Hasta el año 2015 los contribuyentes no residentes en España obligados a tributar por el Impuesto de Patrimonio, principalmente españoles residentes en el extranjero y extranjeros titulares de bienes o derechos situados en territorio español o que han adquirido la residencia fiscal, tenían la obligación de tributar según la normativa básica fijada por el Estado. Ese año la cosa cambió. El Gobierno de Mariano Rajoy modificó la norma para que los no residentes con residencia en la Unión Europea o en algún país del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), pudieran optar por acogerse a la normativa específica de la comunidad autónoma donde radicara la mayor parte de su patrimonio, en lugar de tener que tributar por ley según lo dispuesto en la normativa estatal como venía sucediendo hasta esa fecha.
La maniobra tuvo consecuencias, que el nuevo equipo del Ministerio de Hacienda con María Jesús Montero a los mandos no tardó en detectar. El análisis de los datos del Impuesto de Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2015, publicado ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, detectó que el 65% del incremento potencial de recaudación generado por ese cambio legal se concentró en la Comunidad de Madrid, precisamente por el efecto de la bonificación del 100% en la cuota vigente en la región. No era poca cosa. Ese año los derechos generados por el impuesto se incrementaron un 13,2% y las cuotas bonificadas por la Comunidad de Madrid lo hicieron más de un 20%, fenómenos ambos que Hacienda atribuyó en parte a este relevante cambio legal.
Al cierre de ese ejercicio ya se contaban por medio centenar los contribuyentes extranjeros con bienes y derechos en España que decidieron tributar según la normas fiscales de la Comunidad de Madrid y se beneficiaron por tanto de la bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto vigente en la Comunidad de Madrid consiguiendo un ahorro medio de 28.903 euros, lo que equivale a un patrimonio declarado de alrededor de cuatro millones de euros. Desde entonces el colectivo no ha dejado de crecer.
La Agencia Tributaria no proporcionó en 2016 datos sobre los contribuyentes no residentes que se beneficiaron de las bonificaciones fiscales vigentes en el Impuesto de Patrimonio, básicamente la del 100% sobre la cuota en la Comunidad de Madrid y la existente en La Rioja, pero en 2017 ya eran 68 los grandes patrimonios extranjeros que se libraron de pagar Patrimonio y los datos de 2018, que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda, elevan ya a 87 la cifra de los no residentes que esquivan el pago de Patrimonio, amparados en las ventajas fiscales que reconoce básicamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los datos publicados por la Agencia Tributaria subrayan que no estamos hablando de contribuyentes que han construido un pequeño patrimonio y que han entrado dentro del perímetro que les obliga a tributar por el Impuesto de Patrimonio, sino de grandes inversores y fortunas que bien por una cuestión de oportunidad o de planificación fiscal han localizado sus bienes y derechos en Madrid. La cuota media ahorrada por este casi un centenar de contribuyentes asciende a 79.150 euros, según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, lo que equivale a un patrimonio declarado en el entorno de los 10 millones de euros.
La cifra contrasta poderosamente con la foto que resulta de sumar todos los no residentes que tributan por Patrimonio, incluidos los ciudadanos naturales de España que residen en el extranjero pero tienen su patrimonio en territorio español y los no residentes que han ubicado en España su domicilio fiscal. Éstos llegan ya a 6.843 y en conjunto aportan a las arcas de las diferentes comunidades autónomas 46,4 millones de euros en ingresos. La cuota media de éstos es significativamente inferior a la de los que se benefician de la bonificación fiscal vigente en la Comunidad de Madrid: es de 6.785 euros, equivalente a un patrimonio de unos dos millones de euros.
Los despachos de asesoría fiscal confirman que Madrid se ha consolidado como el destino predilecto de los inversores y ejecutivos foráneos que vienen a España, y en buena medida esto ha sido así gracias a su favorable sistema fiscal. La información de Hacienda revela que el incremento de los contribuyentes no residentes en el Impuesto de Patrimonio se ha debido sobre todo al incremento de la inversión inmobiliaria en sus manos que ha pasado de 5.871 millones de euros en 2015 a 9.408 millones de euros en 2018.
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