¿Inseguridad jurídica? Los inversores extranjeros evitan la subasta de Ribera

La fotografía de la última subasta de energías renovables celebrada este martes ofrece un panorama cuando menos inquietante para la energía en España. Partiendo de que las subastas son una acción directa del Ministerio en el mix energético con el objetivo de favorecer la instalación de centrales renovables a la red eléctrica, su resultado no debería ser más que una buena noticia para el conjunto del sistema.

Sin embargo, el contexto de desconfianza que se está viviendo entre el gobierno y las empresas del sector ha sembrado el campo eléctrico de unas minas que tardarán mucho tiempo en ser desactivadas. La primera derivada que surge es la incapacidad de los agentes en cubrir la demanda de energía fotovoltaica. De los 3.300 MW sacados a concurso, se han cubierto 3.123, suponiendo la primera vez en la historia que no se han cubierto el total de los MW abiertos a subasta.

El ‘no’ de los fotovoltaicos (al menos a esta convocatoria) no ha impedido que los eólicos hayan aprovechado la ocasión para hacerse con 2.258 MW, mucho más de los previstos inicialmente, lo que denota un cierto hastío de la fotovoltaica y de los fondos de inversión que hay detrás hacia las políticas energéticas del gobierno de coalición.

En segundo lugar, a diferencia de la subasta celebrada en enero, ésta no ha sido tan competitiva. A la renuncia expresa de Endesa e Iberdrola conocida durante la mañana de ayer, se une de nuevo el escepticismo en los grandes inversores internacionales, desanimados, presumiblemente, por las continuas muestras de incertidumbre jurídica y de convulsión política en el sector. Su ausencia es una muestra clara de la relación directa entre energía y comunicación. Las continuas advertencias, vía Financial Times, parecen haber desanimado las inversiones de los grandes que, junto a otras, se llevaron una parte del pastel repartido desde comienzos de año.

Siendo cierto que la convocatoria de la subasta reservaba un espacio dedicado a pequeñas instalaciones de potencia igual o inferior a 5MW con el objetivo de abrir al abanico a agentes de menor tamaño de carácter local y cercana a centro de consumo de energía eléctrica, la exclusión de las grandes empresas del sector eléctrico no debería ser una buena noticia, ya que, en gran medida, estas proporcionan, vía distribuidoras, el mantenimiento de la red local, por lo que su contribución al mercado es indispensable de una u otra forma.

No abaratará los precios

Este es uno de los mantras defendidos por el Ministerio de Transición Ecológica como medida ‘antichoque’ en la escalada de precios de la electricidad. Su argumento defiende la ampliación de la generación renovable como medida para reducir la dependencia de energías más caras. A mayor porcentaje de tecnologías renovables, que entran a un precio menor en el mercado marginal, mayores serán las posibilidades para colmar la demanda energética sin tener que recurrir a otro tipo de fuentes con mayor coste, como es el caso del gas.

El problema se plantea en el tiempo. Pese a la reserva de 600 MW para las instalaciones fotovoltaicas y eólicas de disponibilidad acelerada, la entrada en funcionamiento de estas centrales no estará disponible hasta septiembre de 2022. Un plazo muy ajustado que, sin embargo, no servirá para frenar la escalada de precios que ya se está sufriendo.

El Ministerio conoce el estado de la mayor parte de estos proyectos, en su mayoría muy adelantados en cuanto a la concesión de licencias y construcción de instalaciones, pero en ningún caso llegarán para antes de la primavera de 2022, momento en el que el precio de la energía puede bajar en el mercado internacional. En esta época es cuanto se espera que los precios del gas puedan sufrir una bajada consistente, empujando, por fin, el precio de la electricidad hacia abajo.

Pero no todo son noticias negativas. La subasta ofrece un efecto relativo sobre la presión económica, al adjudicarse a un precio inferior al de los mercados de futuros, por lo que, en este caso y a medio plazo, sí podrían llegar a reducir en una pequeña parte el precio anual sobre el recibo de la luz durante el segundo semestre de 2022.

El problema de la financiación

Ser adjudicatario de determinados MW no implica tener el camino ya recorrido. Por el contrario, en muchos casos, implica el inicio de un tortuoso camino de autorizaciones, licencias y, por supuesto, obtención de financiación para acometer el proyecto. Íntimamente relacionado con la ausencia de campeones nacionales e internacionales en la subasta, los proyectos ganadores tendrán que iniciar la captación de fondos para financiar obras, materiales y diseños. En el caso de las grandes ganadoras de la subasta, Forestalia y Capital Energy, que sin duda han echado un capote al gobierno, la financiación está asegurada, así como en el resto de grupos importantes que han resultado adjudicatarios, pero la obtención de fondos para otros proyectos queda en el aire y podría comprometer el efecto final de la misma.

Dentro de la resolución aprobada el pasado 8 de septiembre se reflejaba la intención de sacar al mercado 3.300 MW pero, repartidos, tal y como recomendó la CNMC en la anterior convocatoria, entre las diferentes tecnologías concurrentes. El Ministerio reservó 600 MW para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de disponibilidad acelerada, una segunda reserva de 300 MW destinada a instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, una tercera reserva de 700 MW destinada a instalaciones fotovoltaica de carácter general y una última reserva de 1.500 MW destinada a la tecnología eólica terrestre, quedando, por tanto, 200MW sin reserva tecnológica.

Además, los costes y plazos de ejecución para algunos productores podrían aumentar exponencialmente debido a la crisis actual que vive el mercado de materias primas, de componentes y semiconductores, encareciendo, presumiblemente, el total de la inversión necesaria. Esto explicaría en parte, el precio medio de 30,56€ con el que finalmente ha cerrado la subasta, cinco euros por encima del valor marcado en enero.

No es la subasta, son los nodos

Si la subasta no ha llamado la atención como se esperaba, al menos en los grupos que han decidido voluntariamente darle la espalda, también se debe a la complejidad generada en el sistema por la entrada en vigor de la circular de acceso y conexión de instalaciones de producción de energía eléctrica a las redes de transporte y distribución.

Es otro de los temas que ronda en el ambiente y que pone en cuestión la conveniencia de acudir a un sistema que cada vez presenta más signos de escepticismo con respecto a los costes de la transición energética. La inversión necesaria para adaptar un sistema de generación centralizada a otro distribuida se necesita de manera urgente y este es un problema que los grandes fondos internacionales están viendo. Antes de meterse en nuevas aventuras de final incierto prefieren ver cómo se soluciona un problema que está llamado a convertirse en ‘el gran pero’ de la transición ecológica en España.

En la recámara del Ministerio quedan aun la convocatoria para fin de año de 200 MW de energía solar termoeléctrica, 140 MW de biomasa y 20 MW para otras tecnologías. Una oportunidad que, aun por pequeña, podría solventar un muy difícil año para el Ministerio de (incierta) Transición Ecológica.