Los de 2017 se aprobaron en junio

Montoro retrasa los Presupuestos hasta Semana Santa por los comicios del 21-D

El Gobierno paraliza la negociación presupuestaria por las elecciones del 21D. El PSOE presentará en los próximos días unas Cuentas alternativas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro / EFE

Las elecciones de Cataluña van a retrasar, aún más, los Presupuestos Generales del Estado para 2018. En el Ministerio de Hacienda han paralizado todas las negociaciones para después del 21D. Más tarde vendrá la tramitación parlamentaria, por lo que en el calendario que maneja el ministro Montoro se contempla que todo se aplace hasta la Semana Santa, ya bien entrado el año.

En Hacienda son claros sobre los PGE: "Unas elecciones en las que nos jugamos tanto paralizan todo; no vamos a estar negociando los Presupuestos durante la campaña electoral". Consideran que aprobar los Presupuestos de 2018 antes de fin de año es "un sueño", de ahí que el calendario para arrancar la tramitación esté ya fijado en los inicios del año que viene, una vez superado el 21D.

Será entonces, ya en enero, cuando Montoro presente sus cuentas en el Congreso y dé el pistoletazo de salida a toda la negociación. No se descarta, incluso, que tras superar el trámite de enmiendas y la negociación en el Senado el visto bueno al proyecto de ley se produzca a lo largo del mes de abril. A la hora de calcular los tiempos el ministro de Hacienda es un experto, como ha demostrado a la hora de negociar el techo de gasto, por ejemplo.

El Gobierno, por tanto, centrará todos sus esfuerzos en las próximas siete semanas en las elecciones catalanas. El objetivo es derrotar a los independentistas, de forma que los Presupuestos de 2017 se prorrogarán durante, al menos, los primeros meses de 2018, según indican fuentes de Hacienda. Hay que tener en cuenta, además, que en estos momentos hay en marcha una negociación para reformar la financiación autonómica, lo que también complica la situación.

El ejemplo de los PGE de 2017

A Montoro le gusta poner como ejemplo la tramitación de los Presupuestos de 2017 para explicar que este 2018 podría darse un calendario parecido. Las cuentas que a día de hoy se encuentran en vigor se aprobaron en junio del año en curso y, según Hacienda, "tampoco pasó nada". Aprobando los PGE de 2018 el Gobierno de Rajoy se garantizaría su continuidad hasta 2020, cumpliendo con la estrategia con la que se presentó a la investidura (en 2019 solo tendría que prorrogar los de 2019 y en 2020 se celebrarían las generales).

El único problema que acarrea un retraso en los PGE del próximo año es que todas las medidas contempladas en ellos entrarán en vigor con retraso: la rebaja fiscal, la subida de sueldo a los funcionarios, la reducción del IVA al cine, la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía con otros cuerpos o la mejora de la aportación al sistema de dependencia tampoco entrarían en funcionamiento el 1 de enero.

Los Presupuestos alternativos del PSOE

El PSOE, por su parte, tiene previsto presentar en los próximos días unos Presupuestos alternativos para demostrar que el Gobierno puede hacer algo más en la política fiscal, por ejemplo. Es el equipo dirigido por Manuel Escudero, secretario del Área de Política Económica y Empleo de Ferraz, quien está ultimando este trabajo. Esta iniciativa de los socialistas invita a pensar que no apoyarán el proyecto de ley de Montoro y que a Rajoy solo le queda la vía del PNV.

En el proyecto inicial de los socialistas se contempla una reforma de la tributación en IRPF de las rentas de capital, elevando sus tipos y aproximándolos a los de las rentas de trabajo para los tramos más altos del impuesto, con un diseño de la reforma que afectaría solo al 10% de los contribuyentes con más renta, y que aumentaría los ingresos fiscales en casi 1.200 millones.

De los 25.000 millones de euros de base liquidable por tributación de rentas del capital declarados en el IRPF, más de un 30% se concentran en los contribuyentes con rendimientos de todo tipo superiores a 150.000 euros anuales. Desde el PSOE no ven justo que este perfil de contribuyentes tribute a un tipo máximo del 23%, frente a los tipos medios de IRPF que tributan las rentas provenientes del trabajo.

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