Los rescates en montaña, agujero negro para las arcas de las administraciones

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lo dejaba claro en su cuenta de Twitter el pasado 15 de julio tras ser rescatadas, después de 20 horas, tres espeleólogas perdidas en la cueva cántabra Cueto-Coventosa. “Gran alegría”, dijo, “pero atentos, no podemos estar todo el día gastando dinero público para aventureros/as”. El político cántabro puso el dedo en la llaga: las administraciones públicas se gastan todos los años millones de euros en rescates en zonas de montaña y, en la mayoría de ocasiones, las intervenciones son para rescatar a personas que no estaban preparadas para llevar a cabo la actividad al aire libre que estaban realizando -en el 80% según las diversas federaciones de montañismo y aventura, que se oponen por lo general al pago por los rescates-. 

Hay que tener en cuenta que un rescate por tierra cuesta en España una media de 450 euros y cuando hay que utilizar el helicóptero la cantidad se eleva a una cifra de entre 5.000 y 8.000 euros. De hecho, el Gobierno de Aragón, una de las regiones con mayor número de rescates, ha cuantificado en más de 2 millones de euros el gasto en 2018 por los cerca de 400 rescates realizados.

En principio, la Guardia Civil, el GREIM, (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil), no cobra por sus actuaciones, pero el resto de cuerpos de Protección Civil, como los bomberos, o algunas autonomías como Asturias, País Vasco, Cataluña, Navarra o Canarias sí lo hacen cuando se demuestra negligencia por parte de los ‘aventureros’. De hecho, quince de las diecisiete comunidades ya tienen ley de tasas para casos de rescates y solo la aplicación de la misma con criterios objetivos o subjetivos hace que el cobro efectivo se realice o no, dependiendo de dónde haya ocurrido el accidente.

De cualquier manera, la mayoría de rescates en nuestro país los lleva a cabo la Guardia Civil, que no cobra por sus actuaciones. Según los datos del cuerpo el Servicio de Montaña de la Guardia Civil, la Benemérita realizó desde el 1 de enero al 30 de junio de 2019 un total de 423 intervenciones, frente a las 391 realizadas el año anterior en el mismo período. En estos primeros seis meses se han rescatado 56 personas fallecidas, 270 heridos y 252 ilesos. En 2018, se llevaron a cabo en España un total 974 rescates en los que han sido recuperados los cuerpos de 103 fallecidos y se ha auxiliado a 588 heridos y 782 ilesos. Teniendo en cuenta que en la mayoría de estas actuaciones fue necesaria la utilización de helicópteros, se puede colegir que la ‘factura’ para el Ministerio del Interior ascendió a muchos miles de euros.

Viene a cuento este dato cuando esta misma semana han debido de ser rescatados cerca de 500 jóvenes, la mayoría 'scouts', en Castilla y León y Asturias, sorprendidos en plena montaña por las tormentas que azotaron buena parte de la Península. En concreto, particularmente significativo fue el rescate de 23 menores ‘scouts’ y dos monitores procedentes de Cataluña que salieron a hacer una ruta de montaña, se despistaron y tuvieron que ser rescatados en helicóptero por el Grupo de Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de Cangas de Onís (Asturias) tras pasar toda la noche al raso y al albur de la tormenta en medio del macizo de los Picos de Europa. Hasta nueve viajes tuvo que hacer el helicóptero del GREIM para poner sanos y salvos a los menores.

Para José Ignacio Amat, del comité de seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEMECV), los auxilios en montaña “no se deben cobrar”, pues ante estos pagos la gente arriesga más antes de pedir ayuda, lo que dificulta los rescates. Así lo indicaba hace unas semanas en el Congreso Internacional de Senderismo y Deportes de Montaña que se celebró en la Universidad Católica de Valencia (UCV). Amat señalaba que hacer pagar este tipo de rescates supone que las personas que sufren un accidente, al saber que pedir ayuda tiene un coste, tardan en solicitarla y solo lo hacen cuando se ven perdidas y sin opciones de llamar. "Entonces suele ser tarde, acudir se complica y las consecuencia suelen ser graves", agregó Amat, quien opina que con el debate sobre este asunto se dejan de lado cuestiones como las de la "eficiencia, eficacia, rapidez y profesionalidad de este tipo de servicios".

Alberto Ayora, también integrante del Comité, hablaba del trabajo conjunto entre administraciones, investigadores y expertos en montaña para la prevención de accidentes. "Cada vez más personas practican actividades en el medio natural y, de hecho, se deben incentivar desde edades tempranas. Acceder a la montaña ayuda a crecer como persona y como sociedad, pero hay que hacerlo de manera progresiva y tutorizada" porque “ir al medio natural sin una enseñanza previa y sin conocimiento del medio genera cada vez más accidentalidad, lo que nos preocupa como federación y debe preocupar a la Administración, porque conlleva recursos que se están gastando y accidentes fácilmente previsibles y evitables", afirmó.

La montaña como "parque temático"

La principal causa por la que se producen accidentes en la montaña es la inexperiencia de los ciudadanos, que acuden a ella y que la ven como un “parque temático”. “Más del 80% de los rescates son a los que se denominan turistas de montaña, aquellas personas sin experiencia que se aventuran a darse una vuelta por el campo”, relata Francesc Estorach, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), que cifra en un 80% los rescates de personas inexpertas, que se adentran en la montaña sin la preparación adecuada. Los senderistas son el grupo que requiere más intervenciones de los grupos de rescate.

El caso de quién debe de pagar los rescates en montaña ha llegado incluso a los tribunales y en octubre del 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sentenció, siendo la primera resolución de este tenor en España, que es “perfectamente legal” y “conforme a derecho" el cobro de rescates.

El asunto tuvo su origen en la factura, de 5.960,95 euros, que el Gobierno del Principado de Asturias envió a un montañero como consecuencia del rescate llevado a cabo por parte del Servicio de Emergencias de dicha administración, tras el accidente que sufrió mientras escalaba en la cara norte del Naranjo de Bulnes en el mes de octubre de 2016.

La sentencia defendía su postura argumentando que toda prestación de un servicio público puede llevar aparejado el cobro de una tasa: "No se impone por la práctica de ninguna actividad deportiva sino por un servicio que se presta: el de rescate y salvamento de las personas que se encuentran en una situación de peligro para su vida o integridad por la realización de una actividad de riesgo". Igualmente, el juzgado sostenía que será la administración quien decida qué cuerpo de salvamento (112, Guardia Civil) intervendrá en la operación: "Conviene precisar, entonces, que una vez que se presenta una situación de peligro, vulnerabilidad, amenaza, emergencia o catástrofe no existe un derecho del particular a elegir qué servicio le tiene que atender (...). El ciudadano tiene derecho a ser protegido y atendido por las Administraciones Públicas en caso de catástrofe (art. 5.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) pero, en cualquier caso, son las Administraciones las que, tras evaluar la situación, deciden la respuesta que debe darse".

Sea como fuere, los rescates en montaña son un auténtico agujero negro económico para las administraciones que, en ocasiones, solo se ve paliado cuando el accidentado suele estar federado en las diferentes federaciones de montaña y aventura, ficha que suele llevar aparejada un seguro de accidentes, aunque las personas que van a la montaña ‘aseguradas’ sean las menos y normalmente sean los más expertos. Estos seguros federativos suelen incluyen los gastos de traslado o evacuación del accidentado desde el lugar del accidente hasta el centro hospitalario, aunque también hay pólizas que excluyen la cobertura en aquellos casos en que el rescate, búsqueda o salvamento haya tenido lugar como consecuencia de una imprudencia del asegurado.