Los inspectores proponen que un sólo órgano recaude impuestos y cotizaciones

Unificar en un solo órgano la multitud de organismos dependientes del Estado que a día de hoy tienen competencias recaudatorias. Ésa es la propuesta que ha lanzado la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado no sólo para reducir los costes operativos que la recaudación de impuestos, tasas y cotizaciones tiene para el presupuesto público, sino también para mejorar su eficacia y agilizar el cobro de los más de 40.000 millones de euros que el Estado tiene pendientes de pago por deudas de los contribuyentes.

¿De dónde vienen esas deudas? Pues de diversos impagos que mantienen los contribuyentes con diferentes órganos del Estado: obligaciones tributarias pendientes de pago (más de 35.000 millones en 2013, probablemente 40.000 millones en 2014, según la proyección de los inspectores de Hacienda), cuotas sociales de los trabajadores no abonadas por empresas, multas sin pagar...

En 2012, por poner un ejemplo, la Agencia Tributaria logró aflorar 10.500 millones de euros de los más de 30.000 millones pendientes de pago (alrededor de una tercera parte), mientras la Seguridad Social levantó unos 1.500 millones.

La solución que plantea Inspectores de Hacienda del Estado para incrementar este rendimiento se denominaría Administración Tributaria Independiente y unificaría todos los entes en los que hasta ahora está repartida esa gestión: Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y otros organismos autónomos, como Confederaciones Hidrográficas, la Dirección General de Tráfico, que también ingresan tasas, multas.

¿El objetivo? Doble. El gancho para que el Gobierno tome en consideración la propuesta es que supondría un importante ahorro de recursos públicos en forma de gastos operativos y de personal; la cuestión de fondo es que, en su opinión, no sólo facilitaría la gestión del cobro, sobre todo de las deudas tributarias (entendidas como tal impuestos, cotizaciones y tasas), sino que agilizaría su gestión.

¿Por qué? Porque en la actualidad las actuaciones de los diferentes organismos recaudatorios, principalmente Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, se solapan en más de una ocasión en lo que entienden que supone una duplicación absurda de esfuerzos.

Por ejemplo, en el caso de una empresa que mantiene deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, los procedimientos de gestión de cobro de ambos organismos discurren en paralelo. Por un lado actúa la Tesorería y, por otro, la Agencia, que planifican sus visitas, sus requerimientos y sus gestiones de cobro por su cuenta.

Los inspectores de Hacienda ven en el horizonte un importante ahorro si esas gestiones se unificaran. Si un organismo único se encargara de comunicar la existencia de una deuda a la empresa, realizara un único requerimiento para las deudas de ese contribuyente con el Estado y realizara una sola actuación de cobro.

Desde su perspectiva las ventajas se acumulan. En primer lugar porque no se necesitarían demasiados protocolos de coordinación ya que los procedimientos son ya muy similares.

Se generarían beneficiosas economías de escala. Automáticamente se elevaría la deuda a gestionar, el personal necesario para gestionarla sería inferior a los 8.000 funcionarios que hoy en día se encargan del asunto entre la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social y se liberarían recursos humanos para atender otras tareas.

Aumentaría la seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que las normas y criterios serían uniformes para todo tipo de deudas.

Los trámites y la capacidad de gestión serían más ágiles al existir una base de datos única que permitiría agrupar las actuaciones y, finalmente, los procedimientos de recurso, reclamación o pago de los contribuyentes se tramitarían ante un sólo órgano con el ahorro indirecto de costes que eso tendría para el sector empresarial.Problemas de integración

La integración, además, no tendría especiales dificultades de carácter operativo. De hecho, los inspectores auguran más resistencias desde el punto de vista político.

La razón es que la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria han tenido una relación bastante particular desde hace años. En realidad, más que cooperar han competido por cobrar antes que el otro las deudas que los contribuyentes mantenían por ellos.

Los esfuerzos de los sucesivos gobiernos por abrir cauces de cooperación, por otra parte totalmente razonables, entre uno y otro organismo han tropezado con resistencias por alguno de los dos colectivos, generando ciertas disfunciones operativas, que, eso sí, ni unos ni otros admiten en público.

Una desconfianza que esta propuesta agravaría, ya que la intención de los inspectores de Hacienda es que ese órgano único se construyera sobre los cimientos de la actual Agencia Tributaria.

Argumentos no les faltan para proponer tal cosa. La Agencia Tributaria gestiona el 58% de los ingresos tributarios estatales, mientras que la Tesorería General apenas recauda el 34%.

El número de contribuyentes que gestionan unos y otro es similar, pero los inspectores alegan que los de la Agencia tienen una procedencia "más variada", y el dato definitivo que enarbolan es que tanto la rentabilidad por euro invertido como la recaudación por funcionario es mucho mayor en la Agencia.

Conscientes de las dificultades políticas que puede acarrear el asunto, los inspectores plantean también una fusión suave, que no pasara por una integración total sino por compartir las bases de datos de unos y otros.