El personal laboral de la Administración General del Estado -cerca de 40.000 efectivos- ha logrado arrancar, en plena vorágine electoral y tras duras negociaciones, un buen número de mejoras laborales, más allá de las económicas, al Gobierno de Pedro Sánchez. Las conversaciones, que ha capitaneado durante meses la ministra de Política Territorial y Función Pública, Maritxell Batet, y en las que han participado los cuatro sindicatos mayoritarios -UGT, CSIF, CCOO y USO- se aceleraron en febrero para que concluyesen en un gran acuerdo antes de la celebración de los comicios generales y autonómicos y locales.
Además de un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos empleados y de una subida lineal del salario de 280 euros anuales -20 euros más al mes- con efectos desde el 1 de enero de 2018, se han sellado un buen número de medidas para avanzar en la conciliación laboral, la igualdad, para agilizar la movilidad y los traslados y para adelantar la jubilación dentro de un colectivo que tiene una media de edad de 57 años. Entre las iniciativas se contempla la posibilidad de que los empleados públicos opten a las vacantes que queden en la Administración antes de que se incluyan en las ofertas públicas de empleo.
Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con la planificación de recursos humanos, se proveerán con concurso abierto y permanente; mediante promoción interna y, por último, mediante ingreso libre. El convenio suscrito entre el Gobierno y los sindicatos destaca que con anterioridad a la inclusión de un puesto de trabajo en una convocatoria de ingreso libre, a la que pueden optar todos los ciudadanos, deberá haberse ofertado previamente el mismo en una convocatoria del concurso abierto y permanente o a través del procedimiento de promoción interna.
Otro de los avances tiene que ver con la movilidad de los funcionarios, que resultará mucho más ágil. Así, los concursos de traslados, que hasta ahora tenían solo una vez al año, se convocarán en cuatro ocasiones, lo que facilita el cambio de destino de los empleados. Entre los requisitos para poder acceder a los traslados están haber permanecido en el último puesto un mínimo de dos años, salvo en el caso que soliciten un puesto ubicado en la misma Secretaría de Estado en la que tenga su destino definitivo o, en defecto de aquélla, si solicitan un puesto ubicado en el mismo departamento ministerial o, en su caso, organismo público.
Traslados obligatorios... con compensación
El convenio también recoge la posibilidad de traslados obligatorios a una localidad distinta a la que los empleados prestan sus servicios, siempre justificados por "razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios públicos". Si los traslados superan los 50 kilómetros, los afectados recibirán gastos de viaje y mudanza, tres días de dieta y 10.942,73 euros, más un 20% por cónyuge y por hijos. Esta cantidad se reduce a 2.553,28 euros (más de 35 y menos de 50 kilómetros) y a 1.641,40 euros, de 20 a 35 kilómetros.
Otro de los logros alcanzados ha sido un cambio del régimen jurídico que permite que alrededor de 8.000 laborales se conviertan en funcionarios, ya que realizaban funciones reservadas a estos últimos. Además de los que se dedicaban a gestión administrativa, económica o de recursos humanos, Carlos Álvarez, secretario general del sector de la Administración General del Estado (AGE) de UGT, aclara que también hay peritos, vigilantes de del dominio público o con labores de farmacia. "Quedan como laborales los que desarrollan actividades u oficios tradicionales donde no existe puesto de funcionario", asegura Álvarez.
El IV convenio del personal laboral en la Administración del Estado también contempla la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial a partir del 1 de enero de 2021, una opción que permitiría el rejuvenecimiento de la plantilla. Tras cerca de una década en la que las administraciones han tenido que aplicar una rígida tasa de reposición, que ha impedido que se cubran la mayoría de los años las vacantes de funcionarios que se jubilaban, fallecían o renunciaban a su puesto, el envejecimiento de la plantilla pública resulta hoy más que evidente.
El último Registro Central de Personal, que edita semestralmente el Ministerio de Hacienda y que detalla el número y el perfil de los efectivos al servicio de las Administraciones, revela que siete de cada diez empleados en los ministerios y sus organismos autónomos tiene más de 50 años y casi un 17%, más de 60 años, un contexto que solo podía cambiar con un rejuvenecimiento radical de los empleados públicos, que según los sindicatos, debería venir de eliminar las limitaciones a la reposición y de generalizar la jubilación voluntaria.
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