Hasta el 28 de febrero

Los expertos agotarán el plazo para entregar su propuesta fiscal a Montero

El Comité de Expertos prevé entregar al Ministerio de Hacienda el Libro Blanco para la reforma fiscal a finales de febrero. El Gobierno tomará como referencia el documento para modificar el sistema tributario.

María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Europa Press

El comité de expertos para la reforma fiscal prevé entregar a finales de febrero el documento que ultima y que el Gobierno tomará como referencia para modificar el sistema tributario. El plazo que le concedió el Ejecutivo al grupo de catedráticos y expertos en derecho y finanzas públicas concluye el próximo 28 de febrero, por lo que, según confirman fuentes conocedoras de la evolución de su trabajo, está previsto que agoten el margen del que disponen. Desde que se conformase, el comité ha tenido 10 meses para realizar un análisis del sistema fiscal actual y estudiar "la capacidad de los impuestos para acelerar transformaciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género", tal como le encomendó Moncloa.

El documento que llegue a manos de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, deberá hacer hincapié en la fiscalidad de dos asuntos en particular: la economía digital y la transición ecológica. Se espera que del análisis de los expertos se extraiga un rediseño de las distintas figuras tributarias ya existentes, así como de los beneficios fiscales, sobre los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha puesto la lupa. Sin embargo, según publicó El Confidencial, los expertos habrían dejado fuera del primer borrador un análisis del sistema de financiación autonómico, otra de las tareas pendientes del Ministerio de Hacienda.

Montero ya ha puesto en marcha parte de la reforma: establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades o gravar las transacciones financieras (Tasa Tobin) y determinados servicios digitales (Google). No obstante, no se pueden descartar nuevas figuras tributarias vinculadas a la digitalización o a la economía verde. De hecho, esto último es algo que sugería el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último artículo en el que analizaba la política económica y fiscal de España. "Entre las posibles medidas relativas a los ingresos —que podrían hacer que la relación impuestos/PIB converja hacia los niveles de países semejantes de la región— están una ampliación de las bases imponibles y un aumento de los impuestos medioambientales", proponía.

El Gobierno ha planteado en varias ocasiones un impuesto al diésel que se acabó descartando en 2020 para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Hacienda evitó incluirlo en los PGE de 2022 a la espera de las recomendaciones del comité de expertos, por lo que es probable que los expertos planteen alguna medida en esta línea. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye el compromiso del Ejecutivo con la Comisión Europea de "revisar las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante".

Desacuerdo

El del diésel no es el único impuesto que el Gobierno tiene en su hoja de ruta hasta que finalice la legislatura. La "armonización patrimonial" o un impuesto a los billetes de avión también aparecen en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. El hecho de que el Ejecutivo ya tenga algunas decisiones tomadas en materia fiscal ha interferido en el trabajo del comité de expertos. Esta sería una de las razones, según han publicado varios medios, por la que dos de los catedráticos, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV) y Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo habrían abandonado el grupo antes de culminar con la presentación de su propuesta. La falta de consenso en un comité formado por 17 expertos, tras las últimas salidas, sería otra de las razones.

En cualquier caso, el Libro Blanco deberá tener en cuenta la situación económica del país, tal como explicó la ministra en la presentación del comité. Las propuestas para "modernizar" el sistema fiscal deberán situar a España en el camino para cumplir con las promesas del Plan de Recuperación al que Bruselas ya ha dado el visto bueno.

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