Ferrol.- Más de 3.000 personas, convocadas por el colectivo Rumbo 21, se movilizaron hoy en Ferrol para exigir el fin del veto a Astano impuesto por la Unión Europea a la construcción naval civil.
Los manifestantes pidieron al presidente Zapatero que "no eluda su responsabilidad" y negocie que se suprima la prohibición ante la Comisión de la Competencia durante el semestre español de la presidencia europea.
El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, encabezó la marcha, arropado por los responsables de la CIG como Suso Seixo, el ex diputado nacionalista Francisco Rodríguez o el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera.
Vázquez recordó al presidente del Gobierno español su compromiso para suprimir el veto especialmente en momentos de crisis donde es necesario generar nuevos empleos", "Zapatero no puede eludir su compromiso" manifestó, "el veto es político, injusto y discriminatorio".
A la marcha se sumaron, además, alcaldes de la comarca como el de de Mugardos y San Sadurniño, del BNG, y el socialista Iván Puentes, regidor de Fene, junto con el líder de Independientes por Ferrol, Juan Fernández. El municipio de Narón, entre otros en la comarca, también aprobó una declaración de apoyo a la protesta.
La manifestación arrancó a mediodía en el puerto de Curuxeiras, cruzó la cuesta de Mella y discurrió por las calles San Diego y Real hasta la plaza de Armas.
Allí, el escritor Manuel Rivas dio lectura al manifiesto final de Rumbo 21, que nació hace unos meses en la ciudad con el propósito de reunir firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento gallego para exigir el fin de la prohibición europea que pesa sobre Astano para la construcción de buques civiles.
En pocos meses, reunieron más de 18.000 rúbricas en respaldo a su propuesta. Rumbo 21 afirma que su carácter "es temporal" y que se disolverán una vez consigan su propósito "una causa justa y clara" que pasa por "levantar el veto".
Miembros del colectivo criticaron la ausencia de los responsables del PSOE e Izquierda Unida en Ferrol, así como la de los sindicatos UGT, CCOO y USTG, que criticaron que tras la protesta se esconden intereses electoralistas.
La restricción sobre el astillero para la construcción naval civil se impuso en 1984 y fue una de la condiciones de la entrada de España en la Unión Euroepa.
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