En un trabajo tan minucioso y tan calculado al milímetro como el realizado por el equipo del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para cuadrar las cuentas de la reforma de las pensiones cualquier injerencia externa supone una amenaza al equilibrio, si además esta intervención amenaza con introducir un sobrecoste anual cercano a los 1.500 millones de euros la laboriosa construcción del nuevo edificio de las pensiones públicas empieza directamente a tambalearse. Y eso, precisamente, es lo que puede ocurrir si prospera la ofensiva parlamentaria del llamado 'bloque de la investidura', encabezada por Unidas Podemos, para modificar el proyecto de reforma del sistema de pensiones pactado por el Gobierno con sindicatos y organizaciones empresariales para que la futura Ley de Seguridad Social elimine toda penalización a la jubilación anticipada de los trabajadores que acrediten más de 40 años cotizados.
La práctica totalidad del bloque de formaciones de izquierdas que viene apoyando las iniciativas del Gobierno ha coincidido en enmendar la reforma de las pensiones para desactivar la aplicación de coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas de los trabajadores que acrediten 40 años o más de cotización, atendiendo la reivindicación que vienen defendiendo desde hace meses en las calles y ante el Congreso las plataformas que defienden los derechos de ese colectivo, que se considera perjudicado por los tijeretazos de hasta el 40% que han recibido en sus prestaciones. El posicionamiento del bloque en este aspecto supone un problema de entidad para el Gobierno, ya que necesita de sus votos para sacar adelante el proyecto después de que el PP planteara una enmienda de totalidad a la reforma gubernamental.
El asunto es que el coste de aceptar esta reivindicación sería muy alto. El informe sobre el particular elaborado a instancias del Pacto de Toledo por los técnicos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y remitido al Congreso de los Diputados el pasado mes de julio concluía que la supresión total de los coeficientes reductores sobre la jubilación anticipada implicaría un sobrecoste anual para las arcas de la Seguridad Social de 2.745 millones de euros. La enmienda de Podemos no pide la supresión total de los coeficientes reductores, pero sí su eliminación para los trabajadores que acrediten más de 40 años trabajados, que según los datos de la Seguridad Social suponen el 55% de los jubilados que perciben una prestación pública. Aplicado ese porcentaje a la estimación de costes elaborada por Seguridad Social, estaríamos hablando de un sobrecoste anual de unos 1.500 millones.
La eventual aplicación de la medida se llevaría por delante el plan para salvar las pensiones presentado por el Gobierno a los agentes sociales el pasado martes, ya que el sobrecoste de la despenalización de las jubilaciones anticipadas para los trabajadores con más de 40 años cotizados absorbería buena parte del saldo extra que se conseguiría con la inyección adicional de recursos que planea Seguridad Social con la subida 'contingente' de medio punto de las cotizaciones sociales en el decenio 2023-2032.
Malestar con Podemos en el Gobierno
Con Bruselas al acecho, la maniobra de Podemos para introducir un nuevo elemento de incremento del gasto en pensiones aprovechando la tramitación parlamentaria del proyecto gubernamental ha sentado mal en el Gobierno, según admiten fuentes cercanas al Ministerio de José Luis Escrivá. Consideran que el movimiento es irresponsable, que desafía el consenso alcanzado con los agentes sociales y que complica una tramitación parlamentaria que tendrán que ser necesariamente ágil si se quiere cumplir con el exigente calendario acordado con la Comisión Europea.
El movimiento tampoco ha sentado bien en los agentes sociales. Aunque los sindicatos confiaban en que el trámite parlamentario corrigiera la solución planteada desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de establecer un complemento salarial por los perjuicios causados por la operativa de esos coeficientes reductores solo para los trabajadores que acrediten más de 44 años y medio cotizados, no esperaban una enmienda de totalidad a lo acordado en la mesa de diálogo social como la que ha planteado Podemos y el resto de formaciones de la izquierda parlamentaria. Tampoco ha gustado a CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, lamentó este miércoles que una de las formaciones que forma parte del Gobierno haya presentado una enmienda que aspira a modificar sustancialmente lo acordado en la mesa del diálogo social.
Fuentes parlamentarias admiten que el respaldo explícito de Unidas Podemos al asunto obliga a buscar una solución de consenso respecto a las penalizaciones a los jubilados de forma anticipada con largas carreras de cotización. Una solución de consenso, pero que no tensione las arcas de la Seguridad Social hasta el punto de comprometer el equilibrio financiero de una reforma que va a ser analizada con lupa por Bruselas. La Comisión Europea ya trasladó al Ejecutivo que la primera fase de la reforma iba en la buena dirección, pero no avanzaba en lo que constituye la principal preocupación de las autoridades europeas: garantizar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo del sistema.
La subida transitoria de cotizaciones durante diez años planteada por Seguridad Social busca disipar las reservas de Bruselas con el proyecto gubernamental. Añadir en este contexto un nuevo elemento de gasto al esquema acordado con los agentes sociales no sería bien recibido.
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