Bruselas, 30 ene.- Los países que firmen el pacto para reforzar la disciplina fiscal tendrán derecho a solicitar directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones financieras a los que no consagren correctamente la "regla de oro" o techo de gasto en sus legislaciones o constituciones.
Así consta en el quinto y último borrador del pacto fiscal que los líderes europeos prevén respaldar hoy en la cumbre informal y al que ha tenido acceso Efe.
En la versión anterior, los Estados miembros que participan en el pacto -todos los socios europeos menos el Reino Unido- podían denunciar el caso ante la máxima instancia judicial europea, pero no pedir directamente una multa.
Sí estaba previsto que la Corte, en última instancia, pudiese imponer una penalización total apropiada para las circunstancias y que no excediera del 0,1 % del PIB del país incumplidor.
Esta es la principal novedad del documento sobre disciplina fiscal que los jefes de Estado y de Gobierno esperan acordar en su reunión de hoy con vistas a firmarlo en el Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo.
El acuerdo va dirigido a introducir la llamada "regla de oro" -por la cual se limita el déficit estructural anual al 0,5 % del PIB- con carácter vinculante en la legislación nacional, preferiblemente a escala constitucional.
Este nivel de exigencia se ha mantenido en las últimas versiones del texto, a pesar de que en un principio se pidió que el techo de déficit quedase reflejado en la Carta Magna de cada estado, lo que podía dificultar el proceso nacional de ratificación al requerir un referéndum.
España ya acordó introducir un límite del 0,4 % al déficit en la Constitución, antes de que se plantease la cuestión a nivel europeo, y ahora acaba de aprobar la ley presupuestaria que lo desarrolla.
Sobre las demás cuestiones que quedaban abiertas, como las sanciones por desviaciones de los objetivos de déficit, el nuevo borrador del pacto se mantiene sin cambios, es decir, que deja fuera los criterios de deuda como reclamaban países como Italia.
Otra de las cuestiones que siguen presentes en el borrador es la vinculación entre la firma del tratado y la concesión de ayudas, de manera que a partir del 1 de marzo, sólo los países en dificultades que hayan ratificado este acuerdo intergubernamental podrán recibir fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo permanente (MEDE).
Los líderes del euro se reunirán al menos dos veces al año para discutir cuestiones que les afecten, siempre sin perjudicar el funcionamiento del mercado único, e invitarán cuando lo estimen necesario y "al menos una vez al año" a los jefes de Estado y de Gobierno de países no miembros de la divisa única que hayan ratificado el Tratado.
Este punto planteaba un gran inconveniente para países del Este como Polonia, que reclamaban estar plenamente representados en estos encuentros.
Para la entrada en vigor del tratado, se mantiene la exigencia de la ratificación de al menos 12 países.
El acuerdo deberá además quedar reflejado en el Tratado de la UE en el plazo de cinco años.
El pacto fiscal deja abierta la puerta a la participación del Reino Unido si finalmente decide sumarse al acuerdo y, en esta última versión, facilita aún más ese posible acceso al no requerir la aprobación de su solicitud por las partes contratantes.
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