Los alcaldes se bajarán el sueldo hasta un máximo del 15 por ciento

Madrid.- La Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó hoy por unanimidad rebajar el sueldo de los alcaldes y cargos electos en función de su retribución y en sintonía con el decreto del Gobierno que sitúa esta reducción entre el 0,25 y el 15 por ciento.

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, anunció en rueda de prensa que a los alcaldes con sueldos similares al del presidente del Gobierno se les rebajara el salario un 15 por ciento, mientras que la reducción en emolumentos equivalentes a secretarios de Estado será del 10 por ciento, y del 9% para los equivalentes a subsecretarios de la Administración y así sucesivamente hasta la rebaja mínima del 0,25 por ciento.

Castro explicó que la reducción será efectiva en la nómina de junio y que en 2011 los salarios quedarán congelados.

La FEMP se reunió esta mañana para estudiar esta rebaja salarial y analizar el decreto ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducir el déficit público y que prohíbe a los ayuntamientos recurrir al crédito a largo plazo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Inicialmente, el decreto decía que los ayuntamientos no podrían endeudarse desde hoy mismo ni en 2011, pero finalmente el Gobierno ha rectificado y ha retrasado siete meses el recorte.

Castro comentó que, si bien esta rebaja salarial para alcaldes y cargos electos viene en el decreto, es más que una "recomendación" de la FEMP, ya que fue acordada por unanimidad de la Ejecutiva, "y de alguna forma vincula, ya que todos se han sumado a arrimar el hombro", ha dicho.

El dirigente de la FEMP también comentó que en el transcurso de la Ejecutiva se ha manifestado que los ayuntamientos quieren que el Gobierno central gobierne y "que tome decisiones valientes", al tiempo que pidió al PP que tenga "concepto de Estado", que "no se ponga de lado ni se excluya", si no que observe lo que está pasando en Europa.

En este sentido, Castro exigió al PP que estén "por encima de un puñado de votos" y demandó "amplitud de miras" y "concepto de Estado", más cuando todos los países europeos están tomando medidas e incluso de "mayor profundidad".

En relación con e decreto que retrasa hasta 2011 la limitación del crédito, tras la rectificación hoy en el BOE, Castro señaló que ha sido una "corrección" efectuada tras la intervención de la FEMP y la reunión anoche con el Gobierno.

"Esta corrección -dijo- favorece absolutamente a todos y permite que en 2010 no haya nada que impida a los ayuntamientos desarrollar sus presupuestos".

Castro apuntó que en la Ejecutiva de hoy todos han coincidido en que hay que trabajar "con la misma fuerza de cara a corregir también la situación de 2011".

Según explicó, la tarea de la FEMP ahora es "negociar" la situación de 2011 para que las inversiones comprometidas no se vean afectadas, entendiendo que hay "responsabilidad de Estado y de sacar al país adelante".

Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maíllo, que también compareció en rueda de prensa con los alcaldes de Santander, Guadalajara y Murcia, exigió una "rectificación total" del decreto, no sólo de 2010, sino también de 2011, de forma que las corporaciones locales puedan acudir a créditos el próximo año.

Maíllo calificó la rectificación de "chapuza absoluta" y consideró que si la decisión se mantiene los daños serán "irreparables", ya que hay muchas inversiones que son plurianuales y fondos europeos, que "si no se ejecutan se perderán".

A juicio de Martínez Maíllo, el decreto que limita los créditos a los ayuntamientos es "una barbaridad", además de "injusto y adoptado con "nocturnidad y alevosía".

Reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no tuviera la valentía de anunciar esta medida en el Congreso y, por el contrario, "ayer, a las nueve de la mañana, las corporaciones nos encontramos con esta decisión injusta" que sólo afecta a las corporaciones locales.

Maíllo recordó que este decreto deja "intacta" la posibilidad de acudir al crédito a las comunidades autónomas y al Gobierno y, además, rompe los acuerdos del Ejecutivo que permitía a los ayuntamientos aumentar el índice de endeudamiento del 110 al 125 por ciento.

"Creemos que el Gobierno se ha equivocado y ha atacado a los más débiles, al igual que ha hecho con pensionistas y funcionarios", concluyó.