Un dato sorprendente. Las 16 comunidades autónomas que en el año 2017 cobraron el Impuesto de Patrimonio -este año 2019 La Rioja ha decidido eliminarlo por completo como ya hizo la Comunidad de Madrid hace años- obtuvieron una recaudación agregada de 1.111 millones de euros de un colectivo total de 175.418 contribuyentes. En ese mismo ejercicio la Comunidad de Madrid generó un volumen de derechos por ese impuesto por una cuantía prácticamente idéntica, 1.008 millones de euros, pero no ingresó ni un solo céntimo en sus arcas de los 19.285 contribuyentes obligados sobre el papel a pagarlo debido a la política de bonificar el 100% de la cuota del mismo que aplica desde hace años. Ésa es la estrategia fiscal que los gobiernos de la Comunidad de Madrid viene aplicando desde los tiempos de Esperanza Aguirre y los datos que año tras año proporciona la Agencia Tributaria parecen demostrar que sus resultados para la prosperidad de la región no son negativos.
En los cuatro ejercicios fiscales transcurridos entre 2014 y 2017, que enmarcan el periodo más intenso de la recuperación económica de España, el número de contribuyentes que declaran poseer bienes y derechos por un valor superior a los 30 millones de euros se ha incrementado en más de un centenar, desde los 508 que Hacienda tenía en su radar en 2014 hasta los 611 que figuran en las bases de datos de las declaraciones del Impuesto de Patrimonio correspondientes a 2017. Las estadísticas de la Agencia Tributaria no aportan datos individuales de contribuyentes, pero sí permiten percibir los flujos y lo que indican éstos es que todo ese incremento de 'ultrarricos' se ha localizado en la Comunidad de Madrid. Mientras en el resto de España la cifra de contribuyentes que declaran un patrimonio superior a 30 millones de euros se estancó en 205 en el periodo, en la Comunidad de Madrid se disparó un 34% desde los 303 de 2014 a los 406 que reflejan los datos de 2017 que acaba de hacer públicos la Agencia Tributaria.
La cifra de fortunas 'súpermillonarias' residentes en la Comunidad de Madrid ya duplica a las que residen en el resto de España y su patrimonio declarado a Hacienda (más de 406 millones de euros) casi triplica los 127 millones de euros que declaran las grandísimas fortunas de otros territorios. El fenómeno es especialmente significativo en ese segmento, pero también se percibe de manera evidente en los patrimonios de entre seis y 30 millones de euros, cuya evolución en la Comunidad de Madrid (+14,35%) ha sido mucho más dinámica que en el resto de España (+8%).
Un informe publicado en el año 2017 por investigadores de Fedea concluyó que más del 60% de los cerca de 4.500 contribuyentes pertenecientes al selecto grupo del 1% más rico del país que cambiaron su residencial fiscal entre 2006 y 2012 acabaron en la Comunidad de Madrid y que uno de los principales factores que explicaba este movimiento centrípeto fue el entorno fiscal más favorable que encontraban en la capital.
Los datos que proporciona la Agencia Tributaria son reveladores en este sentido. Los contribuyentes residentes en la Comunidad de Madrid con patrimonios declarados superiores a 30 millones de euros se ahorraron de media 984.242 euros en 2017 gracias a la bonificación del 100% sobre la cuota del Impuesto de Patrimonio que en 2017 estaba operativa en la Comunidad de Madrid, y solo en la Comunidad de Madrid. Es decir, que una gran fortuna que hubiera decidido trasladar su residencia desde otra comunidad para fijarla en la Comunidad de Madrid y cumpliera los requisitos establecidos por la ley se podría ahorrar en torno a un millón de euros anual en su factura fiscal por irse a vivir a la región capitalina.
Eso en el caso de los llamados 'ultrarricos', pero es que un gran patrimonio que declare bienes y derechos de entre seis y 30 millones de euros se ahorraría 110.162 euros en su factura fiscal; y los patrimonios de entre 1,5 y seis millones cerca de 20.000 euros (ver gráfico).
La polémica reforma de Cristóbal Montoro
Hay más factores que explican esta concentración de 'ultrarricos' en Madrid. Uno no irrelevante es la reforma de la Ley del Impuesto de Patrimonio aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2014, que habilitó a los declarantes del Impuesto de Patrimonio residentes en la UE o en país del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza) a optar a partir del 1 de enero de 2015 por realizar su declaración acogiéndose a la normativa específica de la comunidad autónoma donde radicara la mayor parte de su patrimonio, en lugar de tener que tributar por ley según lo dispuesto en la normativa estatal como venía sucediendo hasta esa fecha.
La medida, aparentemente inocua y que pasó desapercibida, abrió una puerta para que cientos de grandes fortunas aprovecharan la favorable legislación de la Comunidad de Madrid para evitar el pago del Impuesto de Patrimonio, que hasta ese ejercicio fiscal tenían que realizar según la normativa estatal. El fenómeno fue detectado por la Dirección General de Tributos que en su informe sobre el impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 -el primero en que se aplicó este marco legal- detectó un inusual incremento del 13% en el patrimonio declarado y admitió que "los contribuyentes que optaron por esta posibilidad, si bien les podía resultar una cuota íntegra mayor por aplicar tipos impositivos más elevados que los regulados en la imposición estatal, finalmente se beneficiaron de una menor tributación efectiva por la aplicación de las bonificaciones".
Los datos proporcionados por la Agencia Tributaria correspondientes a 2015 revelaron un incremento de 13 millones de euros en el patrimonio declarado por contribuyentes con más de 30 millones de euros en bienes y derechos en la Comunidad de Madrid y un incremento de 41 contribuyentes dentro de ese selecto segmento, mientras que en el resto del territorio nacional no hubo cambio alguno.
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