"Hacienda se va a encontrar con una sorpresa muy desagradable cuando llegue el pago trimestral del IVA: muchas empresas no van a tener caja para ingresar ni un solo euro". Despachos y consultoras han redoblado la presión sobre el Ministerio de Hacienda en los últimos días para que se avenga a decretar un aplazamiento generalizado del pago de impuestos en tanto se prolongue el actual estado de alarma, que ha dejado sin actividad a cientos de miles de empresas, de las cuales solo las que tienen una facturación inferior a seis millones de euros están habilitadas por la normativa de emergencia aprobada por el Gobierno para aplazar automáticamente sus pagos al erario público.
Al resto de las que atraviesen problemas de tesorería les queda el recurso de la solicitud ordinaria de aplazamiento, complicada de forma singular en el actual contexto por la dificultad de chequear presencialmente con los asesores fiscales la documentación a presentar para que la Administración tome en consideración dicho aplazamiento, por las medidas de restricción a la movilidad implantadas en España desde el pasado 14 de marzo. Una problemática que no alcanza solo a los aplazamientos sino a la misma presentación de la declaración trimestral, que debe incluir el histórico de facturación del trimestre, para el que miles de empresas españolas no disponen todavía de soportes informáticos.
Las peticiones reiteradas hasta en tres ocasiones al Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria por parte de las organizaciones de asesores fiscales para atender a esta realidad y conceder un aplazamiento generalizado han caído hasta ahora en saco roto. En el Ministerio que dirige María Jesús Montero la consigna a día de hoy continúa siendo que "paguen todos los que puedan hacerlo" bajo el argumento de que la Administración del Estado también necesita caja para poder sufragar las medidas de apoyo a los trabajadores y al propio tejido empresarial que se han adoptado en los últimos días.
La presión política por parte de las fuerzas de la oposición de centro derecha para que el Gobierno aplace las obligaciones fiscales de los españoles -particulares y empresas- ha dejado paso a una oleada de decisiones políticas por parte de los Gobiernos autonómicos, que han decidido aplazar en masa las obligaciones fiscales de sus contribuyentes en relación a sus impuestos propios y cedidos, añadiendo más presión a la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Tres meses de 'gracia' para cumplir
Hasta nueve comunidades autónomas han adoptada ya medidas que permiten, en algunos casos, dilatar hasta en tres meses el cumplimiento de las obligaciones fiscales en los impuestos sobre los que tienen la competencia recaudatoria. Es el caso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, que ha decidido ampliar en tres meses los plazos previstos para la autoliquidación y el pago de los impuestos de Sucesiones y Donaciones (ISD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), cuya liquidación estaba prevista antes del próximo 20 de mayo.
La Comunidad de Madrid ha decretado también una moratoria de un mes -ampliable- sobre todas las obligaciones fiscales en materia de impuestos cedidos e impuestos propios de los contribuyentes madrileños, lo que alcanza en principio a ISD, ITP, AJD y tributos sobre el juego, por la vía de declarar inhábiles a efectos tributarios los días durante los que se prolongue la declaración de estado de alarma. Otra comunidad autónoma gobernada por el PP, Castilla y León, ha optado también por fijar una moratoria de un mes sobre los principales impuestos cuya recaudación está cedida al Estado: ISD, ITP y AJD.
En Canarias, por ejemplo, además de las moratorias establecidas para la presentación de liquidaciones por los impuestos cedidos, como en el resto de comunidades autónomas, se ha decidido también aplazar al 1 de junio la presentación de la declaración trimestral del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), lo que viene a ser el IVA canario. Incluso comunidades autónomas gobernadas por ejecutivos socialistas, como Aragón, y con respaldo del PSOE, como en el caso de Cantabria, han decidido adoptar medidas de gracia para aliviar a sus contribuyentes el difícil trago que están pasando por el coronavirus.
La Generalitat de Cataluña también se ha sumado en última instancia a la ola de medidas de gracia en el ámbito fiscal para aliviar el impacto económico del coronavirus sobre sus contribuyentes. Ha decretado una moratoria para todos sus impuestos propios y cedidos y ha retrasado el pago por parte de un segmento de contribuyentes especialmente afectados -hoteles y establecimientos turísticos- de las liquidaciones por el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, que son éstos los que tienen que ingresar en las arcas autonómicas.
Las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra, con más competencias, han ido un paso más allá y han suspendido de forma general hasta el próximo 1 de junio el inicio de todos los procedimientos tributarios, además de suspender la obligación para los contribuyentes de IRPF con actividades económicas de ingresar las autoliquidaciones correspondientes a los dos primeros trimestres del ejercicio de 2020, ya 'contaminados' por el coronavirus.
"Se van a quedar solos"
Los gestores administrativos salieron de nuevo a la palestra la semana pasada para exigir a la Agencia Tributaria lo que ya han decretado muchos ayuntamientos y más de la mitad de las comunidades autónomas: la suspensión hasta mayo o junio de todos los procedimientos tributarios. "El Gobierno aboca a incumplir a pequeñas y medianas empresas y autónomos sus obligaciones fiscales. Se van a quedar solos".
Desde el ámbito de Hacienda se recuerda que el Gobierno permitió desde el minuto uno a pymes y autónomos aplazar el pago de las retenciones de IRPF, las cuotas repercutidas de IVA y los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, unos conceptos que hasta ahora tenían la condición de inaplazables en la Ley General Tributaria, y sin coste alguno durante los tres primeros meses de aplicación.
También se recuerda que las comunidades autónomas han recibido ya anticipadamente 1.434 millones de euros de las entregas a cuenta actualizadas de los fondos correspondientes a la financiación autonómica, que no hubieran recibido en condiciones normales. Hay que recordar que lo que los gobiernos regionales están aplazando es el cobro de los impuestos propios y cedidos que en su conjunto apenas suponen el 10% de la recaudación total de las CCAA, en tanto que lo que se pide a Hacienda es que aplace el cobro de IVA e IRPF: la principal fuente de ingresos no sólo del Estado sino también de las CCAA.
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