Los partícipes de Banif exigen 5.000 millones de euros

Casi dos años después de que estallara el escándalo de Banif Inmobiliario, los minoritarios continúan con su batalla judicial. A través de la plataforma Activa, liderada por el abogado Juan Manuel Moreno-Luque, piden 5.000 millones por daños y perjuicios en dos demandas contencioso-administrativas a la gestora Santander Real State y a Banco Banif como sociedad depositaria.

La primera de esta demandas, por la que se pide una indemnización de 4.000 millones de euros, se basa en la suspensión de los reembolsos a los partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario, que contó con la aprobación de la CNMV.

Esta decisión afectó a 43.000 partícipes del fondo, muchos de los cuales tachan de corralito su situación actual y acusan a Santander de haber utilizado información privilegiada para permitir a otros inversores salir del fondo antes del cierre, y de tasaciones irregulares apenas tres meses antes de tomar esta polémica decisión.

Se da la paradoja de que el informe de esta demanda consta de siete folios, de los cuales cinco son secretos. Otra curiosidad que denuncian los abogados de los participes del fondo es que la CNMV había dado su autorización 54 días antes de la comunicación oficial de la citada suspensión, el 16 de febrero de 2009.

La segunda demanda, por la que se piden 1.000 millones de euros de compensación, es por la venta del centro comercial Plenilunio antes de que cumpliera en cartera los tres años que exige la ley y cuya enajenación aprobó la CNMV. En este caso, la totalidad del sumario ha sido declarado secreto.

Querellas personales

Lejos de conformarse con denunciar los hechos, los abogados de los partícipes de Santander Banif Inmobiliario han puesto también demandas y querellas criminales a todo aquel que, en su opinión, podría haber participado en lo que Juan Manuel Moreno-Luque considera una estafa.

En primer lugar destaca una querella criminal contra Julio Segura, presidente de la CNMV, en el juzgado número 37 de Madrid por prevaricación en la autorización de la suspensión de reembolsos y en la autorización de la liquidación de activos del citado fondo.

Julio Segura también está llamado a declarar como imputado en el juzgado número 42 de Madrid por una demanda de la Asociación de Accionistas Minoritarios de La Seda, en la que le acusan de dejación de sus funciones de control, con perjuicio económico para los accionistas.

La querella interpuesta por los minoritarios de Banif todavía está pendiente de ser admitida a trámite. Pero, por el momento, los abogados que defienden a los partícipes del fondo ya han sido citados en el juzgado para depositar la fianza exigida, fijada en 10.000 euros.

Activa también ha interpuesto una querella criminal contra los gestores de Santander Banif Inmobiliario y han impugnado el Consejo de Ministros celebrado del pasado junio en el que se aprobó un cambio de reglamento que afectaba directamente a este vehículo.

Éste consistió en prolongar el periodo de liquidación de un fondo indefinidamente. Antes, primero se anunciaba y, a los dos años, si no se había conseguido liquidar todos los activos, éstos pasaban a manos de los partícipes. Si no se hubiera aprobado esta modificación, Santander Real Estate habría tenido que malvender los activos Banif Inmobiliario.

El papel de la CNMV

Respecto al papel del presidente de la CNMV, Moreno-Luque mantiene que "es un caso de desviación de poder y de corrupción sistémica por parte del presidente de la CNMV", al que acusa de haber tomado la decisión en unas horas.

Para el presidente de Activa resulta evidente que se puede suspender la devolución de un fondo por el bien de la continuidad del mismo y hasta que éste se recupere, pero lo que no se puede hacer es suspender la devolución de reembolsos y aprobar la liquidación del fondo.

Sin embargo, la decisión de Santander está amparada por la ley, ya que ésta permitía al banco tomar la decisión que terminó adoptando. Una realidad que Moreno-Luque intenta tirar abajo en los tribunales alegando que, en el fondo, Santander Banif Inmobiliario funcionaba como un negocio piramidal, cuyos más famosos ejemplos son Madoff y Afinsa.

Para sostener esta denuncia, asegura que el fondo no ha producido ningún beneficio real, sólo comisiones. Creado hace 14 años para comprar activos inmobiliarios y alquilarlos, Moreno-Luque denuncia que todos los ingresos en concepto de alquiler se iban en comisiones.

Según este abogado, que intenta derrocar la legalidad dentro de la cual operó el banco, se trata de una estafa porque, al no producir ningún beneficio real, los partícipes sólo lo son de las plusvalías latentes de los inmuebles, que, cuando toca vender, no se pueden enajenar.

Para sostener su argumento, Moreno-Luque señala que los reembolsos se pagan con suscripciones y ,en los últimos seis años sólo, ha generado pérdidas. Esto conllevó que, cuando se abrió la ventana (periodo en los que los partícipes de fondos pueden hacer efectivos los reembolsos) de febrero de 2009, no había suficiente liquidez y la gestora optó por suprimir los reembolsos.

Un argumento que, casi dos años después de estallar el escándalo, continua sin obtener ningún triunfo en los tribunales. Sin embargo, la guerrilla de Banif sigue pleitando y, cuanto más tiempo pasa, más batallas judiciales abre. Con querella contra el presidente de la CNMV incluida.