La imagen que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras aprobar sus dos decretos anticrisis (el primero aprobado en abril y el segundo en julio) contrastó con la que mostraron otros líderes internacionales que habían aprobado planes similares para mitigar la escalada de precios. Así, mientras el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, explicaba con sinceridad y cautela la complejidad de la efectividad de su plan a corto plazo en la sociedad británica, Sánchez exhibía las suculentas cifras movilizadas y su impacto inmediato en la ciudadanía desde el atril de La Moncloa o desde el del Congreso. No obstante, el conjunto de sus dos decretos no cubrirá ni el 20% de la disminución de la capacidad de compra de los españoles.
Así, Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, asegura a La Información que "lo importante es que hoy un euro no nos alcanzaría para comprar la misma cesta de consumo que hace un año, sino que necesitaríamos 1,1. Nuestra estimación de Renta Disponible de los hogares (acumulado los 12 meses) al segundo trimestre del año es de 776.000 millones de euros. Por lo tanto, para tener la misma capacidad de compra que hace un año, necesitaríamos casi 78.000 millones de euros más".
Teniendo en cuenta que la movilización de los dos decretos contra los efectos de la inflación impulsados por Sánchez han supuesto, según confirmó el propio presidente, un coste de 15.000 millones de euros, esta cantidad -y en base a lo que aseguran los expertos del banco- apenas cubriría el 19% de la pérdida de poder adquisitivo del último año como consecuencia de la subida inédita de los precios. Una realidad que diluye la efectividad del plan de choque anunciado y que muestra el débil y endeble escenario al que se enfrenta el Ejecutivo en el útimo curso previo a las elecciones generales.
Los economistas consultados aseguran que "el poder adquisitivo, al final, es riqueza. Cuanto más poder adquisitivo tengamos, más bienes y servicios podemos adquirir con nuestra renta. Por lo que va directamente relacionada con el crecimiento económico de nuestro país. Si tenemos un menor poder adquisitivo, se reducen las compras y, por ende, se crece menos. Esto acaba afectando en la fuerza laboral y también en la desigualdad, porque se acentúa la pobreza".
Una realidad económica que genera un debate sobre qué es más eficiente en esta situación: la reducción de impuestos o el despliegue de ayudas. El Gobierno, aunque ha optado por una combinación de ambas opciones, se ha decantado -mucho más- por aumentar las subvenciones. Una salida a esta crisis que, en algunos casos, como con la bonificación de la gasolina, han tenido un efecto casi nulo para los ciudadanos. Desde el principal partido de la oposición, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, insta a apostar por nuevas medidas fiscales, como deflactar la tarifa del IRPF, destinar el 7% de los fondos europeos a incentivos fiscales o suspender el IVA de los carburantes.
Los dos últimos decretos anticrisis
En el último decreto anticrisis, Sánchez anunció nuevos impuestos contra las eléctricas y las grandes corporaciones financieras. Además, el Consejo de Ministros dio luz verde a un bono social de 200 euros, el aumento de hasta un 15% de las pensiones no contributivas o la congelación del precio de la bombona de butano. Una serie de medidas a las que se le unió la reducción de hasta un 50% del precio del abono de transporte de Renfe y de un 30% de los bonos de transporte que son competencias de las autonomías.
En el primer decreto contra los efectos de la guerra, Sánchez anuncio un repertorio de medidas plagadas de subvenciones (que se prorrogaron en el segundo): ayudas de 450 millones para el sector del transporte (1.250 euros por camión), 169 millones para los productores de leche, 193 millones para los agricultores, 68 millones para los pescadores, 10.000 millones en avales para pymes y autónomos, la ampliación del bono social eléctrico a dos millones de habitantes o la subida de hasta un 15% en el ingreso mínimo vital, entre otros.
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