Los ayuntamientos no podrán aumentar sus gastos en más de un 3,2% al año

 Las administraciones tendrán que cuidar su dinero al máximo. Ya no será sólo una cuestión de sentido común o respeto por los contribuyentes: la ley dejará claro el límite de gasto al que tendrán que atenerse alcaldes, presidentes autonómicos y ministros. Y el límite estará en incrementos anuales del 3,2%.   

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Decreto de Ley que incluye una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la que se crea una regla de gasto que, de momento, se aplicará a la Administración General del Estado y a la administración local.

Dado que las autonomías tienen independencia financiera, la aplicación de un techo de gasto en los gobiernos regionales dependerá de su aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La próxima cita del Ministerio de Hacienda y las consejerías será a final de mes.

Por ahora, la regla acordada ayer por el Gobierno central establece que el gasto computable de la administración no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía española. En concreto, se atenderá a la evolución del Producto Interior Bruto (expresado en términos nominales) durante nueve años.

Y más específicamente, se calculará a partir del PIB de los cinco años precedentes, del ejercicio actual y las previsiones de los tres siguientes y se le sumará una inflación del 1,75% (de ahí que se le llame nominal, dado que recoge el efecto de las subidas de precios). El resultado de estas diez variables, a partir de los datos oficiales del Ministerio de Economía de crecimientos pasados y previsiones futuras, arroja una cifra del 3,2%.

En definitiva, los ayuntamientos y las comunidades ya sabrán a qué atenerse a la hora de elaborar sus presupuestos. Según Moncloa, la medida no hace más que oír las peticiones de la Unión Europea, que reclamaba un control económico del gasto de todas las administraciones españolas y habida cuenta del peso económico que suponen los entes territoriales.

Desde luego, el control va a ser estricto. Un 3,2% parece una cifra razonable pero que difícilmente cumplen habitualmente ayuntamientos, diputaciones o autonomías. De hecho, sólo en gastos de personal se suele superar ampliamente esta cifra debido a los incrementos salariales vinculados a la inflación de los funcionarios.

Y los gastos de personal no son pequeños en la administración territorial. En los ayuntamientos, por ejemplo, supone un 43% de todo su gasto mientras que en las autonomías alcanza una tercera parte del total.

Tampoco hay que olvidar que los funcionarios vienen de sufrir un descenso en sus sueldos en 2010 y que habrá que ver lo que sucede en la negociación de los próximos años y si se vuelve a vincular las alzas a la inflación.

En todo caso, la regla de gasto no va a ser completamente rígida. Por un lado, el objetivo del 3,2% será la media anual, por lo que se podrá superar esa cifra durante un ejercicio siempre y cuando se compense en otro. El objetivo, en suma, es que se prevean los gastos de la Administración en función de criterios concretos y acordes con el ciclo económico.

De todas formas, cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá crecer en la cuantía equivalente.

Y, del mismo modo, cuando haya modificaciones normativas que supongan disminuciones de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá reducirse en la cuantía equivalente.

En caso de incumplimiento, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida.