El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ha anunciado este lunes que pondrá su cargo a disposición de los asociados tras ser condenado a dos años de prisión por un delito de fraude fiscal. La condena ha sido adelantada por el periódico El Día, y supone además una multa de 585.896 euros para Marichal, también presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, y no podrá obtener subvenciones o ayudas públicas ni el derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Además, Jorge Marichal tiene que indemnizar a la Agencia Tributaria con 292.948 euros más intereses de demora en concepto de responsabilidad civil. En declaraciones a Radio Televisión Canaria Jorge Marichal se ha mostrado sorprendido por la publicación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y ha anunciado que pondrá sus cargos a disposición de los asociados. El imputado ha declarado al periódico que ha pagado la sanción.
Esta sentencia ratifica la del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que en 2019 condenó a Jorge Marichal por defraudar 292.947,86 euros junto a su socio en Marmon Atlantis SL, Juan Antonio Moncada, en una operación inmobiliaria al no declarar en el Impuesto de Sociedades las cantidades por la venta de nueve apartamentos a Clínica San Eugenio.
El socio mayoritario de Clínica San Eugenio es el padre de Jorge Marichal, y, la Agencia Tributaria reparó que se trataba de una operación entre empresas vinculadas por la que Marmon Atlantis eludió pagar a Hacienda 292.948 euros. Marichal y Moncada, que ejercían de administradores mancomuninados de Marmon Atlantis, no depositaron las cuentas anuales "durante años" y tampoco presentaron la declaración del Impuesto de Sociedades de 2006 a 2020 ni llevaron "adecuadamente" la contabilidad.
Explica el periódico que, según la sentencia, Marmon Atlantis SL fue el vehículo para canalizar la compra venta de los apartamentos sin tributar por la operación. Una causa esta que está pendiente de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no suspende la ejecución de la sentencia.
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