Cuando termine este año, España habrá dedicado a pensiones unos 145.000 millones de euros, el 40% del gasto público y al menos 5.000 millones más que en 2017. El Estado dedica a esta partida en torno al 11% del PIB, un porcentaje que dista aún del 14,4% que se emplea de media en los países de nuestro entorno, que ya están teniendo que hacer frente al retiro de la llamada generación del babyboom.
En el caso de España, la Seguridad Social debe hacer frente a un déficit que ha alcanzado la cifra récord de 18.800 millones. Este agujero en las cuentas del Sistema, sumado al envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la situación más precaria de quienes se incorporan al mercado de trabajo plantea el cada vez más recurrente dilema sobre la "sostenibilidad". Para resolverlo todos los expertos coinciden en la necesidad de aprobar reformas de calado o "radicales", que diría el Gobernador del Banco de España, aunque unos y otros difieren en las recetas.
El último en pedir al Gobierno una vuelta de tuerca al Sistema ha sido el propio Luis María Linde, quien apuesta por separar las pensiones contributivas de aquellas que no lo son y por abonar estas últimas vía impuestos. Esta medida debiera ir acompañada, a su juicio, por medidas en el ámbito del empleo y para elevar la productividad.
Recientemente fue la organización de los países más ricos, la OCDE, la que dio un toque de atención a España. En su último informe Pensions at a glance advertía de que en 2050 habrá en nuestro país 76 jubilados por cada 100 personas en edad de trabajar, lo que nos situará solo por detrás de Japón en lo que a envejecimiento de la población se refiere. Entre otras iniciativas, el club de los países desarrollados apostaba por levantar las restricciones para poder cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando.
La OCDE, que sí ve positivo el factor de sostenibilidad que entrará en vigor a partir del año próximo y que vinculará la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida, cree que los sistemas de capitalización deberían cobrar más relevancia en el retiro final que perciba el trabajador.
Esta misma semana en el blog de Funcas el director de Coyuntura, Raymond Torres, ponía sobre la mesa las posibilidades que ofrecen tres modelos bien distintos. Uno de ellos es el sueco, donde la edad de jubilación depende de la evolución demográfica, lo que incentiva a los trabajadores a ajustar sus decisiones de ahorro y de participación en el mercado laboral.
Otro el de Japón, que contempla la posibilidad de “comprar” años de cotización, lo que "también abre oportunidades para reaccionar ante cambios económicos o poblacionales". Igualmente, Torres apunta al método más flexible de Bélgica, donde un organismo con representación tripartita diseña el sistema, adecua las cotizaciones y el nivel de prestaciones a la evolución demográfica y de evalúa, además, la puesta en marcha de las reformas.
Desde Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz se decanta por un sistema de cuentas nocionales de contribución definida, como el que ya existe en Italia, Suecia, Polonia o Letonia. En su informe Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones, el profesor explica que estas cuentas actúan como un apunte contable: la pensión de jubilación del trabajador se calcula en función de lo que aporta durante toda su vida, de ciertas reglas que tienen en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación y de variables económicas como la ratio entre cotizantes y jubilados o el crecimiento del PIB.
Al mismo tiempo, Conde-Ruiz ve necesario que los futuros pensionistas conozcan con cierta anticipación cuál será la pensión que van a recibir, que ésta esté protegida frente al aumento de la inflación o que el acceso a la jubilación sea flexible.
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