Manipulación de los ‘swaps’ y el desplome de la confianza en los bancos

En enero de 2017, la banca de toda Europa habrá tenido que incorporar a su régimen interno un nuevo criterio para las retribuciones e incentivos variables a los empleados, de acuerdo con las indicaciones formuladas por la Autoridad Bancaria Europa (EBA).

A primera vista, parecería ésta una medida más en orden a perfeccionar los ya muy avanzados códigos éticos de las instituciones bancarias. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los nuevos criterios de retribución variable al empleado constituyen el más importante del paquete de medidas que ha elaborado la EBA con el propósito de recuperar, precisamente, la confianza perdida del cliente.

Según un informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), de los 33.000 clientes consultados en 27 países europeos, los españoles son los que menos confían en los bancos. O expresado de otra manera: el nivel de confianza de los usuarios de la banca en España se desplomó hasta el 14% en 2014, cuando en 2009 era del 31%. Únicamente en Irlanda se registra un porcentaje parecido (15%).

Pero, ¿por qué se sitúa la lupa en las retribuciones variables del personal a la hora de buscar la recuperación de la confianza? Según la EBA, porque durante estos años se han vinculado, fundamentalmente, al volumen de ingresos logrados. Y en función de esa cuantía, el empleado ha recibido ingresos extraordinarios (los famosos bonus), seguros médicos, planes de pensiones, incluso ascensos profesionales o vacaciones…

Por lo tanto, al primarse exclusivamente el resultado, lo que se generalizó entre los empleados de la banca fue un desmedido interés por la venta de productos financieros, independiente de que fuesen o no de conveniencia para el cliente.

Y ello derivó, lógicamente, en una extraordinaria proliferación de las malas prácticas, que han costado a los bancos alrededor de 232.000 millones de euros por sanciones desde 2009.

Algunos informes elaborados en España ponen de manifiesto que no solamente se han vendido productos financieros inadecuados, sino claramente contrarios a los intereses del cliente. Es decir, que también se habrían registrado en España conductas ilícitas entre empleados de distintos bancos, al más puro estilo de los recientes escándalos de concertación para la manipulación del euríbor y del líbor.

Valga como ejemplo, la manipulación de precios en las denominadas “permutas financieras de tipo de interés”, en ocasiones condición obligatoria para la concesión de crédito y contratadas por el cliente con varias entidades financieras en la modalidad de derivados explícitos (swap, collar…), que habrían permitido soportar los balances de aquellas entidades que premiaban a sus empleados a pesar de actuar en contra del interés de sus propios clientes.

Los empleados supuestamente implicados habrían mantenido comunicaciones con sus homónimos de otras entidades financieras para fijar precios aparentemente de mercado, previamente manipulados de forma concertada, en la cotización de derivados de cobertura ligados a operaciones sindicadas de financiación.

Merecería la pena preguntarse si la entidad era conocedora de esta situación. Porque resulta sorprendente que algunos bancos de inversión, para evitar más sanciones —informaba Bloomberg hace solo unas fechas—, se hayan visto en la tesitura de contratar detectives para conocer qué hacen y cómo viven sus empleados, con el fin de tratar de evitar que se aprovechen de su posición y manipulen el mercado en beneficio propio.

Aunque, el recientemente condenado a 14 años de prisión por el escándalo de manipulación del líbor, Tom Hayes, confesó ante el tribunal: "Actué con total transparencia ante mis empleadores. Mis superiores lo sabían, el jefe de mi jefe lo sabía. En algunos casos, el consejero delegado (director ejecutivo) era consciente de ello”.

Los escándalos a nivel mundial relacionados con la manipulación de los productos derivados debieran poner sobre aviso a las autoridades españolas.

Porque, más allá de solucionar los abusos de la banca en la jurisdicción civil (lo que en sí mismo limita la defensa de los afectados), al menos debieran motivar la investigación de esta problemática, ya sea por su carácter penalmente sancionable o, en su caso, por ser claramente contraria a normas sobre la competencia y el libre mercado.