rehabilitación de viviendas, según la alcaldesa Pilar Zamora (PSOE). Mientras, en Cuenca, el alcalde Ángel Mariscal, veía como la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, le tumbaban su intención de destinar la mitad de los 9,3 millones de superávit del 2018 a amortizar parte de los 65 millones de deuda financiera que arrastra el consistorio y ahorrarse así "240.000 euros en intereses". Los partidos de la oposición pretenden que ese dinero se destine totalmente a "inversiones que mejoren la calidad de vida de los conquenses y no a pagar la hipoteca".
Este problema, a qué destinar el remanente de tesorería, no lo tiene Aurelio Bravo, el alcalde de Puebla de la Sierra (Madrid), que con apenas 60 habitantes encabeza el ránking de deuda per cápita, con más de 8.500 euros por habitante. Tendrá que destinar pues el superávit de 2018, si lo hay, a amortizarla. La deuda de Puebla de la Sierra no proviene de la especulación urbanística sino del crédito que pidió el ayuntamiento, que paga religiosamente, para hacerse con un aserradero en el que trabajan 5 personas y que alquila a una empresa concesionaria. Tampoco tendrá problemas para saber a qué destinar el superávit de 2018, 26,2 millones, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Basurto (PNV). El ayuntamiento de Bilbao tiene 'deuda cero' y podrá pues, gastarse su superávit en equipamientos para sus 345.000 habitantes.
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