Que a los pensionistas que han acudido a las puertas del Congreso de los Diputados, o que han salido a las calles de media España a reclamar una pensión "digna" alguien les diga que están entre los más privilegiados de los países ricos, seguro que les provocaría un notable enfado. Las pensiones se han revalorizado un 0,25% en el último año, en el que los precios subieron al 1,2% en España, restando casi un punto de poder de compra a los jubilados. A esto se suma que, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hay siete comunidades autónomas donde su nómina mensual ni tan siquiera alcanza los 1.000 euros.
Frente a esta realidad, organismos como la OCDE (el llamado club de los países más ricos) aseguran que el sistema de pensiones español es de los más generosos de la organización y que los ingresos de los mayores de 65 años en España se encuentran entre los más elevados. La OCDE basa esta afirmación en el cálculo que hace de la tasa de reemplazo, es decir, de la relación entre la pensión y el salario.
Dice el organismo que un joven de 20 años que hubiera arrancado su carrera profesional en 2016 y que cubriese todo el periodo de cotización necesario para jubilarse, tendría en España una tasa de reemplazo del 82%, frente al 74% de Francia, el 71% de media en la Unión Europea, el 63% de la propia OCDE o a un porcentaje inferior al 60% en el caso de Estados Unidos o Alemania. Por delante de nosotros se situarían, por el contrario, países como Italia, Portugal, Holanda o Turquía.
Esta misma tesis la empleaba recientemente el director General de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel García Díaz, en unas jornadas organizadas por Funcas e Ibercaja. Según sus cálculos, de aquí a 2050 el Sistema deberá hacer frente al pago de casi 5 millones de pensiones más de los 9,57 millones que ya abona.
En nuestro país, el gasto en pensiones ronda el 12% del PIB, un porcentaje inferior al de nuestros socios de la UE porque otros países están enfrentándose antes a la jubilación de la llamada generación del baby boom.
Un modelo de revalorización único
El último informe Ageing Report elaborado por la Comisión Europea revela que España es el único país entre los Veintiocho que desvincula la subida de las pensiones de la de los precios y los salarios (de cada una de ellas o de ambas). Esto es así en virtud de la última reforma del Sistema, aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor en 2013.
En la mayoría de los países de nuestro entorno, además, se toma toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión, frente a los 25 años de España. Si bien, el Pacto de Toledo estudia ya propuestas que implicarían cambios importantes en este sentido.
El PP, por ejemplo, plantea elevar de forma voluntaria el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, que el trabajador con al menos 38 años cotizados pueda elegir los 25 mejores para realizar el cómputo de la misma e incluso eliminar de ese cálculo los 5 peores años, pero siempre que hablemos de trabajadores a punto de jubilarse, con carreras largas de cotización y que se hayan visto afectados por la crisis al final de las mismas. La Comisión se plantea, además, elevar al 0,5% el alza mínima anual de las pensiones.
A lo anterior se suma un hecho que constatan la mayoría de los informes: los pensionistas van a perder poder adquisitivo a causa de los últimos cambios en el sistema. Su cuantía pasa desde el 7% que prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de aquí a 2022; al 15% que calcula el sindicato Comisiones Obreras en la próxima década o a los 350 euros mensuales que estiman la patronal del seguro, Unespa, y Analistas Financieros Internacionales.
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