Los desahucios cuestan a la banca 7.500 millones desde 2007, según un informe

  • El coste para la banca española de la gestión de los procedimientos de ejecución hipotecaria, el mantenimiento y la comercialización de inmuebles embargados desde 2007 hasta la actualidad asciende a 7.500 millones de euros, según un estudio de la consultora inmobiliaria Alteba.

Madrid, 15 nov.- El coste para la banca española de la gestión de los procedimientos de ejecución hipotecaria, el mantenimiento y la comercialización de inmuebles embargados desde 2007 hasta la actualidad asciende a 7.500 millones de euros, según un estudio de la consultora inmobiliaria Alteba.

Una ejecución hipotecaria cuesta entre el 15 y el 20 % del importe de la hipoteca, según el informe, aunque si se contabilizan todas las partidas destinadas a gestionar el patrimonio adquirido por la vía judicial, el coste podría elevarse hasta 10.000 millones.

Los principales gastos para un banco tras la adjudicación de un inmueble son el coste del procedimiento judicial, la contratación de empresas de recobro para recuperar la deuda, el mantenimiento de los inmuebles ahora en su poder, los impuestos y cuotas de comunidades de propietarios, la comercialización de la vivienda y los costes de gestión interna del procedimiento.

Para sus cálculos, Alteba ha utilizado los datos de ejecuciones hipotecarias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -unas 400.000 desde 2007-, y el importe medio de las hipotecas estimado por la Asociación Hipotecaria Española, que oscila en el periodo analizado entre 149.000 y 103.000 euros.

La consultora inmobiliaria prevé que el número de ejecuciones hipotecarias continúe aumentando, dado que la morosidad de la banca sigue creciendo.

Por otro lado, señala que la firma del Código de Buenas Prácticas ha sido una iniciativa insuficiente ya que fija unos umbrales mínimos de casi imposible cumplimiento, que desde el principio estaban abocados al fracaso.

Asimismo, considera que una modificación sustancial de la legislación hipotecaria "podría afectar seriamente al riesgo país" debido a que en España casi el 40 % de las hipotecas residenciales están en manos de inversores extranjeros.

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