Jueces.- El juez decano de Málaga insiste en que tienen derecho a huelga y asegura que se mantiene lo acordado

  • El juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, insistió hoy en que existe en los jueces el derecho a la huelga, 'al ser un derecho fundamental', y afirmó que el acuerdo adoptado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 'no supone un rechazo expreso' a este derecho. Así, indicó que en Málaga no hay previstas reuniones al respecto, por lo que por el momento 'se mantiene lo acordado el pasado 21 de enero' en junta provincial de jueces de llevar a cabo una jornada de paro el 18 de febrero.

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS) El juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, insistió hoy en que existe en los jueces el derecho a la huelga, "al ser un derecho fundamental", y afirmó que el acuerdo adoptado ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no supone un rechazo expreso" a este derecho. Así, indicó que en Málaga no hay previstas reuniones al respecto, por lo que por el momento "se mantiene lo acordado el pasado 21 de enero" en junta provincial de jueces de llevar a cabo una jornada de paro el 18 de febrero. Caballero-Bonald aseguró que "para limitar un derecho fundamental tiene que haber una ley que lo diga o alguien que lo diga, que es lo que ocurre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los militares, que tienen una legislación específica, pero como no existe esta ley en el caso de los jueces, entendemos que sí tenemos derecho". El decano de Málaga capital especificó que en el acuerdo del CGPJ "se dice sólo que no hay cobertura legal para la huelga, algo que ya sabíamos antes del pleno extraordinario, y, por tanto, no se pueden fijar servicios mínimos", lo que, a su entender, "es muy distinto a negar el derecho de huelga". "Al ser un derecho fundamental, el hecho de que no haya una regulación legal no impide su ejercicio", reiteró. "La huelga del 18 de febrero no es una huelga ilegal, es simplemente una huelga que no tiene regulación legal", insistió Caballero-Bonald, quien recordó que en Francia "no hay esa regulación legal y se han hecho numerosas huelgas de jueces". Además, recalcó que "no vienen en el acuerdo" posibles sanciones disciplinarias para los que secunden el paro. Precisó que las dos asociaciones a nivel nacional, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, "mantienen la convocatoria de huelga para el 18 de febrero" y dijo que en el caso de Málaga "aunque formalmente no se haya sumado a esta convocatoria, como se remitió el acta de la reunión del 21 de enero --en la que se acordaba la jornada de paro para el día 18 de febrero-- sí está incluida dentro de las comunicaciones y peticiones recibidas por el Consejo, sobre las que se ha pronunciado".SERVICIOS MÍNIMOS Sobre los servicios mínimos en Málaga, señaló que tendrán que estar los tres juzgados de guardia, uno de violencia sobre la mujer, otro de menores, el Registro Civil para temas como licencias de entierros, algunos servicios del Decanato y un juzgado penal para juicios rápidos; además de que "las causas con presos se tienen que atender". Por último, indicó que estos servicios mínimos, "como no han sido establecidos por el Consejo, se fijan atendiendo a nuestra propia responsabilidad, precisamente en cumplimiento de lo que dice el Consejo en su acuerdo de garantizar el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos". El Pleno del Consejo aprobó ayer por unanimidad un acuerdo en el que defiende que la huelga convocada por jueces y magistrados para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal", por lo que todos ellos "tendrán que estar en sus puestos de trabajo" el día fijado para el paro. Tras casi tres horas de reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido "no tener por anunciada la convocatoria de huelga" y "no fijar servicios mínimos", al entender que los convocantes no tienen "ni competencia ni base legal" para llevar a cabo esta protesta. "El Consejo rechaza el ejercicio de huelga de los jueces de este país porque entendemos que no hay base normativa para el ejercicio del mismo", señaló Bravo en una breve comparecencia, en la que dio lectura al acuerdo aprobado por el Pleno.

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