Bruselas, 10 dic.- Luxemburgo cuestionó hoy la manera en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha conseguido los documentos publicados sobre las ventajas fiscales que ha concedido a multinacionales, pero admitió que esta práctica puede ser puesta en duda desde el punto de vista ético.
En una segunda ronda de revelaciones, el ICIJ publicó anoche que el gigante del entretenimiento Walt Disney y la empresa química Koch Industries, así como otra treintena de multinacionales como Skype, ahora parte del gigante informático Microsoft, aprovecharon los denominados "tax rulings" para reducir al mínimo sus impuestos.
"Como con la anterior publicación de "LuxLeaks" (hace un mes) la manera en que estos documentos fueron obtenidos es altamente cuestionable", señaló el Ministerio de Finanzas del Gran Ducado en un comunicado.
La primera filtración reveló acuerdos fiscales entre Luxemburgo y casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellos Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank, que permitieron a las empresas rebajar drásticamente sus impuestos.
"Los documentos ahora revelados no difieren fundamentalmente de aquellos publicados unas semanas atrás y, como hemos dicho en varias ocasiones, Luxemburgo coincide en que la legitimidad de ciertos instrumentos, que cumplen la legislación internacional y nacional, pueden ser puestos en duda desde un punto de vista ético", afirmó el Gobierno luxemburgués.
La práctica de los "tax rulings" es legal, confidencial y permite que las empresas soliciten por adelantado a la administración del país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar, obteniendo además ventajas fiscales.
En otro documento, el Gobierno de Luxemburgo asegura que para poder beneficiarse de estas decisiones fiscales las empresas tienen que demostrar que tienen una "sustancia económica apropiada" y que tienen una "actividad verdadera" en Luxemburgo con oficinas, gestores activos y reuniones de accionistas en el Gran Ducado.
No obstante muchas empresas tienen sociedades pantalla o solo un buzón para obtener esas ventajas fiscales, como ha revelado el ICIJ, porque varios edificios albergan entre 1.300 y 1.600 empresas "con poco más que un letrero" o "un buzón".
Luxemburgo reiteró además que se trata de un problema internacional y no exclusivamente del Gran Ducado y que se debe a los diferentes regímenes fiscales existentes en los países y a la aplicación de los acuerdos que impiden la doble imposición.
"La comunidad internacional en su conjunto se enfrenta a la responsabilidad de adaptar las regulaciones internacionales a las realidades actuales y Luxemburgo apoya activamente las iniciativas europeas e internacionales, incluidas las sobre los 'tax rulings'", recalcó.
Éstos, explicó el Gran Ducado, son concedidos por la autoridad fiscal de Luxemburgo y "no son ni contratos ni acuerdos mutuos. Son decisiones unilaterales por parte de la autoridad fiscal y no son, y nunca han sido, secretos".
"En Luxemburgo, al igual que en la mayoría de los demás países, las decisiones fiscales no se hacen públicas sino que están sujetas a la misma confidencialidad que se aplica a toda la información sobre la situación fiscal de una persona física o jurídica", agregó.
Además, aseguró, Luxemburgo intercambia información sobre las decisiones fiscales con otros países si recibe una solicitud y respalda la idea de la Comisión Europea (CE) de presentar rápidamente una directiva que introduzca el intercambio automático de información sobre los "tax rulings".
Luxemburgo ha entregado ya a Bélgica los acuerdos sellados con empresas belgas en el marco del escándalo "Luxleaks" tras recibir una solicitud del Ministerio de Finanzas.
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