Los lobbies suspenden en transparencia e integridad en España

Madrid, 24 sep.- Los lobbies o grupos de influencia suspenden en España en transparencia e integridad, según un informe de Transparencia Internacional, que alerta de que la falta de regulación de los mismos eleva el riesgo de que caigan en prácticas "inadecuadas", como el tráfico de influencias o los sobornos.

Transparencia Internacional considera que la figura del lobby, entendida como grupo de presión en favor de determinados intereses, es "positiva" para el funcionamiento de la democracia, pero siempre que se desarrolle con "transparencia e integridad" y en un marco que garantice la inclusión de todos los segmentos de la sociedad.

Sin embargo, según los expertos que han participado en el estudio, los lobbies existentes en España suspenden en esos tres aspectos con una nota de 10 puntos sobre 100 en el caso de transparencia, de 35 puntos en el de la integridad y de 17 puntos en el de la igualdad de acceso.

Según los responsables del informe, presentado hoy en Madrid, en España no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace.

La legislación española prevé la participación de los ciudadanos y de algunas organizaciones -sindicatos, patronales, colegios profesionales o cámaras de comercio- en decisiones políticas bajo un "marco constitucional" y en defensa de los intereses generales.

En paralelo, existe otra realidad "informal" en la que "cientos de lobistas profesionales", empresas y grupos con interés diversos tratan de influir sobre los poderes ejecutivo y el legislativo "sin que existan normas que regulen su acceso, la información sobre sus contactos, los límites éticos a su labor o la mera constancia de las reuniones".

Por ello, existe una conciencia difusa de que ciertas grandes corporaciones y grupos de interés influyen de forma indebida (aunque no necesariamente ilegal) en la toma de decisiones políticas.

Esa falta de transparencia, integridad y de regulación adecuada, hace que la figura de lobby se asocie a la influencia indebida y a riesgos de corrupción, y que tenga una connotación negativa en el imaginario público.

Para mitigar estos efectos, Transparencia Internacional ofrece quince recomendaciones, entre las que destaca la creación de un registro de lobistas, en el que obligatoriamente deberían inscribirse todas las personas que ejercen lobby y que incluya no sólo a los parlamentarios nacionales, si no también a los regionales.

Además, los representantes públicos deberían hacer públicas sus agendas de trabajo y los contactos que mantienen con los distintos grupos de poder, y habría que elaborar un código ético que, además, estuviera vigilado por un organismo con capacidad sancionadora.

Transparencia Internacional aboga también por acotar y vigilar el trasvase de políticos hacia la empresa privada y viceversa, así como porque se hagan públicos todos los informes que dan pie a los cambios normativos y por prohibir que los partidos políticos se financien vía donaciones o que las entidades financieras les condonen deuda.