Las deuda de los consistorios puede superar los 40.000 millones, una cifra que representa en torno al 4% del PIB español. Para arreglar este agujero, los proveedores están dispuestos a pagar una parte de los intereses del crédito que concederá la banca para hacerle frente.
Pero, a cambio, exigen que se les reconozcan los de demora que les deben los ayuntamientos. Con este visto bueno, estarían dispuestos a aceptar rebajas.
Esta tarde, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno (que preside el mismo Mariano Rajoy) prevé cerrar el plan del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para conseguir que los ayuntamientos paguen de una vez las multimillonarias cifras que deben a sus proveedores. La idea es que el Consejo de Ministros lo corrobore mañana y complemente lo aprobado hace una semana.
A la espera de que los organismos locales desempolven todas sus facturas y se las entreguen al Ejecutivo, se da por hecho que el agujero oscilará entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros.
Una escalofriante cifra que el ministro de Hacienda quiere tapar vía créditos. Éstos los concederá la banca, previo aval del Estado, y los devolverán los ayuntamientos, a cambio de pagar una comisión que podría rondar el 3%, según las fuentes consultadas por lainformacion.com. Los proveedores cobrarían directamente de los bancos sin ningún recargo adicional.
Sin embargo, todo este plan puede venirse abajo si Montoro se niega a reconocer los intereses de demora que deben los ayuntamientos a sus proveedores. "En algunos casos, llevan tres años de retrasos", señalan desde una gran compañía de servicios.
Para hacerse una idea del impacto que suponen estos intereses, debe recordarse que, desde 2008, cuando los consistorios empezaron a multiplicar sus impagos, estos intereses han oscilado entre el 8% y el 11%. Si se aplica esta cantidad a los 40.000 millones de euros que, como término medio, se prevé que deban en total, estamos hablando de unos 4.000 millones sólo en intereses.
"Si Hacienda no los incluye en el plan, al ser voluntario, no acudiríamos y exigiríamos nuestra deuda, con intereses de demora incluídos, en los tribunales, donde ya nos han dado en varias ocasiones la razón", señala otro proveedor.
No obstante, las compañías saben que todos van a tener que ceder un poco y, después de haber dejado claro que no aceptarán quitas, son conscientes de que sí podrían negociar a la baja con esta otra parte de la deuda.
"El único margen de negociación son los intereses de demora, pero después de habérnoslo reconocido. Con ese acuerdo sobre la mesa, a la hora de cobrar, podríamos establecer rebajas", señalan desde las empresas.
Desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro se recuerda que el decreto no habla de intereses de demora, con lo que se da por hecho que no son parte de la negociación. El mensaje es que lo importante es que los proveedores cobren sus facturas pronto y no esperen más. A cambio, perder el recargo se considera un mal menor.
FCC, ACS, Ferrovial y Acciona son los principales perjudicados. Sólo entre las cuatro suman un agujero de 6.000 millones de euros. Si consiguen que se active el crédito para cobrarlo este año, tendrían prácticamente garantizado el cierre de un año existoso, ya que todo ese dinero iría a caja.
No obstante, son conscientes de que el cobro puede dilatarse hasta verano y, además, que éste será progresivo, es decir, que no se les pagará todo de golpe.
El papel de los pequeños
Desde otro de los colectivos de proveedores, el que representan los autónomos, el problema se centra en el impacto que puede tener sobre ellos la generalización de una quita sobre las facturas.
Sebastián Reyna, presidente de UPTA (asociación nacional de autónomos), considera, en primer lugar, que dicho descuento es "un mal menor", pero reclama que, por ejemplo, para los recibos de menos de 30.000 euros no se pueda realizar rebaja alguna, "ya que los pequeños debemos estar protegidos de alguna forma ante la subasta en la que se puede convertir el cobro de las deudas".
A este respecto, el decreto publicado contempla la posibilidad de añadir excepciones para pymes y trabajadores por su cuenta.
En cualquier caso, cualquier proceso abierto de descuentos puede convertirse en una subasta, ya que los distintos proveedores pueden pugnar por descontar sus facturas con tal de recibir el pago antes que nadie.
Otra de las apuestas que están en juego es el papel de los bancos en todo el mecanismo. Según ha explicado Hacienda, el crédito tendrán que firmarlo los ayuntamientos con el aval del Estado. En principio, los proveedores no deberían incurrir en ningún nuevo gasto, ya que el interés por el préstamo reacerá sobre la corporación local.
¿Y a cuánto será ese interés? Es otra de las negociaciones abiertas hasta el último minuto. Hacienda defiende un interés por debajo de la media del mercado. Descartados los créditos al consumo (que cuentan con un interés de más del 10%), los hipotecarios están alrededor del 4,5% y tampoco tiene mucho sentido que un préstamo avalado por el Estado (o por el Instituto de Crédito Oficial en su defecto) sufra más penalización que el de una vivienda.
Tampoco habría que olvidar que los bancos se financian al 1% en estos momentos del Banco Central Europeo, con lo que la horquilla estaría entre ese 1% y el 4%.
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