Madrid. La comunidad detecta irregularidades en más de la mitad de las empresas de venta de vehículos usados

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Consumo, ha llevado a cabo una campaña de inspección, en colaboración con siete ayuntamientos de la región, en establecimientos de venta de vehículos usados, en la que se detectó irregularidades en el 52,5% de las empresas visitadas. A pesar de ello, se mejora el dato respecto a campañas anteriores, en 2006 ascendió al 55% y fue del 63% en 2009.
Según informó este sábado el Gobierno regional, en esta campaña, que se ha desarrollado entre los meses de junio y octubre pasados, se han realizados 61 visitas, 15 de ellas llevadas a cabo por la Dirección General de Consumo y 46 por parte de los ayuntamientos que han colaborado (Alcorcón, Coslada, Gatafe, Leganés, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro). En su conjunto, se han cubierto visitas a establecimientos en 18 municipios de la comunidad.
En cuanto a las irregularidades detectadas, alrededor de un 34% de los contratos de compraventa inspeccionados por los servicios regionales y municipales, contienen cláusulas abusivas, y más de la mitad de ellas conciernen a la garantía.
Concretamente, un 25% incumple determinados aspectos relacionados con la garantía legal, como cláusulas que limitan la reparación gratuita de todos los defectos existentes en el momento de entrega del vehículo (23%), la exclusión de la garantía de determinadas piezas o gastos asociados a la reparación (14,8%) o la imposición de un plazo de garantía inferior al mínimo legal establecido de 12 meses (sólo el 5%).
Asimismo, Consumo encontró deficiencias en el 47% de los documentos informativos individualizados que deben estar a disposición del consumidor para su consulta previa a la venta. Las omisiones más frecuentes son la fecha y resultado de la última inspección técnica o de la revisión mecánica del coche.
Todas las empresas exhiben el precio de venta al público de los vehículos, aunque un 21% omite información sobre las cargas, impuestos y gastos adicionales, y prácticamente todos cuentan con los preceptivos carteles informativos. Sin embargo, en casi la tercera parte de ellos falta alguno de los datos obligatorios, como la vigencia del precio indicado (26%), el tipo de garantía ofrecida (23%), el servicio anterior al que estaba destinado el vehículo (16%) y su número de matrícula (11%).
También se ha constatado una mayor presencia, y más informada al consumidor, de hojas de reclamaciones. En 2009 un 20% de los establecimientos carecía de ellas o no informaba de que las tenía; actualmente el porcentaje de incumplimiento no llega al 7%.
Sólo la cuarta parte ofrece financiación o aplazamiento de pago. De ellos, el 11% no proporciona el precio total aplazado y tampoco, en menor medida, sobre las condiciones financieras del aplazamiento.
En relación a las facturas emitidas, son correctas en sus aspectos formales, pero el 34% no recoge el plazo de duración de la garantía, como exige la normativa autonómica.
Como consecuencia de esta campaña, se han realizado 26 requerimientos de subsanación, así como la incoación de 9 expedientes sancionadores.
Por último, todas las empresas visitadas responden ante los consumidores de las faltas de conformidad con el vehículo una vez vendido, lo hacen de forma directa 40 establecimientos, lo que representa un 66%, y los 21 restantes a través de una compañía aseguradora, aunque en este último caso siete de ellos cargan sobre el comprador el pago del seguro. En la campaña del 2009 se registró que el 25% de los establecimientos no garantizaban la conformidad del vehículo.