Madrid.- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Alberto Cortina y Alberto Alcocer a 4 meses de prisión por un intento de estafa procesal, ya que considera que utilizaron una carta que sabían que estaba falsificada para tratar de que el Tribunal Supremo revisara su condena en el caso Urbanor.
Los primos también deberán pagar una multa de 192.000 euros cada uno por haber cometido un delito de acusación y denuncia falsa contra sus socios en Urbanor, a los que deberán indemnizar con un total de 45.000 euros por los daños morales que les causaron al perseguirles por falso testimonio a raíz de la aparición de la carta.
Esa indemnización, muy inferior a los 765.000 euros que reclamaban los socios, se tendrá que abonar de forma solidaria con los otros tres condenados, los hermanos José María y Javier Arnaiz y la documentalista Gloria Álvarez, que han sido condenados a 20 meses de prisión por haber falsificado la carta y por estafa procesal en grado de tentativa, en tanto que por el delito de acusación y denuncia falsa deberán pagar 17.100 euros cada uno.
La sentencia, que será recurrida ante el Supremo por los condenados y por los socios de Urbanor, que la consideran insuficiente, absuelve en cambio a los letrados de "los Albertos" Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez al afirmar que sólo siguieron instrucciones de sus clientes en el caso.
La Audiencia Provincial de Madrid considera "evidente" que la carta fue falsificada por la inverosimilitud de su contenido y, aunque descarta que los dos primos intervinieran en la manipulación, les condena porque cree que emprendieron actuaciones contra sus socios de Urbanor y promovieron un recurso de revisión de su condena ante el Tribunal Supremo a sabiendas de la falsedad del documento.
En esa carta, fechada en octubre de 2000, uno de los socios minoritarios en Urbanor, Pedro Sentieri, admitía que tanto él como el constructor Julio San Martín conocían la existencia de dos precios para la venta de los terrenos donde posteriormente se edificaron las Torres KIO (Madrid); una versión contraria a la que dieron ante los tribunales.
La Audiencia Provincial opina que Cortina y Alcocer, para los que Sentieri y San Martín pedían hasta ocho años de prisión, "advirtieron y supieron" sobre la falsedad del documento en cuanto lo vieron, máxime teniendo en cuenta que su abogado Ramón Hermosilla creía que el documento era un "mejunje".
En opinión del tribunal, los primos actuaron "con un temerario desprecio a la verdad" cuando decidieron contratar a Ignacio Peláez para ejercer la acusación contra los socios minoritarios de Urbanor por falso testimonio, ya que sabían que el documento era falso.
También descarta que siguieran consejos de sus letrados en el proceso al insistir en que fueron ellos quienes dieron instrucciones a Peláez para que iniciara los trámites para interponer un recurso de revisión ante el Supremo, "con la intención de utilizar lo que ya sabían que era una prueba falsa, para inducir a error" al alto tribunal.
En cuanto al resto de los condenados, sostiene que los Arnaiz y Gloria Álvarez "se pusieron de acuerdo para localizar y conseguir un documento en blanco con la firma original de Pedro Sentieri", que falsificaron o encargaron falsificar para obtener una prueba favorable para Cortina y Alcocer a cambio de dinero.
"Los Albertos" aseguraron hoy que recurrirán la sentencia ante el Supremo y "las instancias donde proceda" porque es "radicalmente injusta" y les ha condenado "sin prueba alguna" de que conocieran la falsificación del documento, apelando exclusivamente "a meras sospechas".
Además, sus letrados defendieron que Cortina y Alcocer fueron "víctimas de un engaño, no verdugos", como también señaló el Ministerio Fiscal durante el juicio oral.
El caso se remonta a marzo de 2003 cuando, después de que el Supremo les condenara por el caso Urbanor, "los Albertos" firmaron un contrato con los hermanos Arnaiz para la búsqueda de pruebas exculpatorias a cambio de 4,9 millones de euros.
El 9 de abril de 2003, Gloria Álvarez, amiga de uno de los Arnaiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía con una copia de la carta, que supuestamente había recibido de forma anónima.
Tras las periciales que apuntaban que la firma de la carta era auténtica pero que el texto había sido manipulado, se sobreseyeron las actuaciones por falso testimonio contra los socios minoritarios de Urbanor y se incoaron diligencias contra "los Albertos", los Arnaiz y Álvarez.
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