La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su equipo de gobierno de Ahora Madrid han delimitado la batalla que se avecina en el campo de juego de las 472 hectáreas de 'Madrid Central' (barrios de las Letras, Sol, Palacio, Cortes, Embajadores, Justicia y Universidad). Los contendientes ya se han lanzado a la pelea. La Comunidad de Madrid contra el ayuntamiento; PP y Ciudadanos contra Podemos y PSOE; residentes contra comerciantes; ecologistas y asociaciones vecinales contra asociaciones empresariales, transportistas y hosteleros… Para unos es "un parque temático sin coches", "una chapuza" y será "una pesadilla de Navidad", para los otros, principalmente para buena parte de las 300.000 personas que viven dentro del Madrid histórico, "un espacio limpio de contaminación y una ciudad más amable".
Lo cierto es que el cierre al tráfico del centro de Madrid, salvo para residentes y algunas excepciones puntuales, ha propiciado casi tantos ‘malos humos’ como los que pretende eliminar. Según el equipo de Gobierno de Carmena, la prohibición de circular por el centro de la capital facilitará la reducción del 40% de las emisiones actuales de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante que afecta a la salud de las personas y cuyos niveles autorizados se sobrepasan en la zona desde el año 2010.
Todo ello quedará, si la pugna política no acaba, en manos de la Justicia, porque el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ya ha anunciado que está preparando el recurso si el ayuntamiento no retira el plan.
A partir del 30 de noviembre, en la zona acotada, una superficie mayor a la de 26 capitales de provincia españolas, solo podrán entrar los vehículos de los residentes, los ECO y cero emisiones, motos incluidas, y con numerosas restricciones, "muchas e inasumibles", dicen los afectados: los trabajadores, los conductores de camiones y furgonetas de reparto, los padres que llevan a los colegios de la zona a los niños, los taxistas con tarjeta ecológica, los 'autobuseros' de la EMT…
Para la Plataforma de Afectados por Madrid Central, que agrupa a 70 asociaciones y grupos, "se ponen en serio riesgo 30.000 empresas, sobre todo minipymes y micropymes, y 300.000 puestos de trabajo". "Yo como vecino puedo invitar a 20 personas a mi casa, pero solo tengo 10 pases de invitación al mes para que vengan a mi negocio proveedores y clientes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese negocio de estatuas de bronce en Malasaña que dice que tendrá que cerrar porque no pueden entrar las furgonetas? ¿Vas a ir con una estatua de bronce de no sé cuántos kilos al hombro desde la calle de la Madera hasta los bulevares? Es absurdo", aseguran desde la Plataforma. "El barrio se hace con el que vive, pero también con el que trabaja y te da el servicio. Si no, esto se queda en un parque temático", admiten.
La plataforma, cuyas reivindicaciones son apoyadas por los grupos municipales de PP y Ciudadanos, pide explicaciones y "sentarnos a hablar" porque asegura que se ponen en peligro el abastecimiento de los comercios, la distribución de las empresas de mensajería, la llegada de los trabajadores a sus puestos de trabajo y la vuelta a sus hogares de los que tienen horarios nocturnos, la entrada y salida de los niños de las escuelas….
Las asociaciones dan su apoyo a Carmena
Por su parte, las Asociaciones de Vecinos de Chueca, Cavas-La Latina, Las Letras, Acibu, Justicia, Avecla y Cascorro apoyan "la inmediata puesta en funcionamiento de 'Madrid Central', que no es una medida novedosa, por otro lado", y que según el ayuntamiento y su concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, "reducirá casi a la mitad los 200.000 desplazamientos en coche que se realizan cada día por la zona".
Con las restricciones previstas la Empresa Municipal de Transportes (EMT) considera que pasarán a utilizar el transporte público entre 19.742 y 35.862 personas que antes se movían en su vehículo privado. De estos nuevos viajeros, el 40% utilizará las líneas de autobuses y el resto las redes de metro y cercanías. El equipo de Carmena dice que "todo está preparado" para el refuerzo del transporte público, pero lo cierto es que la Comunidad, responsable del Metro, no ha acudido a las reuniones de coordinación. El Gobierno popular aduce que esos datos de movilidad en que se basa el ayuntamiento, algo reconocido en parte por éste, son de 2004, y acusa al consistorio de "improvisación y falta de un estudio serio y fiable".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios