Separadas por una intensa rivalidad económica y sociológica y por un abismo político, la Comunidad de Madrid y la de Cataluña tienen intereses comunes en lo que a la negociación de la financiación autonómica se refiere. Con el resto de las comunidades autónomas de régimen común organizándose en bloques para tratar de defender con mayores garantías de éxito sus prioridades a la hora de determinar el reparto de los fondos de la caja común para los próximos años, Madrid y Cataluña han coincidido sin buscarlo en una reivindicación compartida que amenaza con tensar aún más el ya enrevesado tablero de la negociación del futuro sistema de financiación autonómica: pretenden que el nuevo modelo tenga en cuenta el mayor coste de la vida en sus territorios y les compense económicamente por ello a la hora de repartir los recursos que garantizan la prestación en condiciones de equidad de los servicios públicos a lo largo de todo el territorio nacional.
Cataluña y Madrid se sienten perjudicadas por un esquema de reparto de los fondos que tiene en cuenta aspectos como la dispersión poblacional, la extensión del territorio o el porcentaje de población por encima de los 65 años, pero que ignora el mayor coste que tiene prestar los servicios públicos en territorios donde el nivel de vida es más alto y el coste de adquirir determinados materiales, desarrollar una infraestructura o incluso contratar personal es comparativamente más elevado que en otras comunidades autónomas. Entienden que este factor tiene un impacto significativo a la hora de garantizar la equidad en la prestación de servicios públicos en todo el territorio nacional y que, de alguna manera, condena a sus ciudadanos a recibir una financiación per cápita inferior en términos relativos, ya que, por decirlo de algún modo, esos recursos cunden menos.
Fuentes de ambos gobiernos regionales confirman que tanto la Generalitat de Cataluña como el Gobierno de la Comunidad de Madrid han puesto encima de la mesa del Ministerio de Hacienda la necesidad de incorporar alguna corrección vinculada al coste de la vida en el nuevo esquema de distribución de los fondos que el Gobierno tiene previsto plantear en los proximos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según avanzó la propia responsable del ramo, María Jesús Montero. Hacienda dará en los próximos días el primer paso en la configuración de un nuevo sistema de financiación autonómica con la presentación a los responsables de Hacienda de las 15 comunidades autónomas de régimen común -todas salvo las haciendas forales de País Vasco y Navarra- de una propuesta de redefinición del concepto de 'población ajustada', que es el parámetro que guía la distribución del 75% de los fondos integrados en el sistema de financiación autonómica (el llamado Fondo de Garantía) y que, sobre el papel, debe garantizar los recursos mínimos necesarios para que todos los ciudadanos del territorio nacional reciban los mismos servicios públicos.
La dificultad técnica de valorar el coste de la vida
No es la primera vez que desde las comunidades autónomas más ricas se plantea esta cuestión. Exaltos cargos del Ministerio de Hacienda que participaron en el diseño del sistema de financiación autonómica actual aseguran que el asunto ya se planteó en la negociación desarrollada entre 2008 y 2009, pero que se desechó por las dificultades técnicas para encajar ese factor en el modelo. En su día se planteó utilizar el IPC regional como aproximación al coste de la vida, pero la idea se rechazó por su fragilidad técnica a la hora de ofrecer una foto aproximada de ese elemento.
Desde entonces hasta la fecha las aproximaciones académicas a la medición del coste de la vida, que en otros países como Estados Unidos ya están incorporadas plenamente a las decisiones de los agentes económicos, han dado un paso adelante extraordinario. El caso más relevante es el indicador elaborado por la Asociación Española de Ciencia Regional, que mide la paridad de poder adquisitivo en las comunidades autónomas, las principales ciudades del país y las mayores áreas metropolitanas, impulsado por un grupo de expertos entre los que figura el expresidente del INE, Jaume García, y uno de los académicos con los que colaboró en esa etapa, Alex Costa.
El indicador, que se empezó a elaborar en 2015 a petición de la Generalitat de Cataluña y que se construye tomando como base los datos de renta per cápita regional de la Encuesta de Condiciones de Vida y los precios oficiales de la vivienda difundidos por el Ministerio de Fomento, sitúa a la Comunidad de Madrid y a Cataluña como las autonomías con un coste de la vida más alto y revela diferencias de hasta 30 puntos entre comunidades autónomas. "El coste de la vida es un elemento clave a tener en cuenta en términos de equidad y como tal debería estar incorporado a la financiacion autonómica en mi opinión", señala el exdirector general del INE, actual miembro del Departamento de Análisis de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona y coautor del indicador, Álex Costa. "Las diferencias entre territorios afectan al coste de la prestación de servicios; antes no disponíamos de indicadores para medir este efecto, pero ahora sí hay indicadores que permitirían con todo rigor incorporar este factor a los criterios de reparto de la financiación autonómica".
Un cambio de paradigma
En el modelo actual el 97% de los recursos de ese Fondo de Garantía, que constituye el núcleo de la financiación autonómica, se reparte según criterios basados en la población existente en cada territorio, aunque se introducen correcciones en función de la distribución por edades -concretamente, la concentración de personas mayores de 65 años o la población en edad escolar obligatoria (menos de 16 años)-. Después, hay un 3% de los recursos que se distribuyen en función de otras variables como la dispersión poblacional o la extensión del territorio. La idea inicial del Ministerio de Hacienda es que esos factores de corrección ajenos a la población ganen peso en el futuro modelo de financiación autonómica hasta suponer el 4% o el 5% de los recursos, si bien su intención es aumentar el peso de las ponderaciones vinculadas a la llamada 'España vaciada' (dispersión de poblaciones y extensión del territorio) e incluir una especie de 'ingreso mínimo autonómico' que retribuya los costes administrativos de funcionamiento que tienen las comunidades autónomas por el mero hecho de serlo a modo de 'ingreso por autogobierno'.
De cara a la negociación del concepto de población ajustada, que se antoja como clave una vez más en la definición del futuro modelo de financiación autonómica porque determinará una vez más la distribución de la mayoría de los recursos del sistema, las comunidades autónomas han ido organizándose en bloques más allá de las siglas políticas en función de sus intereses particulares en la negociación.
La Comunidad Valenciana, que ha asumido una posición de liderazgo en la negociación del futuro sistema avalada por la condición de 'región más castigada' por el actual modelo que le conceden de forma unánime todos los expertos, ha constituido un bloque con la Región de Murcia y Andalucía que exige la creación inmediata de un fondo extraordinario para compensar a las que pasan por ser las regiones más perjudicadas por la actual financiación autonómica, bajo el argumento de que pierden un puñado de millones de euros por cada año que se tarda en corregir el modelo. Este grupo plantea asimismo la posibilidad de condonar la 'deuda ilegítima' generada por los desequilibrios del actual modelo de financiación y maniobra para que la 'población ajustada' tenga en cuenta los flujos extraordinarios de población y el consiguiente coste extraordinario en la prestación de servicios que tiene para ellas el hecho de recibir cada temporada estival millones y millones de personas durante la campaña turística.
El otro gran bloque lo configuran Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Extremadura, enarbolan la bandera de la 'España vaciada' y reclaman una mayor atención a sus necesidades, marcadas por su obligación de garantizar la prestación de servicios públicos bien en una extensión de superficie muy amplia o bien en territorios particularmente recónditos, lo que añade un plus de coste a la hora de garantizarlos. Éstas son las que exigen un mayor peso en la ponderación de los criterios de distribución de recursos de los conceptos de características del territorio y dispersión de la población por encima del criterio puro de población que guió el primer sistema de financiación autonómica y que con algunas correcciones también determinó el de 2009.
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