Jueces.- Bermejo insiste en vincular la huelga con el caso Mari Luz y la tacha de corporativa para mantener privilegios

CiU, PNV y ERC rechazan el paro y el PP recuerda que el problema del caso Mari Luz fue la ausencia de un sistema informático único MADRID, 11 (EUROPA PRES) El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, compareció hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para ofrecer sus explicaciones sobre la huelga de jueces prevista para el próximo día 18. Bermejo insistió en vincular el 'caso Mari Luz' con las protestas de los magistrados a los que acusó de tener intereses "corporativistas" para defender "privilegios sin justificación posible". "Esta actitud corporativista tiene su origen en la sanción al juez Rafael Tirado" (titular del Juzgado de Sevilla que no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales contra el presunto asesino de la niña Mari Luz), señaló Bermejo, quien acusó a los jueces de "usar la intranet que tienen a su disposición para aglutinarse en torno a un movimiento llamado 8 de octubre que planteó una serie de acciones que debían culminar en una jornada de huelga". Según dijo, "no se le ha de escapar a nadie que hay resistencias de origen corporativo que obstaculizan el camino interpretando que los cambios van a ir en contra de algunos privilegios sin justificación posible". "Estamos hablando de una minoría que convoca una huelga y sabemos quiénes no la han convocado, que son la inmensa mayoría y que se ha mantenido en silencio muy lejos del ruido que otros hacen", concluyó. El ministro insistió en que "lo que les llevó a proponer esa medida tan drástica e inédita fue la sanción a Tirado y las críticas que recibieron de los poderes políticos". Asimismo, el titular de Justicia sitúo también las reivindicaciones económicas de los magistrados como una de las principales motivaciones de la huelga así como "el temor a que el ejercicio de sus funciones, que no puede ser ajeno la exigencia responsabilidades, sea sometido a un control". "La división en la carrera es patente --aseguró--. Mientras unos no plantean una reivindicación económica, otros lo consideran irrenunciable, unos proponen un aumento de 1.200 jueces en tres años y otros piden 4.500 jueces en cinco años. El panorama es el que es, pero continúa abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos y la oferta de diálogo para quien quiera dialogar". Una de las principales reivindicaciones de los magistrados es la de mantener en su poder la potestad para señalar los juicios. El proyecto de reforma de la Ley Procesal aprobada por el Gobierno y actualmente en el Congreso de los Diputados donde será debatida, otorga esta función a los secretarios judiciales. A este respecto, Bermejo se refirió a la cuestión como una "distribución de las salas y establecer un orden para los señalamientos" así como "una optimización de recursos". "Nada tiene que ver con la señalización de la fecha y la hora", matizó. "NO HACE LO QUE DEBE Y HACE LO QUE NO DEBE" El portavoz del PP en la comisión de Justicia , Federico Trillo, reprochó al ministro su gestión del conflicto con los jueces. "Usted no ha hecho lo que debe y hace lo que no debe", le dijo el dirigente popular, quien coincidió con Bermejo en situar el origen de las protestas de los magistrados en 'caso Mari Luz', no obstante, matizó que el problema de aquel suceso fue que "no existía un sistema informático único en toda España". "¿Eso es culpa de lo jueces?", se preguntó. Posteriormente el ministro matizó que la motivación de los jueces no es en exclusiva la sanción al juez Tirado, sino un cúmulo de causas. En ese sentido, se refirió a otros colectivos como el de notarios y registradores que, según dijo, se han elaborado "por su cuenta" un sistema informático propio. "No lo han hecho en la Justicia porque depende del Gobierno", reprochó Trillo, quien además consideró insuficiente el fondo de 20 millones de euros extra anunciado el pasado mes por el ministro para abordar la modernización. "Una vez más el debate de esta tarde parece ajeno a la realidad, al debate de la calle", criticó el dirigente popular, quien calificó de "impúdicas" las llamadas al diálogo realizadas por el ministro. "Hoy sabemos que más del 50 por ciento de los españoles suspenden la Justicia, hoy sabemos que hay más de dos millones y medio de casos pendientes, hoy sabemos que hay una falta de medios escandalosa y que tenemos la mitad de jueces de la media europea", denunció Trillo. Sobre la huelga de jueces, Trillo aseguró que el PP acatará todas las decisiones que a este respecto adopten los tribunales y recordó que tras la última decisión del Consejo --que el lunes aseguró que la jornada de paro no tiene cobertura legal-- las asociaciones de jueces pueden recurrir ante el Tribunal Supremo. Por parte del PSOE, Julio Vilarrubia, admitió la falta de medios, pero contestó que la Justicia se encuentra "en mejor situación de como lo dejó el Gobierno de Aznar en 2004". Asimismo, manifestó su rechazo a la huelga de jueces preguntándose "contra quién va dirigida esa huelga". "Dado que sólo puede dañar a los ciudadanos es exclusivamente contra ellos contra quien va dirigida", concluyó. Vilarrubia recordó que la Constitución española "expresamente dice que jueces y magistrados no pueden pertenecer ni a partidos ni a sindicatos". "Si ni siquiera tienen derecho de sindicación, difícilmente tendrán derecho de huelga", añadió el dirigente socialista, quien agradeció al ministro la amplísima información del estado de la Justicia".UPyD, ERC, PNV, CiU Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, reprochó al Ministerio haber estado "más pendiente del control político que de resolver los problemas de la Justicia" y trasladó una propuesta a Bermejo "a modo de pincelada". Así, defendió un mecanismo informatizado para la Justicia "que tome como referencia lo que es el Ministerio de Hacienda". "Ojalá tuviera la Justicia una eficacia similar, con un modelo así, casos terribles por todos conocidos se podrían haber evitado", dijo Díez. "La comparación con Hacienda no resiste porque un sistema de gestión procesal es mucho más complejo y por eso tarda más", le replicó Bermejo. El diputado del PNV, Emilio Olabarría, aseguró que las reivindicaciones de los jueces están "impregnadas de legitimidad". "Las mesas de negociación han fracasado y yo no se a quien atribuirle la responsabilidad", aseguró al tiempo que describió "la actitud poco flexible de ambas partes". No obstante, Olabarría negó el derecho a huelga de los jueces: "Eso lo sabe el CGPJ y todos los catedráticos de universidad, es que tampoco hay que saber tanto derecho", dijo. El portavoz de CiU, Jordi Jané, solicitó a Bermejo ampliar el pacto de la Justicia a todos los grupos políticos de la Cámara para lo que pidió fijar "una hoja de ruta" y "un calendario preciso de comparecencias": Si lo hacemos lo hacemos, dijo, Jané quien reprochó a los socialistas de que sólo recurran a los grupos minoritarios "cuando es necesario aprobar leyes por mayoría absoluta". "Estamos aquí si estamos siempre, no solo cuando se nos necesite como un clinex, añadió, el diputado de CiU quien aseguró "comprender" las reivindicaciones de los jueces, aunque rechazó las llamadas a la huelga. El portavoz de ERC en la comisión de Justicia, Joan Ridao, calificó la posición de los jueces como "un cierre de filas corporativo", aunque matizó que "también es verdad que este conflicto estalla en medio del mayor atasco de la historia". "En nuestra opinión esta huelga no es conveniente", dijo el dirigente independentista en alusión al proyecto de reforma procesal en manos del Congreso. En cualquier caso, Ridao hizo un llamamiento de humildad al ministro, que Bermejo recogió agradeciendo "el consejo". "Puede que mis palabras a veces ayuden a azuzar, no es mi intención, pero a veces no me sale", dijo el titular de Justicia.