Los inspectores de Hacienda piden un plan especial de control fiscal a políticos

Convertir a los políticos en uno de esos colectivos sometidos a un control reforzado por parte de los servicios de Inspección de la Agencia Tributaria, como los contribuyentes que tributan en módulos, como los operadores transfronterizos, como los comercios chinos, como el resto de colectivos de especial riesgo que regularmente aparecen mencionados en el Plan Anual de Control de la Agencia Tributaria. Éso es lo que ha solicitado la organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) - que aglutina al 90% de este colectivo- este jueves en Sevilla en la presentación de las líneas generales de su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria, realizada en el marco de su XXVII Congreso.

En concreto, reclaman que la lucha contra la corrupción figure como una línea de actuación preferente en los Planes de Control Tributario y dé lugar a un plan especial de inspección sobre representantes políticos y partidos políticos, que tenga un carácter permanente y que les permita, por ejemplo, "realizar un seguimiento patrimonial especial de las personas condenadas por corrupción", según detalla la propuesta presentada este jueves.

No se trata de ninguna excentricidad. Los organismos internacionales y las directivas europeas sobre blanqueo de capitales han recomendado y legislado la vigilancia especial que las denominadas personas políticamente expuestas (PEP, según sus siglas en inglés) merecen en materia, por ejemplo, de blanqueo de capitales. La organización de inspectores considera,además, que hay motivos de alarma social y económicos que lo justifican. "La corrupción tiene impacto sobre el PIB y eleva de media un 13% el gasto público en el que incurren los países", ha precisado vocal de la Junta Directiva de IHE, José Manuel Martín.

Para hacerlo en condiciones, el colectivo de inspectores considera que se debe modificar el marco legal para permitirles ejercer ese control y que se les debe investir de nuevas facultades para poder realizar "la investigación, seguimiento y control de estos casos".

Por ejemplo, entienden que debería regularse la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria en tiempo y forma la información disponible en los Registros Patrimoniales de cada entidad local y en otros órganos e instituciones, así como las declaraciones de bienes y rentas que regularmente realizan los diputados del Congreso.

Otra medida que proponen es que se considere delito el falseamiento de la información de las declaraciones patrimoniales de los representantes públicos y que se pueda castigar con penas que lleguen incluso a la prisión. Además, reclaman que se potencie la Fiscalía Anticorrupción, incrementando el número de inspectores y técnicos que tienen en nómina para auxiliarles en la persecución de estos delitos.