Madrid.- La asociación de concesionarios de automóviles Faconauto reclamará por vía judicial a las Administraciones Públicas (AAPP) 13,9 millones de euros adelantados en las ayudas del Plan 2000E.
Este montante es rechazado por los gobiernos Central y Autonómicos al no haber constancia del mismo en el soporte informático que tramita los adelantos de las ayudas por parte de los concesionarios.
Esta ha sido una de las decisiones adoptadas hoy por la asamblea de Faconauto, que alegan, contra la opinión de estas administraciones, que hay miles de fax, con acuse de recibo, de los distintos concesionarios en los que se plasman las concesiones de estas ayudas.
Asimismo, critican la falta de eficacia con la que ha operado la entidad encargada de tramitar las ayudas administrativas, la fundación Fitsa, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Faconauto desglosa esta deuda, contenida en 11.800 expedientes que no reconoce la Administración, en 5,9 millones que se atribuyen al Ministerio de Industria y 8 millones que corresponderían a las comunidades autónomas.
Antonio Romero Haupold, presidente de Faconauto, señaló en rueda de prensa posterior a la asamblea que algunos concesionarios pueden dejar de percibir unos 300.000 euros si no se reconoce el adelanto de estas ayudas.
El máximo responsable de esta asociación indicó que este comportamiento de las administraciones Central y Autonómica induce a pensar en que no hay disponibilidades financieras en las mismas.
El director general de Faconauto, Blas Vives, citó a Cataluña y Valencia como dos comunidades que, a día de hoy, todavía no habían cubierto ni un solo compromiso de pago de los 500 euros que corresponde a las administraciones autonómicas en la concesión de ayudas del Plan 2000E para este años 2010.
Faconauto añade a esta deuda administrativa otros 44,4 millones de euros en operaciones sí reconocidas por la Administración, pero todavía no transferidas a los concesionarios automovilísticos que las han adelantado.
En total, Romero Haupold precisó que las Administraciones Públicas adeudan a los concesionarios españoles 58 millones de euros, una cantidad que supone un montante importante para un negocio que ya opera con márgenes de rentabilidad muy estrechos.
En otro orden de asuntos, Faconauto señala que la retirada definitiva del Plan 2000E va a tener impacto en una caída de ventas en el segundo semestre de 150.000 unidades, una retracción de mercado que puede provocar la pérdida de 10.000 empleos en las pymes que conforman buena parte de la red de distribución automovilística.
Los concesionarios señalan también que la caída de mercado supondra una merma de ingresos fiscales para el Estado de 480 millones de euros.
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