Más de 100.000 pymes están al borde de la quiebra pese a las ayudas antiCovid

El parón económico de la primavera de 2020, en pleno estallido de la pandemia, y las cinco olas que le han seguido en algo más de año y medio, van a dejar una cicatriz en las empresas muy difícil de ocultar a pesar de las medidas económicas que el Ejecutivo puso en marcha y el escudo social que se conformó con los ERTE, los créditos del ICO, las prórrogas fiscales y las ayudas directas. Según admite el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2022, con la crisis sanitaria casi superada, la situación va a dejar al menos un 9% de todas las empresas no financieras del país en serios problemas de solvencia, muchas de ellas en estado ‘zombi’ o al borde la quiebra, lo que supone un conjunto de más de 100.000 sociedades, la mayor parte de ellas pequeñas.

A pesar del fuerte saneamiento que las empresas privadas habían realizado tras la gran crisis financiera iniciada en 2008, el azote del virus triplicó de la noche a la mañana el número de pymes que no tenía ingresos suficientes para cubrir sus costes operativos y financieros, de forma que el riesgo de colapso llegó al 33% del total de empresas no financieras contabilizadas en la central de balances del Banco de España. Eso supone más de 430.000 compañías, algo que llegó a amenazar la estabilidad financiera de todo el país, dado el efecto sistémico en cascada que podía generar con impagos en los bancos y cortes de las líneas de crédito.

Es lo que en el proyecto de Presupuestos se entiende con riesgo de “histéresis”, un concepto utilizado en el ámbito laboral que apunta a las consecuencias irreversibles que se pueden producir por un deterioro permanente de la situación económica (en este caso) de un país. Esa “histéresis” es lo que ahora descarta el Ejecutivo en sus cuentas públicas para presumir de que la vuelta a la normalidad económica post pandemia estaría (en condicional en el texto) cada vez más cerca, prácticamente el año que viene en lo que se refiere a empleo y crecimiento. “Se estima que el impacto conjunto de las líneas de avales ICO y de las ayudas directas devolvería el porcentaje de empresas viables con elevado riesgo de cierre a los niveles pre-pandemia, evitando en gran medida que se materialice el riesgo de un efecto estructural o de histéresis sobre el tejido productivo viable como consecuencia de la pandemia”, dice el texto con las cuentas para el año que viene.

Según los cálculos del Ejecutivo, los más de 1,1 millones de operaciones realizadas con fondos ICO llegaron a movilizar 131.000 millones de euros y permitieron reducir ese 33% de empresas al borde de la desaparición a un nivel del 17%, todavía alto, pero con menos riesgo de llevarse por delante a toda la economía del país. Unida la actuación del ICO a la cobertura de los ERTE y el escudo social,  y “al añadir el efecto de la Línea Covid de ayudas directas por 7.000 millones de euros, destinadas a las empresas en los sectores más afectados, el porcentaje de empresas con déficits de liquidez severo caería hasta el 9%”, señalan textualmente. Ese porcentaje supone unas 118.000 empresas que estarían en un déficit severo de liquidez, una vez que esas ayudas lleguen a todos los sectores afectados, sobre todo al turismo, el transporte y la hostelería que es donde más bajas laborales ha causado la pandemia.

Pendientes del reparto de las ayudas directas

Hay que advertir que, por más que los 7.000 millones de euros a los que se refieren las cuentas públicas hayan sido aprobados, una parte importante de ese dinero no ha llegado aún a su destino, a la espera de que se articulen las medidas administrativas necesarias para que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de hacer el reparto, de forma que el efecto que puedan tener en la liquidez de muchas de esas empresas está todavía por confirmarse. Es por ello que en el propio texto de los PGE se advierte que, “con todo, el impacto en el tejido empresarial español a medio plazo dependerá de la recuperación de la actividad económica. Para algunas empresas sobreendeudadas a causa de la pandemia o con una peor posición financiera de partida y pertenecientes a sectores más afectados persisten algunos riesgos vinculados a la vulnerabilidad financiera”.

Esos datos sobre empresas en riesgo de desaparecer se complementan con la permanencia en España de unos 247.000 trabajadores en ERTE, que esperan volver a sus puestos de trabajo o pueden pasar a engrosar las listas del paro. Los datos recogidos en los PGE corroboran que la mayor parte de ese colectivo, un 38%, son personal de hostelería, uno de los sectores con mayor temporalidad del mercado laboral español. Le sigue el comercio, con otro 16%, de forma que entre ambos sectores acumulan más de la mitad de todos los empleados en ERTE tras la pandemia.