El Ayuntamiento de Madrid cerró el ejercicio presupuestario de 2018 con un superávit histórico de más de 1.000 millones de euros. Sí, sí, han leído bien, 1.072 millones de euros para ser exactos sobre un presupuesto total de unos 5.000 millones. Fue la guinda a una gestión presupuestaria a la que el equipo de Gobierno de Manuela Carmena se ha preocupado de sacar brillo por algunos logros significativos, entre los que destaca la reducción a la mitad de la deuda de 5.936 millones de euros heredada de las Administraciones del Partido Popular. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, también cerró sus cuentas con superávit, aunque en su caso con una cifra bastante más modesta, de siete millones de euros, en el marco de unos presupuestos que alcanzaron los 2.661 millones de euros, la cifra más elevada desde el año 2009.
El aparente buen aspecto de las finanzas municipales de los dos ayuntamientos más importantes del país esconde, sin embargo, un puñado de sombras. Se ha encargado de recordarlo recientemente la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo independiente cuya creación forzó Bruselas para chequear el adecuado cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias por parte de las Administraciones Públicas españolas, en su informe de evaluación de las líneas fundamentales de los presupuestos de los corporaciones locales.
La Airef incluye un año más a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona entre las "entidades con incumplimientos reiterados de las reglas fiscales" con expectativas de corrección, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, pero "sin previsión de corrección o sin la cobertura debida", en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que venía cumpliendo las restricciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria pero que este año 2018 ha excedido en 80 millones de euros el techo de gasto que le marcaban las leyes de estabilidad.
Es decir, que pese a los favorables saldos presupuestarios que han acompañado las cuentas de los dos grandes 'ayuntamientos del cambio' -como se denominó a los gobierno municipales dirigidos por Podemos y sus confluencias tras las municipales de 2015- en los últimos cuatro años, los equipos de gobierno de Manuela Carmena y de Ada Colau no han terminado de sacudirse los asteriscos que acompañan desde hace tiempo ya las cuentas de ambas ciudades.
Más de 1.500 millones en vencimientos de deuda en el horizonte
El análisis de la Autoridad Fiscal reveló que en 2018 el Ayuntamiento de Barcelona gastó 80 millones de euros más de lo que le permitía la regla de gasto y que el Ayuntamiento de Madrid presentó un superávit 257 millones de euros inferior al que habría resultado de la aplicación estricta de la normativa presupuestaria que le es de aplicación. De otro modo, que tras los excedentes presupuestarios se adivina una escasa voluntad de cumplir con las leyes de estabilidad, una práctica que ha mantenido en guerra al Ayuntamiento de Madrid con el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro durante buena parte del cuatrienio.
De telón de fondo, el peso de las deudas del pasado, que obligará a los equipos de gobierno que salgan de las urnas éste 26 de mayo a afrontar vencimientos por más de 1.500 millones de euros en los próximos cuatro años. La situación es mucho más exigente en el caso del Ayuntamiento de Madrid que tiene 1.263 millones de euros de vencimientos por delante, mientras que en el caso de Barcelona apenas superan los 300 millones. Aunque, curiosamente, Madrid parece disponer de más margen presupuestario para atender esos compromisos. Sus previsiones apuntan a que el coste presupuestario del servicio de la deuda será de unos 100 millones de euros, mientras que en el caso de Barcelona se espera que el coste esté en el entorno de los 65 millones de euros
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un colchón de más de 1.000 millones para atender tanto los vencimientos previstos como las amortizaciones que tiene por delante, pero los escasos siete millones de superávit del Ayuntamiento de Barcelona se antojan como un margen escaso ante cualquier giro de los acontecimientos, en forma por ejemplo de menores ingresos fiscales por la ralentización del ciclo. Conviene recordar que Ada Colau cogió un ayuntamiento que en 2015 tenía 100 millones de superávit y que hoy coquetea con el equilibrio presupuestario pese a haber dispuesto de 300 millones de euros de ingresos extra en este periodo gracias al repunte de la recaudación.
Por el camino, el Ayuntamiento de Barcelona ha ensanchado el perímetro de actuación de la gestión municipal recuperando la titularidad de servicios como la gestión de la electricidad en los equipamientos y edificios públicos, la atención a mujeres, las oficinas de atención a la vivienda, la televisión local Betevé, el servicio de mantenimiento y poda del arbolado viario y el servicio de control de plagas de palomas.
El próximo 26 de mayo se jugará también el modelo de gestión de los servicios municipales, si se continúa con el proceso de remunicipalización llevado a cabo en Barcelona y con algo menos de empuje en Madrid, o se vuelve al modelo concesional que defienden las opciones más volcadas a la derecha.
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