España se adentra en el verano más incierto. Las playas seguirán ahí, pero de momento se desconoce hasta qué punto podrán disfrutarse. Los pueblos tampoco desaparecerán del mapa, pero sus fiestas patronales penden de un hilo. Con la desescalada recién iniciada, mayo y junio se dan por perdidos y las miradas están puestas en los meses de julio, agosto y septiembre. Mientras tanto, titulares de chiringuitos, feriantes, orquestas musicales o animadores de hoteles están en vilo. En total, unos 200.000 empresarios de temporada que ven peligrar el grueso de sus ingresos anuales. Por eso, las principales organizaciones de autónomos negocian con el Gobierno soluciones urgentes para este colectivo.
Los responsables de las asociaciones más representativas, ATA, UPTA y UATAE, se reúnen este martes con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Sobre la mesa, el diseño de un nuevo plan de choque para los autónomos. Una vez sellado el acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el marco del diálogo social con la patronal y los sindicatos, ahora les toca a ellos hacer sus reclamaciones.
Los autónomos ya han puesto negro sobre blanco sus propuestas y fuentes gubernamentales confirman que los ministerios implicados en estas negociaciones están dispuestos a acceder a algunas de las demandas planteadas. La principal pasa por prolongar la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma, de manera similar a lo que se ha hecho con los ERTE, y mantenerla hasta final de año para los sectores más afectados. En este punto, se da por hecho el acuerdo, pues el propio Escrivá ha confirmado que está estudiando cómo escalonar esta medida a lo largo de la desescalada. Está por ver en qué condiciones.
Pero además, los autónomos piden que se facilite el acceso a esta prestación o que se diseñe un subsidio especial para los denominados autónomos discontinuos o de temporada, que no estaban de alta el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma, pero puedan acreditar actividad recurrente en años anteriores. Se trata de 'empresarios de verano' cuya actividad está vinculada a periodos estacionales. Aquí se incluyen los vinculados al turismo de sol y playa, como los titulares de chiringuitos o los hamaqueros, pero también los feriantes, los propietarios de puestos de comida o venta ambulante, los músicos, los animadores de hoteles, los DJ's...
Desde ATA calculan unos 125.000 autónomos de temporada y UPTA eleva el total de afectados a 200.000, teniendo en cuenta todos los que suelen darse de alta entre los meses de mayo y octubre. Por su parte, UATAE ha pedido al Gobierno que active para este colectivo una solución similar a la que se ha aprobado para los asalariados fijos discontinuos, muchos asociados a las actividades de temporada, para quienes se ha habilitado una prestación de 90 días, independientemente del periodo cotizado, ampliable hasta el 31 de diciembre, según recoge el borrador del real decreto ley relativo a los ERTE que aprueba hoy el Consejo de Ministros.
En lo relativo a los ERTE, a los que también se pueden acoger los autónomos con trabajadores a cargo, las organizaciones de autónomos han valorado el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, pero coinciden con la patronal en que debe contemplarse la prórroga más allá del 30 de junio, fecha inicialmente prevista. El Ejecutivo ya valora esta posibilidad, pero esperará a tomar medidas según vayan avanzando las primeras fases de la desescalada. ATA plantea mantenerlos hasta después del verano y UPTA va más allá, hasta el 31 de diciembre, apostando también por una flexibilización de la obligación de mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al ERTE.
"Tarifa plana de reactivación"
Según los datos facilitados por la Seguridad Social, en torno a 1,2 millones de autónomos han percibido ya su prestación extraordinaria por cese de actividad. Incluso, los que hayan podido reabrir sus negocios en mayo la han seguido cobrando. Pero ATA considera esta medida insuficiente y pide la creación de una "tarifa plana de reactivación" que bonifique la Seguridad Social (entre 75 y 100 euros durante doce meses) a los autónomos que reanuden su actividad tras la suspensión o caída de la facturación. Además, en una ambiciosa propuesta, demanda al Ejecutivo la puesta en marcha de un subsidio de 420 euros durante seis meses para aquellos autónomos que hayan agotado su prestación ordinaria por cese total (la que exige baja en Hacienda y Seguridad Social).
Los autónomos también exigen cambios en algunas medidas aprobadas como las moratorias hipotecarias, de alquileres de vivienda y de locales de negocio, así como de crédito y el bono social. El problema es que para acreditar los requisitos se exige certificado de cese de actividad por parte de la Agencia Tributaria y, por tanto, baja en Hacienda y en la Seguridad Social, lo que implica el cierre del negocio. "Resulta incongruente porque con esta formalidad se están excluyendo de estas medidas a todos los beneficiarios de la prestación extraordinaria, que deben mantener el alta de la actividad", denuncia UPTA, que considera que "esta exigencia contradice el espíritu del mantenimiento del tejido productivo".
Por otro lado, las organizaciones de autónomos van a reclamar al Gobierno que amplíe los sectores que pueden acogerse a la moratoria de seis meses del pago de las cuotas a la Seguridad Social, así como una ampliación de las líneas de crédito del ICO y una suavización de las condiciones de los préstamos, asuntos que tratarán con la vicepresidenta Calviño. ATA, en concreto, plantea una reserva de las líneas del ICO para microcréditos para autónomos de un máximo de 15.000 euros con un tope en el tipo de interés del 1,5%. Además, anima a complementar el 20% no avalado por el Estado con las líneas de avales de las comunidades autónomas, a través de las sociedades de garantía recíprocas (SGR).
También está entre sus demandas una aclaración por parte del Gobierno sobre las obras de rehabilitación y reformas de viviendas habitadas y actividades de montaje (mobiliario, cocinas...). Quieren saber cuándo van a poder realizarse y en qué condiciones, pues "carece de sentido que se pueda ir a un comercio manteniendo la distancia de seguridad y no en estos supuestos", destacan desde ATA. Estos y otros asuntos se van a tratar en la reunión convocada para este martes a las 18:00 horas y es previsible que en los próximos días se llegue a un acuerdo que pasará por el Consejo de Ministros y quedará plasmado en el BOE.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios