En 2007, una funcionaria del ayuntamiento de Boadilla del Monte llamada Ana Garrido decidió no firmar algunos documentos que le parecían sospechosos. Se trataban de informes favorables para ciertas compañías, a las que Garrido consideraba que se les daban concesiones irregulares.
A partir de ahí empezó a sufrir acoso laboral hasta el punto de hacerle la vida imposible. En 2009, decidió dar un paso más y denunciar al caso a la Justicia. La cosa fue a peor, porque aumentó el acoso y tuvo que abandonar el país.
Ana Garrido fue la persona que destapó la trama Gürtel, uno de los casos de corrupción más importantes de España. Pero no el único. Entre 1996 y 2007 se cobraron comisiones astronómicas por una miríada de obras públicas que se hicieron a lo ancho del país en miles de ayuntamientos de todos los partidos.
En ese periodo se construyeron 43 aeropuertos en España, el doble que Alemania, a pesar de tener la mitad de la población. Algunos de ellos costaron más de 1.000 millones de euros, como el de Castilla-La Mancha, con la mayor pista de aterrizaje de Europa, y que ahora está cerrado.
También se elevó la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo después de China, además de 5.000 kilómetros de autopistas. Detrás de esas operaciones había una trama política-económica, formada por funcionarios callados y políticos oportunistas. Se le podría llamar el Leviatán español, que es como Thomas Hobbes llamó a la gran maquinaria absoluta del Estado.
Ese Leviatán español era tan monstruoso e imparable, que a ningún funcionario se le ocurría pararlo por miedo a lo que dijera el Gran Jefe de turno.
¿Hay alguna forma de crear una burocracia sana? ¿Cómo se forman estas redes de clientelismo?
Tras consultar más de 400 fuentes entre libros, artículos científicos, artículos de revistas y otros estudios, eso es el desafío que abordan Carl Dahlström y Victor Lapuente en el libro 'Organizando el Leviatán' (Deusto). Ambos trabajan en la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Dahlström es catedrático en el Departamento de Ciencias Políticas; y Lapuente es profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas.
El problema de la corrupción, según los autores, parte de que las carreras de los políticos y de los gestores de la administración (los burócratas) no están separadas. Los autores sostienen que la meritocracia (ganar el puesto por méritos propios) es una de las causas de buen gobierno. Para probarlo, han cruzado muchas bases de datos de lo que han obtenido una especie de plantilla.
En uno de los gráficos más elocuentes, se ve que hay una correlación muy estrecha entre la corrupción y la contratación meritocrática. Los países con menos meritocracia, son a su vez los que sufren más la corrupción: Nicaragua, Bolivia, Sudán, México, Italia… Y los más meritocráticos, son los más limpios: Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca…
España, a pesar de lo que muchos piensan, no sale tan mal parada: está en la mitad superior de los mejores países en cuanto control de la corrupción, aunque a la cola de los países de la OCDE.
Es llamativo el caso de Dinamarca.Los daneses crearon un examen de Derecho en 1736, y obligaron a sus funcionarios a graduarse. “A principios del siglo XIX, Dinamarca poseía de facto de una contratación meritocrática para su administración pública…”, dice el libro. La culminación se produciría en 1821 cuando “declaró obligatoria la posesión de un título de Derecho de la universidad para todos los futuros funcionarios”.
De modo que si admiramos a Dinamarca es por eso: porque adoptaron la meritocracia. Es decir, según los autores, no es el bienestar y el alto grado de desarrollo de las instituciones lo que desemboca en la meritocracia, sino es la meritocracia la que crea la fortaleza de las instituciones.
Dahlström y Lapuente ponen ejemplos de los momentos en que se introdujo la meritocracia en algunos países europeos, momento a partir del cual cambiaron las cosas. En Estados Unidos, a raíz del asesinato del presidente Garfield en 1880 por “un hombre decepcionado que esperaba un cargo”, se instauró el sistema de acceso meritocrático, fruto de la coalición de moralistas religiosos, hombres de negocios y progresistas, para “purificar el gobierno”.
Los países anglosajones, dicen los autores, han sido más diligentes que los mediterráneos en poner en marcha mecanismos meritocráticos porque allí prevalece el 'Common Law' sobre el derecho civil napoleónico. Es lo que los especialistas llaman “los orígenes legales”. Para ser más claros. El 'Common Law' anglosajón evita la intervención del Estado y deja manos libres a los ciudadanos, mientras que el derecho napoleónico está atiborrado de normas.
Según los autores, al haber menor intromisión del Estado, hay mejores resultados porque los funcionarios (como los jueces) son más independientes, mientras que “en los países napoleónicos, no solo los jueces sino la inmensa mayoría de los funcionarios, eran directamente dependientes del gobernante”.
Esto se extiende a los países latinoamericanos, donde rige, gracias a la influencia española, el derecho civil napoleónico, y por tanto, según los autores, son más propensos a depender del gobernante, o sea, más corruptos. En los países nórdicos donde hay una fuerte presencia del Derecho civil y del Estado, en cambio, los jueces y los empleados públicos –dicen los autores–, gozan de una independencia como la de los jueces británicos, lo cual explica su progreso económico.
Volviendo los ojos hacia España (donde se aplica el derecho napoleónico): el gobernante tiene el mando sobre buena parte de funcionarios cuya trayectoria profesional depende de ellos. Eso explica que muchos funcionarios nombrados a dedo no se opusieran a proyectos como la Ciudad de la Cultura en Santiago, el Aeropuerto Internacional de Murcia o las autopistas fantasma. “¿Por qué funcionarios muy cualificados –contratados mediante exámenes formales– escribieron o autorizaron estos estudios que ofrecían previsiones irreales sobre el futuro uso de proyectos de infraestructuras?”, se preguntan los autores.
Por lealtad a sus jefes políticos, los cuales “controlaban sus carreras”. Los autores aportan un gráfico sorprendente que mide la estrecha relación entre nombramientos meritocráticos en el mundo y derroche del Estado. ¿El país peor parado? Venezuela.
En resumen, este libro debería ser un manual del político que pretenda ser honesto. Hay que crear sistemas basados en los méritos de los funcionarios públicos y que sus incentivos no sean los mismos que los de los gobernantes (o el aparato) de turno. Es la forma, dicen los autores, de garantizar la limpieza del sistema y el progreso.
Lo único que falta por responder en el libro es por qué algunos países tienen esa revelación antes que otros. ¿Por qué Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega tomaron un día la decisión de ser meritocráticos? ¿Y por qué otros no?
Nota: el libro parece estar escrito con dos estilos: uno periodístico que narra los casos de corrupción en España (muy bien narrados), y otro científico, que cae en la inevitable rigidez propia del lenguaje de los papers, repletos de citas bibliográficas. Deusto también ha relanzado una edición del 'Leviatán' de Thomas Hobbes. Este libro fundamental del pensamiento político y filosófico moderno expone el contrato social entre los ciudadanos y el soberano basado en el bien común para construir un modelo de estado feliz.
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