El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a sancionar a los pisos turísticos que, pese a tener orden de cese, siguen ejerciendo su actividad de forma ilegal con sanciones en primer lugar de 1.000 euros, a la que pueden seguir dos más, de 2.000 y 3.000 euros y que se pueden reiterar. El delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes (Cs) anunció su intención de sancionar a quienes no incumplían las órdenes de cese y ahora lo lleva a la práctica, como adelanta este miércoles 'ABC' y han confirmado a Efe fuentes de su área, tras "estudiar la forma jurídica para hacerlo".
El problema que, desde hace unos años, padecen tanto Madrid como Barcelona y otras grandes ciudades europeas tiene varias aristas. El 'boom' de los pisos turísticos en los últimos años al calor de la aparición de plataformas digitales como AirBnB o Homeaway y el ensanchamiento de mercado generado por el fenómeno ha venido a agrietar el esquema de seguridad y control de inquilinos creado a partir de esos libros registro de viajeros. Uno de los motivos detrás de la determinación del consistorio.
En concreto el Consistorio madrileño se vale de la disposición adicional primera de la Omtlu (Ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas), que en su tercer apartado señala que "en caso de incumplimiento de las resoluciones dictadas para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, previo apercibimiento" se podrán "imponer multas coercitivas como medio de ejecución forzosa".
El régimen sancionador previsto en la ley establece multas que van desde los 600 a los 30.000 euros en función de la gravedad del incumplimiento: los leves se multan con cuantías de entre 601 y 10.400 euros; los que se consideren de grado medio oscilan entre los 10.400 y los 20.200 euros; y las graves pueden llegar a los 30.000 euros, además de la retirada temporal o definitiva de la licencia para operar o, en este caso, para poner un inmueble en alquiler.
Así, se "podrán imponer hasta tres multas coercitivas por importes de 1.000, 2.000 y 3.000 euros respectivamente, reiteradas por cuantos períodos sean suficientes para cumplir lo ordenado que en ningún caso será inferior a quince días". El pasado noviembre, Fuentes ya aseguró que el Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje puesto en marcha por la corporación anterior ha servido para aumentar las viviendas turísticas ilegales, que han pasado en la capital de 8.000 a 11.000.
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