Macri ante el desafío de iniciar con ajuste su gobierno en Argentina

  • A diez días de asumir como presidente argentino, Mauricio Macri y su entorno anticiparon medidas económicas de impacto que incluyen rebajas impositivas a las exportaciones, liberación del dólar y alzas de tarifas de servicios básicos.

En la catarata de medidas que se esperan a partir del 10 de diciembre, una de ellas tiene el propósito de seducir al sector agroexportador que aporta en conjunto unos 25.000 millones de dólares anuales.

De esa cifra, el mayor peso lo tiene la soja, cultivo que cubre el 60% de la tierra fértil del país y cuya exportación tributa un 35%.

Argentina, tercera economía de América Latina, es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el cuarto proveedor global de maíz.

El designado ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile, exrepresentante de patronales agropecuarias, confirmó rebajas impositivas para la soja y la eliminación para trigo y maíz.

"Las retenciones a las exportaciones de soja van a bajar 5% desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Lo que estamos viendo es cuál va a ser la metodología que se va a utilizar", dijo en varias entrevistas.

El plan es reducir el impuesto en 5 puntos por año con el objetivo de eliminarlo al cabo de siete.

La medida tiene el propósito de sosegar los reclamos del sector que aguarda un horizonte propicio para liberar unos 8.000 millones de dólares por exportaciones en granos.

Esas divisas se esperan como maná del cielo para engrosar las reservas del Banco Central de unos 25.700 millones de dólares, menguadas tras pagos de deuda por 6.000 millones y una suma similar por ventas a ahorristas en los últimos meses.

Macri prometió poner fin a las restricciones cambiarias que rigen desde 2011, apenas asuma, aunque no ha sido del todo claro sobre cómo y cuándo lo hará.

El objetivo es unificar la cotización del peso que roza los 9,70 por dólar en el mercado oficial, pero se acerca a los 15 pesos en el paralelo al calor de limitaciones cambiarias y de una inflación que ronda el 30% anual.

"El desafío es volver a poner la economía en marcha, no quedan reservas y el cepo no tiene sentido, destruyó las economías regionales, las exportaciones y buena parte de la industria", enfatizó el economista Alfonso Prat-Gay, antes de ser confirmado la semana pasada ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Macri.

Levantar el 'cepo' al dólar, que incluye la restricción al giro de divisas, conlleva previsiblemente una devaluación que impactaría en la inflación y la pérdida de reservas por un monto difícil de estimar.

Para avanzar en la aprobación de un paquete de medidas económicas, el futuro gobierno prevé convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de diciembre o la primera de enero, anticipó a radio Del Plata el diputado Pablo Tonelli, del Pro (Propuesta Republicana), el partido de derecha que lidera Macri.

El designado ministro de Energía, Juan José Aranguren, expresidente de la petrolera angloholandesa Shell, anticipó subas de tarifas para los servicios de electricidad y gas, aunque prometió sostener subsidios para sectores desfavorecidos.

El gobierno electo considera que se deben reducir o eliminar subsidios a las tarifas de transporte, electricidad, gas y agua potable debido a su peso en el gasto público.

"Tenemos que ir a un sistema (de tarifas) que sea sostenible en el tiempo y en el que se recuperen costos de la generación, producción, transporte y distribución", dijo Aranguren.

"Haremos un cruce de información sobre el poder adquisitivo, capacidad contributiva y consumo energético para estar seguros de que no vamos a afectar a aquéllos que no están en condiciones de pagar más", prometió.

El déficit energético es otro de los problemas que enfrentará el nuevo gobierno con el verano austral a poco de comenzar, cuando los apagones son frecuentes.

Frente a los anuncios de aumentos de tarifas, ya empezó el remarcado de precios, sobre todo en alimentos.

En este marco de ajuste y eventual devaluación, la pérdida del poder adquisitivo del salario es una papa caliente para un gobierno liberal de derecha cuya alianza con el mundo sindical aún está en pañales.

El designado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, propició reuniones con los principales dirigentes sindicales.

La cartera es garante de acuerdos salariales anuales entre trabajadores y empresas para paliar la inflación y sostener el consumo, vital en los 12 años de kirchnerismo.

"Les vamos a pedir a todos los sectores que a la hora de negociar (salarios) tengan en cuenta el proceso productivo. El tema central va a ser la productividad", adelantó sobre el espíritu del nuevo gobierno.

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