Los notarios españoles se han sumado a la labor en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. En el año 2005, el Ministerio de Economía optaba por crear el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), dos puntas de lanza del compromiso notarial en la lucha contra "esta lacra social", tal y como señalan los Notarios.
La lucha contra el blanqueo de capitales ha dado sus frutos. El OCP, desde su creación, ha remitido al Sepblac 5.157 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido 161.601 solicitudes de información de autoridades. De hecho, en el último año, han mandado al Banco de España 544 casos de supuesto delito de blanqueo o fraude fiscal y ha dado respuesta a 19.806 peticiones de información.
El OCP es la principal estructura del Notariado español para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica. Su creación ha permitido intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en este ámbito con las administraciones públicas y las autoridades judiciales y policiales. Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente.
El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria. El OCP, comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Sepblac, máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro.
El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, ha destacado que "el sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla". Además, Galindo ha añadido que "esta labor se realiza siempre con respecto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad".
El Consejo de la UE ha reconocido y puesto como modelo la pionera acción del Órgano Centralizado de Prevención en El Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera, prestando especial interés al uso de la tecnología en la lucha contra esta sofisticada criminalidad.
Del Índice Único Informatizado Notarial se derivan dos herramientas: la Base de Datos de Titular Real y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública. La primera permite a las autoridades públicas obtener el máximo rendimiento de la información recogida en el Índice Único Informatizado Notarial sobre titularidad de sociedades. Creada en 2012, su misión es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, un dato decisivo en la lucha contra este tipo de delitos en los que es habitual el uso de testaferros y sociedad pantalla.
En la Base de Datos de Titular Real del Notariado están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 2.000.000 de sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.
En estos cinco años jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado cerca de 3.500.000 de informaciones sobre los titulares reales, de cientos de miles de sociedades y organizaciones identificados en esta base.
La Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública tiene identificadas a más de 25.000 personas con responsabilidad pública y sus allegados. De las personas identificadas, cerca de 15.000 son personas de responsabilidad pública por elección o por designación (Altas instituciones del Estado, Gobierno y Administración Central, CCAA, Administración Local y directivos de empresas públicas) y 10.000 son allegados a estas personas por relaciones o por negocios.
El Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) entró en funcionamiento en 2007, para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.
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