Todas las vías que tiene Rajoy para ahorrar 60.000 millones en dos años

Fue el pasado 30 de mayo cuando la Comisión Europea levantó la mano y accedió a conceder a España un año más de prórroga, hasta 2014, para cumplir con el objetivo de déficit del 3%. Eso sí, a cambio de presentar un detallado plan de ajuste para los próximos dos años, que entonces ya dijo que debía estar listo en julio.

Y la fecha ha llegado. En el Eurogrupo que se celebra esta tarde, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá presentar a Bruselas las medidas de ajuste que va a llevar a cabo para garantizar que el déficit pasará desde el 8,9% del PIB actual, al 3%, un ajuste del entorno de los 60.000 millones, ya que se estima que cada décima de desviación son unos 1.000 millones de euros.

Aunque una pequeña parte de este ahorro ya está recogida en los presupuestos de este ejercicio, la brutal caída de ingresos y la falta de decisión autonómica para cercenar sus gastos los han dejado caducos ya, de ahí que urja tomar decisiones rápido para compensar estas dos desviaciones.

La ingente cantidad a recortar explica el amplio abanico de posibles recortes que han ido apareciendo en la prensa en las últimas semanas. "Ya está todo inventado, siempre son las mismas recetas, sólo hay que coger las recomendaciones que hizo Bruselas para ver dónde van a estar los ajustes", señalan fuentes del Partido Popular.

La duda está en cómo se concretarán esas grandes líneas de actuación y en qué momento concreto se irá aplicando cada una. "El ajuste no se va a aprobar en su totalidad en un determinado consejo de ministros, sino que se irá aprobando a lo largo de varios viernes, porque se trata de un plan a dos años", señalan fuentes de Bruselas.

Lo que todo el mundo da por hecho es que hoy comienza una época de recortes drásticos. Entre otros motivos, porque Europa ha adoptado la postura de no firmar el acuerdo definitivo del rescate a la banca hasta que España haga sus deberes.

Por tanto, en el mejor de los escenarios, si el Eurogrupo de hoy llega a un acuerdo sobre el presupuesto español hasta 2014, mañana el Ecofin podría dar el visto bueno a la línea de crédito de hasta 100.000 millones para el sistema financiero, ya sea con firma de por medio o sólo verbal.

En caso de que esta tarde vuelvan a derrapar los líderes del Viejo Continente, habrá que esperar hasta su reunión del próximo 20 de julio para que Rajoy sacie las ansias ahorradoras de Bruselas y, por tanto, podría dilatarse el rescate a la banca hasta un Eurogrupo extraordinario que se celebraría a final de mes.

Sea el que sea el desenlace del Eurogrupo de esta tarde, éstas son las líneas maestras de los ajustes que deberá aprobar el Gobierno a lo largo de los próximos dos años:

Menos pensiones: Se trata del principal gasto del Estado, 115.800 millones de euros, de los 311.800 presupuestados este año. A pesar de la reforma de pensiones que aplicó José Luis Rodríguez Zapatero, Europa sigue considerando que el sistema español necesita cambios, para evitar que la nómina de los mayores se coma casi la mitad del gasto.

Sobre la mesa está ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones, una medida que Bruselas quiere imponer en todo el Viejo Continente, con el objetivo de abaratar, de media, en torno al 15% esta prestación.

Sin embargo, este cambio sólo tendría efectos a largo plazo y no serviría para corregir el déficit actual. Para ello haría falta actuar sobre los actuales pensionistas, con medidas como una nueva congelación, que permitiría ahorrar unos 1.500 millones.

Menos paro: Las prestaciones por desempleo son el tercer mayor gasto del Estado, sólo por detrás de las pensiones y el pago de los intereses de la deuda.

Además, los cerca de cinco millones de parados que sustenta el país hacen que Europa considere prioritario poner un límite a las prestaciones por desempleo, las cuales siempre ha considerado muy generosas.

Sobre la mesa está la posibilidad de recortar de dos años a uno y medio el periodo máximo de cobro, aunque también se barajan otras opciones, como recortar el importe de la prestación, endurecer los requisitos para acceder a ella y perderla si se rechazan ofertas de trabajo.

Cualquiera de las dos opciones aportaría un gran ahorro (se estima superior a 10.000 millones), pero generaría un gran daño social, ya que abocaría a quedarse sin ninguna ayuda a un elevado número de desempleados, que se sumaría al tercio de parados que ya han agotado su prestación.

Menos administración pública: El Gobierno tiene ya un borrador con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, una normativa dirigida a corregir las actuales duplicidades y con la que el Ejecutivo prevé ahorrar en torno a 3.500 millones.

Sin embargo, se trata sólo de la punta del iceberg, ya que Europa considera que el Estado de la Autonomías es un grifo abierto que debe recortarse centralizando actividades para, así, optimizar la gestión.

En esta línea va la medida de crear una central de compras única para los suministros de toda la administración general del Estado, el plan de optimización del patrimonio inmobiliario público, con el que se prevé ahorrar 17,5 millones, o el recorte de empresas públicas.

Menos funcionarios: La nómina de los empleados públicos es otra de las grandes fuentes de gasto de la Administración, de ahí que el Ejecutivo esté analizando recortarla, como ya hizo Zapatero cuando rebajó una media del 5% los salarios y prácticamente congeló las contrataciones, al decidir que sólo se repusiera una de cada diez plazas.

Ahora, el ajuste podría venir también por el lado de los salarios -se habla de la posibilidad de eliminar una de las extras- y, sobre todo, por el despido de los empleados públicos, es decir, los trabajadores de la Administración que carecen de plaza de funcionario y, por tanto, pueden perder su puesto de trabajo.

Casi un millón de personas están en el ojo del huracán, y el recorte podría afectar a uno de cada tres. Los funcionarios, por su parte, empezarán a ser juzgados bajo criterios de productividad, lo que permitirá recortarles la nómina, al quitarles pluses y al poder relegarles si incumplen los objetivos marcados.

Más impuestos: La reforma del IVA es una vieja reivindicación de Bruselas que, ahora sí, parece que el Gobierno se verá obligado a aplicar. El propio Ejecutivo ya admitió hace unos meses que esperaba tocar este gravamen en 2013.

Pero este incremento se prevé que vaya acompañado de la subida de más impuestos indirectos -carburante, tabaco y alcohol-, con los que se intentará compensar la desvación que está sufriendo el Estado respecto a sus previsiones, ya que sólo en los cinco primeros meses del año, la recaudación por IVA está siendo un 10% inferior a la prevista.

Más tarifas y menos desgravaciones: Necesitado de encontrar nuevas vías de ingresos, el Ejecutivo estudia nuevas fuentes de financiación, movimiento que se ha bautizado como tarifazo y que supondrá empezar a cobrar por bienes y servicios que hasta ahora eran gratis.

El ejemplo más claro ha sido la entrada en vigor del copago farmacéutico, pero sobre la mesa están otras opciones como establecer peajes a las autovías.

Otra forma de conseguir dinero es eliminar desgravaciones y deducciones, con la bonificación por compra de vivienda en primer lugar, una medida que Europa considera fundamental para terminar de explotar la burbuja inmobiliaria y fomentar el mercado del alquiler.

Privatizaciones: En la misma línea de lograr nuevas vías de ingresos, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas estudian vender parte de su patrimonio. Un amplio abanico donde destacan Renfe, Aena y Loterías, como joyas de la corona, con el que el Ejecutivo aspira a obtener en torno a 30.000 millones de euros.