Los consumidores piden más transparencia y seguridad en las tarifas de la luz

Madrid, 15 mar.- Las principales organizaciones de consumidores han criticado hoy la necesidad de volver a incrementar la tarifa eléctrica y han pedido al Gobierno más transparencia en el proceso de fijación de tarifas y una norma que garantice su capacidad de defender al consumidor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) han destacado que el precio de la luz acumula un aumento de tarifas de más del 50 por ciento en los últimos años.

Así, la OCU ha subrayado por medio de un comunicado que subiendo la luz "no se sale de la crisis", especialmente en un momento en que los usuarios "no tienen la culpa" del déficit tarifario y "lo tienen crudo para asumir un nuevo tarifazo".

Para la OCU, "la culpa es de una nefasta regulación que durante la última década ha generado más de 23.000 millones de euros de déficit, una losa que amenaza la sostenibilidad de un sistema perverso que reparte deudas para los usuarios y beneficios para las eléctricas".

Para el presidente estatal de CECU, Fernando Moner, la principal preocupación es la "absoluta falta de transparencia" en el sistema de fijación de precios.

En declaraciones a Efe, Moner ha subrayado la importancia de contar con un sistema tarifario "claro y transparente" que no resulte en una "acumulación de desinformación y oscurantismo".

De la misma opinión es el responsable de Asuntos Económicos y Energía de CEACCU, Fernando López Romano, quien ha explicado que el Gobierno debe articular una norma que regule su "verdadera capacidad" de establecer la parte regulada de la tarifa.

La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que se revisa cada trimestre y a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores, está formada por dos componentes: los peajes que retribuyen los costes regulados del sector y que fija el Gobierno, y el precio de la energía que resulta de una subasta denominada Cesur.

Ayer se conoció una sentencia del Tribunal Supremo por la que se obliga al Gobierno a compensar el desajuste de unos 1.000 millones de euros generado porque en enero no se incrementaron de forma suficiente los peajes.

En consecuencia, el Ejecutivo ha anunciado hoy que la tarifa eléctrica subirá en torno a un 5 o 6 por ciento a primeros de abril.

"Si resulta que la norma no permite al Gobierno fijar su parte de la tarifa para defender a los consumidores, se debe cambiar la norma", ha planteado López Romano.

"Lo que no tiene sentido es que la Justicia eche por tierra la decisión del Gobierno, porque eso supone que no es una tarifa regulada; que el Ejecutivo tiene capacidad de regular para subir los precios pero no para bajarlos", ha argumentado.