Sin crisis política Cataluña tardaría aún 30 años en bajar su deuda al 13% exigido

Sin tensiones políticas de por medio, Cataluña tardaría al menos 30 años en rebajar su nivel de deuda hasta el objetivo del 13% que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la misma situación se encuentran Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Así lo constata la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último observatorio de deuda, en el que adelanta a 2035 el momento en que España habrá reducido su pasivo al 60% del PIB.

No obstante, el fiscalizador advierte de que a medio plazo (de aquí a 2020) un alza de la prima de riesgo en 200 puntos básicos supondría un incremento en la carga de la deuda de unos 15.000 millones de euros. Esto implicaría que para el horizonte de 2030 el nivel de deuda en relación al PIB no bajaría del 75% en España. Si a esto se sumase una desaceleración del PIB de un punto, la deuda dejaría de reducirse y se quedaría en el entorno del 95%, "con serios riesgos" para su sostenibilidad.

En concreto, Cataluña acumula una deuda de 76.726 millones (el 35,4% del PIB) de los que 52.500 millones se los debe directamente al Estado por la vía del Fondo de Liquidez Autonómico. Con todo, la región más endeudada en relación a su riqueza es la Comunidad Valenciana (41,8% del PIB y 44.975 millones de euros). Por el contrario, las autonomías mejor situadas son Cantabria, Madrid y País Vasco. Las tres serían capaces de reducir a ese límite del 13% su endeudamiento en un plazo de 50 años.

La deuda del conjunto de las administraciones cerró en el 99,8% del PIB en el segundo trimestre, según los datos del Banco de España, es decir, en 1,13 billones de euros (apenas una décima por debajo de como se situó entre enero y marzo).

En el segundo trimestre de 2017, el conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,9% del PIB (819.530 millones de euros), ligeramente inferior a la del trimestre previo. En el caso de las comunidades autónomas, su ratio de deuda ha superado, por primera vez, el 25% del PIB español (285.900 millones de euros), mientras que la de los ayuntamientos se mantuvo en el 2,8% del PIB (32.410 millones de euros).