Crece más de un punto

La lucha del Gobierno contra el contrato temporal no llega a los ayuntamientos

Los planes de consolidación no llegan al ámbito local, donde la oferta de plazas públicas se limita a los puestos administrativos o de policía local, mientras que para el resto de servicios se usa personal eventual. 

Yolanda Díaz
La lucha del Gobierno contra el contrato temporal no llega a los ayuntamientos.
Europa Press

Uno de los objetivos del Gobierno de coalición a su llegada a la Moncloa fue cambiar la pauta del mercado de trabajo español, marcado por una pronunciada temporalidad y estacionalidad, y que no terminaba de recuperarse de los estragos de la crisis financiera. Sin embargo, la precariedad no se reducía solo al sector privado, sino que la senda de recortes y el envejecimiento de las plantillas también había dado paso a esta problemática en el sector público. Por ello, antes incluso de aprobar la sonada Reforma Laboral, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez sacó adelante la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Aunque más de un año y medio después sus conquistas han sido reducidas, según trasladan los sindicatos mayoritarios del sector público a La Información. 

Los datos arrojados por la última Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que la temporalidad se ha situado en el 30,2% en las Administraciones Públicas, frente al 14,8% del sector privado, es decir, la duplica. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) denuncian que los efectos del plan de estabilización, vinculado a la normativa aprobada en 2021 han sido mínimos, puesto que a finales de ese mismo año un 31% de la plantilla tenía un contrato temporal, mientras que en ejercicios anteriores el porcentaje era inferior al actual, 29,9% en 2020 y 27,8% en 2019. "Se ha cumplido muy poco, falta personal y hay disparidad de criterios en el territorio", señala Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO en conversación con este diario. 

La temporalidad solo aumenta en el ámbito local

El representante sindical explica que la precariedad está extendida en los diferentes niveles de la Administración, pero mientras la General del Estado (AGE) ha reducido la temporalidad hasta el 2,55% -tras un pequeño descenso de 0,51 puntos en el último periodo reflejado en el Registro-, la autonómica solo lo ha hecho en 0,83 puntos porcentuales resultando en un 34,1% de personal interino y eventual. En el ámbito local, en cambio, se sitúa en el 14,8%, sin embargo, los trabajadores han observado una tendencia preocupante, que al contrario que en los casos anteriores, la temporalidad aumenta en los puestos que desarrollan las competencias de los ayuntamientos. En la comparativa interanual se ha elevado en un 1,01 puntos.

En este nivel de Gobierno, el recurso a los contratos eventuales está generalizado, explica Deleito, en el 75% de ayuntamientos que tienen un tamaño reducido la oferta de funcionariado se reduce a ocupar las vacantes de policía local, cuerpo de bomberos o personal administrativo, mientras el resto de servicios como la limpieza, la recogida de basuras o el mantenimiento de las instalaciones deportivas se externalizan o se cubren con profesionales que cuentan con un contrato temporal. Para USO la mayoría de equipos de Gobierno han seguido la lógica de no convocar nuevas plazas de funcionariado para contraer el gasto público, lo que se traduce en un perjuicio de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. 

La ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera aprobada en 2012 establece que las corporaciones locales "deben mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario", lo que ha llevado a los ayuntamientos de todo el territorio a realizar ajustes que no han reparado las bajas generadas por el envejecimiento de los equipos. Para Deleito, la situación en el medio plazo es apremiante por el importante volumen de funcionarios que pertenecen a la generación de los 'babyboomers' y se jubilará en los próximos años. 

"Más de la mitad de las plantillas superan los 55 años"

En este sentido, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) demandó que los Fondos Europeos se destinasen a elaborar un Plan Estratégico de Recursos Humanos que, además de reforzar las plantillas, llevase a cabo una proyección de la gente que se va a jubilar en el medio plazo, explican desde el sindicato. En 2020 CSIF calculó que más de la mitad de las plantillas de la función pública superan los 55 años, "se tienen que tomar decisiones estructurales muy importantes de aquí a cinco años, porque si no el Estado de Bienestar y los servicios que prestamos van a colapsar", aseguran. 

La norma de medidas urgentes aprobada en 2021 concedía hasta diciembre de 2024 para resolver las convocatorias públicas necesarias para atajar estas cuotas de temporalidad, por lo que por el momento los exámenes se encuentran solo en la fase de diseño. No obstante, desde la asociación sindical demandan al Gobierno que rinda cuentas e informe del estado de las oposiciones. Además, recalcan que más allá de la precarización del sector, los profesionales públicos demandan un reconocimiento de su labor por parte de los poderes públicos y la ciudadanía. 

Elecciones locales y autonómicas

"Nos tememos que aumente el conflicto en los próximos meses", aseguran fuentes de CSIF, haciendo referencia a las demandas de los profesionales sanitarios que representan la cúspide de una larga lista de trabajadores públicos en protesta, que abarca desde el ámbito de la educación hasta los inspectores de trabajo. Los empleados del sector público no ignoran que los próximos meses estarán marcados por un cruce de propuestas de los diferentes partidos políticos, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el 28 de mayo. Al tiempo, que no se puede descartar que algunos gobernantes hagan movimientos en este sentido, con el objetivo de atajar la situación o rascar algunos votos. 

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